La cárcel es ese “mundo aparte” con el que lidian profesionales en diferentes secciones y que cada día cruzan la alambrada que delimita el Centro Penitenciario Puerto III, en el término municipal de El Puerto. Detrás de la valla de la prisión con mayor población reclusa de España –1.200 internos– todo parece tranquilo, pero en 2023, fue el centro con mayor número de agresiones a funcionarios de toda España. Según datos de la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias, se contabilizaron 508 ataques en todo el país, uno cada 17 horas. Fue el año más violento de la última década y la tendencia es ascendente. Puerto III, además, ha saltado a los medios de comunicación recientemente por una presunta trama de corrupción interna que apunta a algunos dirigentes y funcionarios desde hace algunos años a la actualidad.
“En cuatro años se han triplicado, pese a que el número de presos ha bajado, en 2020 no llegaban a 200”, comenta Carlos V.M, de 51 años, funcionario del departamento de identificación del Cuerpo de ayudantes de instituciones penitenciarias. El también delegado sindical de CSIF aporta que de esas 508, 30 se produjeron en su lugar de trabajo.
Frente a la imponente prisión, comenta que la mayoría de las agresiones son realizadas por hombres. En Puerto III se encuentran menos de 100 internas, de las 1.200 personas totales, y, según explica, “suelen agredirse entre ellas, pero en muy contadas ocasiones a funcionarios”. Carlos añade que ellas no preparan objetos punzantes caseros como sí observa en los presos.
A su lado, José Manuel A.C., de 54 años, acaba de salir de su turno en esta cárcel en la que entró en 2007, cuando se inauguró. “Las agresiones que se contabilizan no son todas las que son, las verbales no cuentan”, comenta a lavozdelsur.es este funcionario que se dedica a la vigilancia y el control de los presos. Él, miembro del comité de seguridad y salud laboral, también afiliado a CSIF, desempeña su función en los módulos, en contacto directo con ellos.
Amenazas como “voy a matar a tu familia”, o insultos de todo tipo son “el pan nuestro de cada día”. Los ataques verbales son continuos, pero ni están registradas ni están incluidas en el Protocolo Específico de Actuación frente a las Agresiones en Centros Penitenciarios y Centros de Inserción Social (PEAFA).
Los funcionarios sujetan en sus manos este documento que el Gobierno no elaboró hasta 2017, pese a que dos años antes ya había lanzando un primer protocolo para las agresiones a todos los empleados públicos, en el que “estábamos excluidos”. En sus páginas, el PEAFA contempla una definición de agresión que desde CSIF consideran “ambigua y con muchas lagunas”.
El texto versa lo siguiente: “Cualquier conducta violenta ejercida por un interno que produce una lesión corporal o daño para la salud al empleado público penitenciario durante o como consecuencia del ejercicio legítimo de las funciones de su puesto de trabajo. Dicho daño para la salud del trabajador debe ser objetivo y constatable”. En sus líneas deja fuera las amenazas y las humillaciones a las que personas como Jose Manuel y Carlos están expuestas. Por ello, proponen cambiarlo, aunque la Administración “no está por la labor”.
Las constantes agresiones merman en el estado de los funcionarios, que ponen sobre la mesa la “acuciante falta de personal”. Para cada módulo, con unos 120 internos, hay un trabajador, y para los más conflictivos, dos. Transmiten que “es una realidad” y que a esta se suma que no existe una bolsa como la del SAS para cubrir bajas. Además, señalan que el déficit de personal va a subir porque la media de edad supera los 50 años. “A los funcionarios que llevan un tiempo cotizado y cumplen 57 años, la Administración les da la opción de pasar a otra actividad que no esté en contacto con internos. Ellos se van, pero esas plazas no se reponen”, explica Carlos.
Trabajar expuestos a agresiones les lleva a vivir situaciones indeseadas que gestionan como pueden. “Te haces el cuerpo, pero no te agrada. No hay temor, porque nos consideramos profesionales, pero sí hay respeto”, expresan.
En la prisión, sus ojos han visto todo tipo de situaciones. Historias para no dormir que darían para un libro. Tras años de experiencia, Jose Manuel reflexiona que “la sociedad es independiente a la cárcel, los valores de cualquier persona no tienen nada que ver con lo que se ve aquí”. Muestra preocupación al compartir ejemplos. “Aquí, por un yogur, te meten una puñalada, y hay agresiones por un pájaro, por un paquete de tabaco, por las partidas de parchís, todo se magnifica”, dice.
