Las 'tarjetas monederos' han provocado el enésimo conflicto entre la Junta de Andalucía y el Gobierno de España. El Ejecutivo andaluz ha alertado en los últimos días que esta medida puede dejar fuera a 280.000 familias andaluzas vulnerables. La denuncia de la Consejería de Inclusión Social señalaba que no se había hecho caso a las comunidades autónomas y que las ayudas van dirigidas "solo a las familias vulnerables que tengan hijos menores a su cargo".
Estas palabras no han pasado desapercibido para el Gobierno de España. El subdelegado en Sevilla, Francisco Toscano, ha respondido a las acusaciones de la Junta asegurando que no se van a quedar fuera del reparto de alimentos 45.000 sevillanos, como ha calculado la Consejería que dirige Loles López. El Gobierno Central estima que este programa beneficiará a unas 70.000 familias sevillanas con hijos a cargo y en situaciones de vulnerabilidad extrema.
"Solo trata de dar una respuesta más específica a las necesidades de las familias más vulnerables, con hijos a cargo, pero que no excluye a nadie, pues no irá en detrimento del trabajo que ya realizan los Bancos de Alimentos con el resto de las personas beneficiarias. La 'tarjeta monedero' será un refuerzo extra para luchar contra la pobreza infantil", subraya Toscano sobre la medida.
Desde la subdelegación de Sevilla recuerdan que las comunidades autónomas, incluida la andaluza, acordaron en 2021 este cambio de modelo por unanimidad, en la Conferencia Sectorial, y que la decisión tomada en Consejo de Ministros la semana pasada supone darles tiempo y recursos para que se organicen para asumir la gestión. De hecho, el programa va a ser financiado con el tramo estatal del Fondo Social Europeo Plus, lo que permitirá a las comunidades emplear el tramo autonómico para atender otras necesidades y colectivos.
Así las cosas, Francisco Toscano anima a la administración autonómica a reforzar los programas de ayuda alimentaria a través del tramo económico autonómico que ha quedado libre, ya que durante el año 2024 esta iniciativa se financiará de forma íntegra por el Gobierno Central.
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