“No hay más que una regla: cazar o ser cazado”.
Frank Underwood. ‘House of cards’ (temporada 2).
En la insólita y bochornosa imagen aparecen los tres exalcaldes que ha tenido Jerez durante más de 35 años de democracia desfilando por los pasillos de la Audiencia Provincial de Cádiz. Coinciden en un juicio por presunta corrupción urbanística. Uno es el acusado, Pedro Pacheco, y las otras dos, Pilar Sánchez y María José García-Pelayo, acuden como testigos. No se cruzan miradas, hacen como si los otros no existieran, solo se oye murmurar al odio mientras el aire se corta con cuchillo jamonero. Pero esto sería comenzar por el luctuoso final de una historia que requiere de mucho contexto para llegar a entenderse.
Todo empezó una madrugada. Cuando suceden algunas de las peores y mejores cosas de la vida. Era un 14 de junio de 2003. Todo estaba atado y bien atado por PSOE (ganador de esas municipales) y PP (tercera fuerza) para desalojar al fin al omnipotente Pedro Pacheco. Habían sido 24 años empuñando el bastón de mando de la Alcaldía de la quinta ciudad andaluza en población y su ocaso ya era imparable. Solo la bien cosida red clientelar tejida durante más de dos décadas –unida a muchos aciertos de gestión- daba aún opciones al histórico líder andalucista de conservar la plaza capital de la provincia de Cádiz. Una última llamada confirmaba que los dirigentes populares Javier Arenas y Antonio Sanz acababan de sacar del horno un pacto de gobierno recién muñido que llevaba a la Alcaldía a María José García-Pelayo, la eterna promesa del PP nacional y alumna aventajada de Arias Cañete y Arenas. Su compañero de viaje no sería finalmente el socialismo encarnado en la candidata Pilar Sánchez, como todo el mundo esperaba.
Su pareja de baile sería Pacheco, don Pedro, el ‘cabeza’, al que todos querían borrar del mapa político pero al que al final volvían a recurrir. Su pareja era ese curtido político al que un dirigente socialista gaditano rebautizó como “el inmatable”. Un día después del jarro de agua fría, Sánchez declaraba en la prensa: “Pacheco era un cadáver político y el PP le ha devuelto a la vida”. Y ahí, justo en ese preciso momento, quedó inaugurada la temporada de caza en la que han participado los tres. Utilizando a la Justicia para eliminarse mutuamente y dejando por los suelos la imagen de la ciudad a la que supuestamente tanto querían.
“Pacheco era un cadáver político y el PP le ha devuelto a la vida”, dijo Pilar Sánchez dos días después del plante de Pelayo en 2003
Es necesario retrotraerse mínimamente a esta traición política clave en el devenir posterior de la capital del sherry para entender también la espiral en la que entró este trío envenenado por el odio que ha acabado con dos de sus protagonistas dando con sus huesos en prisión y con una tercera en discordia que declarará como investigada –la figura antes conocida como imputada–. En su caso, por una causa abierta por el Supremo en relación con un presunto amaño de contratos con la Gürtel por más de 300.000 euros. Si aquel pacto PP-Pacheco no llegó lejos, pues Pelayo lo rompió en diciembre de 2004 –contraviniendo a su partido- harta de que le hiciera “la vida imposible”, el histórico alcalde que fue famoso en toda España por ordenar la demolición de un ático en Jerez de la exmujer de Bertín Osborne –pasaje en el que nació aquella frase de “la Justicia es un cachondeo”– no tardó en flirtear hasta llevarse a la cama a los socialistas.
Les entregó la Alcaldía en enero de 2005 y, de paso, también la presidencia de la Diputación de Cádiz, que pasó a estar presidida por el veterano miembro del clan de Alcalá de los Gazules –cuna del socialismo andaluz-, Francisco González Cabaña. Aquello duró hasta casi el final del mandato. Meses antes de las municipales de 2007 era Sánchez la que, ninguneada y sometida a continuas vejaciones políticas por su socio, cesaba a Pacheco y lo arrastraba hasta condenarlo políticamente en las urnas. Ella, era de esperar, barrió con mayoría absoluta en esa contienda electoral. Pero no se conformó con eso. Precalentada por ciertos consejeros, decidió que había que rebuscar en los cajones, bajo las alfombras, hasta poner al exalcalde ante la Justicia. Como fuera.