Además, no solo se dan agresiones físicas. Ellas sufren agresiones sexuales por parte de internos. “Las funcionarias están muy desamparadas con respecto a las mujeres en la sociedad. Aquí, si se puede, se tapa, cuando en la calle es gravísimo y se denuncia”, comenta recordando cuando un recluso se masturbó delante de una compañera.
Los delegados sindicales hablan de la existencia de “una política buenista por parte de la Administración Penitenciaria”. En su día a día observan como cuando hay incidentes, “si pueden lo tapan o lo minimizan”. También notan que hay una tendencia a que los aislamientos en módulos para los agresores sean los menos posibles.
¿Cómo reducir las agresiones?
La meta final es reducir las agresiones, por ello, lanzan una serie de propuestas para, al menos, mejorar su situación. Se sienten indefensos en una cárcel “masificada” en la que luchan por bajar el número de plazas a 1.000.
También piden ser reconocidos con la condición de agente de autoridad, una reivindicación histórica del sector que, este martes 18 se votará de nuevo. Entre las razones, destacan poder usar medios coercitivos como las defensas de goma, los aerosoles de acción adecuada y las esposas. “Yo esta mañana he salido al patio y llevo un carné, un bolígrafo y un walkie. Para usarlos hay que pedir autorización al jefe del servicio, informar al juzgado de vigilancia, enviar una documentación al Ministerio. No como un policía, que puede usarlos en cualquier momento”, sostienen.
De esta forma, se sentirían más seguros en este contexto. Además, sin esta condición de agente de autoridad, la resolución de los juicios no son las adecuadas. “Cuando nos agrede físicamente un interno, hay un juicio, lo condenan a una indemnización a la víctima, pero la mayoría son insolventes. Con el principio de dignidad que lleva aparejada esta condición, el Estado es responsable civil subsidiario, tendría que abonarla, y conllevaría un aumento de su pena”, detalla Carlos.
En cuanto a las agresiones verbales, cuando las reciben, se limitan a emitir un parte que activa un régimen sancionador con conductas tipificadas como leves, graves o muy graves. “Dependiendo de lo que nos haya dicho, tendrán una sanción u otra, pero no deja de ser dos días sin salir al patio o una privación de paseo”, comentan.
De sus palabras se deduce que agredir sale barato en la prisión. Los internos son conscientes de estas normas y “aprovechan cualquier eslabón débil para actuar”. Ante esta situación, los funcionarios no se sienten protegidos. Al contrario, el 99% de la plantilla se ve obligada a recurrir a los sindicatos para poder contar con medios en caso de ser víctimas porque, según comparten, los que facilita la Administración son insuficientes.
“El PEAFA contempla la contratación para nuestra defensa, pero en la realidad no es así, nos dan un abogado del Estado, en la provincia habrá dos. Los sindicatos ofrecen asesoramiento jurídico, lo que tendría que ofrecer la Administración, lo suplimos nosotros pagando”, comentan.
La "acuciante" falta de personal influye
La solución para aminorar la violencia en esta prisión recae en la protección de los funcionarios, pero, ¿dónde queda la educación hacia los internos para que no manifiesten este tipo de actitudes? En Puerto III, como en otros centros penitenciarios de España, existen programas de tratamiento coordinados por equipos multidisciplinares. Sin embargo, los delegados de CSIF aseguran que “tenemos una población reclusa tan importante que la implementación de esos programas es muy complicada con tan poco personal”. En la actualidad, expresan que los psicólogos son pocos y que la figura del psiquiatra es inexistente. “Los internos tienen cada vez más problemas psiquiátricos y estamos hablando de un nivel sociocultural bajo, que también influye”, añaden.
La falta de personal en diferentes ámbitos se muestra como un factor más para el aumento de las agresiones. Entre reflexiones, Carlos y Jose Manuel ponen como ejemplo la situación que viven los tres sanitarios que trabajan en Puerto III. “Uno de los últimos ataques se ha dado por el déficit de médicos. Los internos reclaman asistencia y, como no se le puede dar en el momento, se alteran, y eso a veces acaba en agresión. Y algunos cogen una maquinilla de afeitar y se cortan para que los lleven de urgencias. Ese corte también podría ser para nosotros”, exponen.
Puñetazos, cabezazos, patadas, mordiscos… Una búsqueda de los casos concretos en esta cárcel revela en qué consisten estas agresiones físicas. Muchos funcionarios acaban en el hospital. A unos les rompen las gafas, a otros el tabique nasal y otros llegan a casa con lesiones, contusiones, heridas o esguinces. Pese a lo que se exponen, su profesión sigue sin estar reconocida como “de riesgo”. “Somos el pato feo del Ministerio”, lamentan los delegados. Mientras tanto, ellos seguirán manejando conductas conflictivas y moderando situaciones tensas.
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