El único carril sin asfaltar que sirve de entrada y salida a Viña Clemente está oculto en un enjambre de avenidas y rotondas, formado por grandes naves industriales, negocios de considerable superficie, un centro comercial y hasta gasolineras.
Quizás sea una metáfora física del espacio que aparece tras ese estrecho camino, de las seis hectáreas, unos siete campos de fútbol, edificados porque sí, fraccionados en 121 parcelas, casi todas clónicas, con similar estructura rectangular, salvo algunas triangulares para aprovechar las esquinas.
Propietarios legales de hace décadas conviven desde hace apenas tres años con nuevos parcelistas que construyen sin permiso dice uno de los primeros vecinos al ver la cámara fotográfica, cuando se pregunta por la macrourbanización ilegal en área de El Zabal.
Los dos policías municipales que también indican la dirección con amabilidad, están a 20 metros, no han oído esa conversación, pero participan en el imaginario debate ciudadano.
"Si no vais a preguntarle directamente a nadie ni sacáis fotos de las matrículas, no vais a tener problemas. Nadie os va a apedrear ni nada de eso. Esto no es una zona de narcos, ni nadie os va a pegar".
El compañero uniformado intercede haciendo gala del orgullo local, que cantaba Radio Futura: "Bueno, habrá una o dos parcelas, de cada diez, que puedan ser guarderías de hachís pero, vamos, como pasa en Conil, en Vejer, El Puerto, Sanlúcar o Chiclana. Nada nuevo. Aquí se ha metido gente normal y corriente".
Casi todos los cubículos tienen los mismos 500 metros cuadrados y los mismos muros de tres metros de cemento sin pintar. Un enjambre de aspecto lúgubre en el que más de cien personas, parejas o familias han encontrado oportuno comprar sin garantías y construir sin control ni papeles.
El lugar no tiene aparente atractivo, no está pegado a una costa idílica de Cádizfornia ni puede tener un mínimo uso agrícola, hortofrutícola, como sucede en otros enclaves de vivienda ilegal en la provincia gaditana. Es la mayor diferencia.
Sin playa espectacular cerca, con el Peñón de Gibraltar al fondo, sin más paisaje que una falda de Sierra Carbonera. Llama la atención que la zona residencial clandestina limite, directamente, con el hospital de La Línea por un flanco y con un centro comercial, un supermercado Carrefour, por el otro.
Esas serían las vistas, más las naves industriales del polígono circundante y alguna chimenea lejana, si las hubiera. Pero no las hay. La clandestinidad hace que las parcelas sean invisibles desde fuera. También es imposible ver cualquier alrededor desde dentro.
La Junta de Andalucía, a través de su servicio de la inspección urbanística de la Consejería de Fomento, Articulación del Territorio y Vivienda llegó hace una semana con la Guardia Civil, la Policía Nacional y los locales.
Un cartel indica, con una flecha y caligrafía infantil, la dirección del lugar donde se celebra "la comunión de Andrea". Rastro de que hasta hace unos días estas pequeñas fincas adosadas han registrado algo parecido a la vida familiar común y corriente.
Quedan pocos vecinos y tienen menos ganas de hablar. "Por qué no vais a preguntarles a los que vendieron, esos sí que son unos sinvergüenzas", dice un vecino casi irreconocible tras una de las puertas metálicas.
Todas las vallas, como todas las paredes, son exactamente iguales en forma, tamaño y color. Por la mínima apertura –ni media cara se le ve– el afectado defiende que muchos de los afectados, compradores, han sido engañados. La Guardia Civil confirma que algo de eso puede haber, pero Fiscalía y juez decidirán el papel de cada parte.
Al día siguiente de la plaga de precintos, este 21 de junio, fueron detenidas ocho personas. Entre ellas, un antiguo empleado del Registro de la Propiedad y un notario ya jubilado. La nota oficial les considera responsables de "la trama" de parcelación y venta de un suelo rústico en el que ni siquiera se puede construir.
A esos detenidos se les imputan supuestos delitos de organización criminal, blanqueo de capitales, estafa, falsificación de documento, usurpación y prevaricación.
Otras 99 personas están bajo investigación, administrativa, por urbanización, construcción o edificación en suelos de dominio público. En idioma callejero, han construido donde no se puede, donde les ha dado la gana.
No son los primeros ni los últimos en una provincia infestada de vivienda ilegal desde el Guadalquivir hasta el Guadiaro pero resulta sorprendente la rapidez de la parcelación, la concentración, la alineación de este conjunto concreto.