Y ahí aparecieron, según cuenta ella misma, unos pagos pendientes que debía hacer a dos asesores colocados por Pacheco durante el pacto de gobierno que mantuvieron meses antes. La denuncia ante la Fiscalía acabó convirtiéndose, siete años más tarde, en una sentencia del Tribunal Supremo que dictaba una ampliación de penas de cuatro a cinco años y medio de cárcel para el exalcalde. En octubre de 2015 éste ingresaba en Puerto III culpable de delitos de prevaricación administrativa, malversación de fondos públicos y falsificación de documentos oficiales al enchufar a dos ex compañeros de partido. Para exculparse, siempre dijo sentirse como el “robagallinas” de la corrupción en España. Pagaba probablemente con creces aquella salida de tono que tan mal sentó en la judicatura dos décadas antes. El problema es que aún tiene tres causas judiciales pendientes que, a sus 65 años, le dejan pocas opciones de disfrutar de una plácida jubilación.
De los alrededor de dos millares de empleados públicos del Ayuntamiento, la mayoría es personal laboral colocado a dedo por el eterno alcalde, capaz de contratar a diestro y siniestro, asumiendo peticiones a la carta de PP o PSOE para situar a algunos de los suyos bajo el cobijo municipal. Así fue durante dos décadas. En una entrevista concedida hace un par de años a El Mundo, el dirigente político admitía haber colocado a “unos 500, 600, 700. Mire usted yo no tengo ni idea, pero de lo que estoy orgulloso es que nunca me los echaron para atrás y a nadie se le pidió el carnet, ¿a que es bonito?”
Pacheco admitió haber colocado a "unos 500, 600, 700. Estoy orgulloso de que nunca me los echaron para atrás y a nadie se le pidió el carnet"
Pacheco cumple condena desde hace más de año y medio por haber enchufado a dos compañeros de partido que se embolsaron unos 200.000 euros de dinero público sin poder demostrar qué trabajos llegaron a realizar para el Ayuntamiento. En el juicio del ‘caso de los asesores’ uno de ellos llegó a declarar que despachaba los asuntos municipales en bares del centro de Jerez. Algunos en esta ciudad, con malevolencia, apuntan al ejemplo de Al Capone para encontrarle sentido al irónico final que aguardaba a Pacheco: “Cayó en lo más llano. No supo retirarse a tiempo”. El mafioso Scarface acabó viviendo a la sombra por un nimio delito de evasión fiscal tras años y años de estar perseguido por prácticas criminales que nadie pudo probar jamás. Quizás como el “inmatable”, tampoco entendió que debía quitarse de en medio a tiempo.
Sánchez tampoco había perdonado en todo este tiempo a Pelayo (PP) por aquella trágica ruptura in extremis del acuerdo de gobierno con el que iban a desbancar a Pacheco. La oportuna venganza político-judicial consistió en llevar en 2009 al Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM), que tenía la competencia del casi recién inaugurado caso Gürtel, un expediente de unos contratos que le olían mal. Eran de la etapa del pacto de la líder de los populares jerezanos con Pacheco y se referían a unas adjudicaciones a empresas de la trama de Francisco Correa con motivo del desembarco del Ayuntamiento jerezano en la feria de turismo Fitur 2004. Dos años más tarde de la denuncia, el difunto juez Pedreira archivaba la causa al centrarse principalmente en unos hechos sucedidos fuera de su jurisdicción.
El sobreseimiento coincidía con el rotundo éxito de García-Pelayo en las municipales de mayo de 2011. La otra protagonista del trío obligaba a Pilar Sánchez a desalojar su despacho en la Alcaldía merced a una arrolladora victoria por mayoría absoluta del PP jerezano en las urnas. Fue otro puntillazo para la regidora socialista. La euforia inicial de la popular se diluyó entre privatizaciones –vendió el agua a FCC por 80,1 millones de euros tras dos concursos que quedaron desiertos–, el primer ERE en la historia de un ayuntamiento democrático español, decisiones arbitrarias, y un sinfín de reveses, conflictos e incendios derivados de un Consistorio con mil millones de deuda en una ciudad con una tasa de paro del 40%, similar a la de la franja de Gaza.
Cuando el caso Gürtel reemprendió el vuelo de la mano del juez Ruz en la Audiencia Nacional, el amargo melón de la pieza separada ‘Ayuntamiento de Jerez’ se abrió por la mitad hasta indigestar Pelayo en marzo de 2014. Ya no quedaba ninguno indemne tras lo sucedido aquella madrugada que una década antes reescribió la historia política reciente de esta ciudad. La causa quedó reabierta y solo su condición de aforada (senadora desde 2011 y diputada ahora) le ha permitido espantar al fantasma. Su partido, podrido por los casos de corrupción, le arropa y blinda nombrándola en tres cargos diferentes en el Congreso apenas unos días después de ser llamada a declarar por su vinculación con las presuntas contrataciones irregulares con el entramado de Correa.
