El concepto de la desobediencia civil, desarrollado célebremente por H. D. Thoreau en los Estados Unidos del siglo XIX, tiene curiosas aplicaciones en nuestros días. Así, la Fundación Nacional Francisco Franco, que debe de coincidir también con el axioma libertario de que el mejor gobierno es el que tiene que gobernar menos. El pasado mes de noviembre, dicha entidad enviaba una carta a 335 alcaldes de toda España animándoles a incumplir la vigente Ley de Memoria Histórica —auspiciada bajo el Gobierno de Rodríguez Zapatero—, que exige a las administraciones públicas retirar los símbolos urbanos e institucionales que hagan referencia (entendida como apología) de la dictadura franquista. La fundación ponía a disposición de los ayuntamientos “un equipo de abogados” para evitar su aplicación, “con la garantía de que triunfará el derecho sobre la barbarie, la historia sobre su borrado, la civilización sobre el odio iconoclasta”. A los miembros de la fundación Francisco Franco les preocupa “el daño que pueda provocar en la democracia el falseamiento de la historia”.
El grupo parlamentario Unidos Podemos consiguió sacar adelante el 15 de febrero una proposición no de ley (PNL), presentada por En Marea, con el fin de que el Protectorado de Fundaciones abra una investigación a dicha fundación por sus actividades “presuntamente ilícitas”, esto es, por incitar al incumplimiento de la ley. “Ninguna fundación”, dice el texto de Podemos, “puede dedicarse a promover el incumplimiento de la legalidad vigente impunemente”. El Protectorado de Fundaciones, explican, “está legitimado para impugnar los actos y acuerdos que sean contrarios a los preceptos legales o estatutarios”. “Si el Protectorado advirtiera una desviación grave entre los fines fundacionales y la actividad realizada, requerirá [de la entidad] la adopción de las medidas que estime pertinentes”, y si esto no fuese atendido “podrá solicitar de la autoridad judicial que acuerde la intervención temporal de la fundación”. “Si encontrase indicios racionales de ilicitud penal en la actividad de una fundación”, añaden, trasladaría la documentación “al Ministerio Fiscal o al órgano jurisdiccional competente”.
A los miembros de la fundación Francisco Franco les preocupa “el daño que pueda provocar en la democracia el falseamiento de la historia”
Uno de los ponentes del texto, Antonio Gómez-Reino, defendió la propuesta recordando que las fundaciones “deben perseguir fines de interés general, entre otros la defensa de los derechos humanos”. “La existencia de esta fundación”, dijo, “es una auténtica anomalía democrática”. “¿Se puede imaginar alguien una fundación Benito Mussolini en Italia; una Adolf Hitler en Alemania? No, porque la simple idea atenta contra la sensibilidad democrática de todos. Las sociedades europeas se construyeron precisamente huyendo del fascismo. ¿Qué sentido tiene la existencia de una fundación que atenta precisamente contra los valores de la democracia? ¿Cómo es posible que reciba dinero público para promover ideas contrarias a los derechos y las libertades?”
El PSOE apoyó la medida por entender que atenta frontalmente con la legalidad vigente, y que la fundación debe dar cuenta a la fiscalía en caso de que sean “constitutivas de delito”. El Partido Nacionalista Vasco, por su parte, entiende que la carta de marras “vulnera claramente el espíritu y la letra” tanto de la Ley de Memoria Histórica como la referente a fundaciones, y que el Gobierno “no está siendo lo diligente que es en otros muchos casos, a nuestro juicio con mucho menor motivo”.
Podemos consiguió que se aprobara el documento —20 votos a favor, 14 en contra, 3 abstenciones— con el apoyo de todos los grupos menos PP y Ciudadanos. Los motivos de estos últimos para abstenerse fueron algo difusos. Su portavoz en la comisión de Interior, Saúl Ramírez, dijo, desviándose de la cuestión de la carta, que su grupo “desde luego no comparte” el fondo ni la forma de la fundación, pero tampoco “esta inquina, este rencor” que se esgrime en la proposición de Podemos. “Si lo que quieren es acabar con la fundación, que lo traigan en otra PNL y veamos si es de interés general o no”.
Beatriz Escudero, del PP, fue por su parte más directa —más hábil también—: su grupo no iba a “entrar a valorar el fondo del asunto”, tampoco la superficie, “porque no considera que esta comisión tenga que decidir sobre algo que compete a la de Educación, Cultura y Deporte”, que es a la que pertenece el Protectorado de Fundaciones”. “Ésta es la de Interior, así que no es competente” para dirimir el debate. Escudero sí especificó, sin embargo, que el Protectorado de Fundaciones ya ha pedido “información” a la fundación Francisco Franco, por lo que podría abrir un procedimiento motu proprio a la entidad, cuya labor es, según se lee en su propia página web, “benéfico-docente y cultural”.