El alcalde linense, Juan Franco, recuerda que la actuación partió de un expediente municipal cuando se descubrió que crecía una urbanización sin control. "Ha sido una actuación de la Junta de Andalucía, apoyando las inspecciones y sanciones de Policía Local, Guardia Civil o Policía Nacional".
"Espero que acabe en demolición", afirma, en referencia a episodios similares vividos este mismo año en parajes como El Palmar (Vejer). "Es gente normal que se ha metido ahí sin que nadie se lo explique. Sin licencia, sin alcantarillado, sin electricidad... es un disparate, todo es un disparate".
"Es gente normal que se ha metido ahí sin que nadie se lo explique. Sin licencia, sin alcantarillado, sin electricidad, todo es un disparate"
El regidor, también con responsabilidades en la Diputación y en la Mancomunidad de Municipios campogibraltareña, muestra su extrañeza ante la situación: "No sé qué puede llevar a una familia a comprar ese terreno cuando sabe que no se puede. Pero son gente normal. Es una situación que se da en toda la provincia, tampoco hay que sacarlo de contexto ni exagerar. Simplemente no entiendo por qué hacen algo así".
La denuncia que activa el expediente municipal y toda la intervención posterior parte, de hecho, de propietarios del suelo rústico (algunos carteles advierten de la presencia de reses o caballos) del entorno, anteriores a la aparición residencial, porque alguien vendía suelo en la zona en su nombre, con documentación presuntamente falsa, para construir "chalecitos".
A partir de ahí, hace sólo dos años, empezaron a crecer esos muros de hormigón, todos idénticos, con esas mismas puertas de garaje y decenas de carteles de alarmas. Las empresas de instalación no parecen preguntar por las condiciones de legalidad de las viviendas en las que actúan.
En verano de 2024, sólo una cuarta parte de las parcelas aparecen construidas. Pequeños o medianos chalés, en algunos casos con estructuras efímeras, desmontables, otros en forma de pequeñas casas de campo.
Las puertas abiertas y las fotos aéreas dejan ver algunos espacios preparados como segunda residencia, cubiertos de césped, pero son muy pocos. Otros cuentan con pequeños cobertizos con barbacoas, piscinas construidas o desmontables, colchonetas para saltar.
La inmensa mayoría de las parcelas, más de 70, apenas son solares en los que hay rastros de construcciones iniciadas, planificadas, en marcha. Las actuaciones de la inspección de la Junta de Andalucía y los cuerpos de seguridad han descubierto otros indicios de ocupación claros.
Hay enganches ilegales de luz, sin autorización y se han realizado limpiezas de árboles y vegetación sin el menor permiso. La Junta de Andalucía, a través de la Consejería de Fomento, Ordenación del Territorio y Vivienda guarda silencio cuando se le pregunta por derribos y demoliciones.
Un portavoz oficial, como mucho, se remite a la legalidad y a los precedentes. Es decir, en El Palmar o en Sanlúcar se han producido ante las sentencias firmes y las actitudes "recalcitrantes" de los propietarios ilegales. Aquí podría suceder lo mismo pero faltarían meses de proceso.
La administración autonómica detalla, como agravante, que esta zona residencial salvaje está ubicada a menos de un kilómetro del entorno de la frontera con Gibraltar y su aeropuerto, es decir, "casi es colindante con una zona de interés para la defensa nacional".
Como agravante de esta invasión acelerada, el suelo está a menos de un kilómetro de la frontera de Gibraltar, en zona "de interés para la defensa nacional"
La vida en esta colmena de cemento y hormigón, en cada celda con muebles de terraza y coloristas intenciones residenciales, ha quedado reducida a casi nada. Alguna voz humana, pocos perros y una decena de coches permanecen entre las 121 parcelas divididas en cuadrículas casi exactas.
Sus propietarios deberán declarar ante la Inspección de Ordenación del Territorio de la Junta y demostrar que han respetado el precinto de las fincas, que han detenido las obras. Caso de violar esta orden, la amenaza del derribo se acercará, como en Vejer, insisten desde la Consejería en Sevilla.
La Fiscalía de Medio Ambiente ya se ha hecho con el control del caso y la posibilidad de regularizar, como en otras zonas de la provincia, parece más lejana por el cúmulo de presuntas ilegalidades y la celeridad con la que ha crecido esta urbanización.
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