El PP, podrido por los casos de corrupción, le arropa y blinda nombrándola en tres cargos diferentes en el Congreso
La pieza jerezana o parte de la ramificación andaluza de la mayor trama de corrupción político-empresarial de la historia democrática de este país se debate en dos instancias judiciales. El juicio oral que ya ha abierto la Audiencia Nacional contra nueve personas –entre ellas Correa y Crespo- y la causa que asume el Supremo centrada en la investigación de la relación de la exalcaldesa del PP con la Gürtel. Una vinculación que la Justicia ya ha llegado a tildar de “patente” y “grosera”. Como dato nada casual, conviene recordar que las empresas de la red llegaron a Jerez, indirectamente, de la mano de Javier Arenas. O mejor dicho, directamente conducidas por su mano derecha y ex jefe de prensa, Isidro Cuberos. Un periodista sevillano que fue hallado muerto hace unos meses en el fondo de un barranco en la costa del Sol tras haber sufrido un accidente con su motocicleta. Unos días antes su familia había comunicado su desaparición.
Afín al PP –hasta su defunción fue miembro de este partido en el Consejo Audiovisual de Andalucía con un sueldo de 60.000 euros, equivalente al de un viceconsejero de la Junta-, era la persona clave de la Gürtel jerezana. El intermediario entre el Ayuntamiento y las empresas que ingresó más de 50.000 euros por su trabajo de ‘asesoramiento’ para potenciar la imagen de Jerez en Fitur. Cuberos, como se ha dicho, ya no podrá ser juzgado. Solo con estos mimbres, desde luego, ya habría para una trilogía de novela negra sueca. Pero súmenle a todo esto el contexto del desarrollismo urbanístico desenfrenado del boom inmobiliario (Pacheco fue delegado de Urbanismo durante los dos pactos entre 2003 y 2007); y las cuitas y guerras internas por controlar una plaza política tan codiciada como Jerez –Susana Díaz, por ejemplo, logró en esta ciudad más votos en las últimas autonómicas que en Granada y en otras cuatro capitales andaluzas más-.
¿Qué salió mal? No fue por venganza, no fue por eso, debió de ser por otra cosa, se machaca ahora pensando para sus adentros Pilar Sánchez. La mirada a veces se le pierde en el infinito. Ya empieza a adaptarse a la cárcel de mujeres de Alcalá de Guadaíra (Sevilla). En qué momento pasó de tener la sartén por el mango a verse achicharrada por el aceite hirviendo. ¿Se acuerdan más arriba de ese veterano socialista gaditano que renombró a Pacheco como “el inmatable”? Fue González Cabaña el que pronunció ese apodo, como fue él también quien se refirió a la guerra judicial abierta por Sánchez contra Pacheco con una frase lapidaria: “Estas cosas se saben cómo empiezan pero no cómo acaban”.
La empresa jamás llegó a implantarse en Jerez pero Sánchez paga hoy por aquella decisión que denunció el PSA de Pacheco
Cabaña, como Frank Underwood, probablemente lo sepa todo sobre el odio en política. Por ello no dudó en preconizar que aquel trío acabaría mal, muy mal o, incluso, rematadamente mal. Su antigua compañera de partido, hacia la que dirigió aquella advertencia rotunda, cumple hoy una condena de cuatro años y medio por irregularidades en la concesión de una subvención a una empresa. Dicta la Justicia que la exalcaldesa socialista favoreció a un empresario amigo con la rebaja del precio de suelo público del Parque Científico Tecnológico Agroindustrial (PCTA) en el que quería instalarse. “Decir ‘trata con cariño a esta empresa’ no puede costarte la cárcel”, se lamenta ahora Sánchez.
La empresa jamás llegó a implantarse en Jerez pero ella paga hoy por aquella decisión del pasado que fue puesta en conocimiento de la Fiscalía Anticorrupción por el PSA de Pedro Pacheco. Antes de eso, el propio exalcalde se querelló contra ella por más de veinte enchufes como ‘vendetta’ a su denuncia por dos contrataciones ilegales, mientras que Pelayo hizo lo propio en el verano de 2011 por un supuesto desvío de ayudas finalistas para el pago de nóminas y gasto corriente municipal. En ambos casos salió absuelta. Pero ya era demasiado tarde. Todos quisieron eliminarse políticamente y cobrarse deudas personales saliendo de cacería judicial. No calcularon que, en estos casos, el cazador antes o después terminaría siendo cazado. Ya lo advirtió Cabaña. Aquella madrugada acabó sin amanecer.
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