Hace 89 años se proclamaba en España el intento democratizador más importante que ha tenido nuestro país: la II República. La Constitución de 1931 trajo consigo la oleada de avances que estaba habiendo en Europa. Un régimen que fue la vanguardia de muchos adelantos que no se vieron en otros países hasta pasada la II Guerra Mundial o bien entrado el siglo XX: derechos sociales, instauración de un Tribunal de Garantías Constitucionales que vigilaba la no violación de los derechos fundamentales, el sufragio femenino o la inauguración de un nuevo tipo de Estado descentralizado, el Estado Integral.
Hoy quiero rendir mi particular homenaje a esto último, el Estado Integral. La II República decidió que España debía contar con una descentralización territorial del poder para poder, como su propio nombre indica, integrar a todos los territorios de España en un país en el que nos pudiéramos sentir orgullosos de nuestra diversidad.
El Estado Integral fue una novedad que no se había puesto en práctica efectiva hasta la fecha. Se le atribuye a Jiménez de Asúa, Presidente de la Comisión Constitucional del Congreso de los Diputados en el momento de redacción de la Constitución de 1931, la autoría de dicho término. Un concepto que, para algunos, era extraño y "anfibilógico", en palabras de Sánchez Agesta, que buscaba rehuir el término federal, debido al fracaso de la I República.
Lo que se pretendía con esta fórmula era dar autonomía a aquellas partes del territorio que demandaban mayores cuotas de autogobierno, para que se constituyeran en Regiones a través de la aprobación de un Estatuto. Una fórmula que no era suficiente para otorgar a nuestro Estado el carácter de federal, dado que no estaba constituido por Estados que previamente habían sido soberanos, no tenían todos los poderes (sólo Poder Ejecutivo y Poder Legislativo, no Poder Judicial) y su norma institucional básica no era una Constitución, sino un Estatuto que debía ser aprobado por el Parlamento estatal.
La decisión de descentralizar territorialmente el Estado también se hizo con el objetivo de fortalecer la democracia. Todos los intentos democratizadores en España han venido acompañados de una descentralización territorial: la I República, la II República y la Constitución de 1978. Con ello se quiere acercar el poder y la toma de decisiones al ciudadano, para, entre otras cuestiones, poder exigir rendición de cuentas de una manera más efectiva a nuestros representantes.
De esta manera se inauguraba una nueva forma de Estado: el Estado Regional. Una forma intermedia entre el Estado central y el Estado federal que rápidamente fue estudiada por muchos juristas de la época, principalmente los italianos. Uno de los primeros en hacerlo fue Ambrosini, que en 1933 publicaba el artículo “Un tipo intermedio di Stato fra l'unitario e il federale caratterizzato dall'autonomia regionale e federalismo” en la Rivista di Diritto Pubblico. Este autor, miembro de la Democracia Cristiana italiana, fue el Presidente de la subcomisión encargada de la cuestión territorial durante el proceso constituyente italiano. No es de extrañar que el Estado Regional italiano que estableció la Constitución de 1948 tuviera como principal referencia el Estado Integral de la II República.
Pero es que luego nuestro Estado Autonómico se ha fijado en lo que se hizo en la II República. Para explicarlo basta con un ejemplo: el artículo 143.1 de la Constitución de 1978 establece que “en el ejercicio del derecho a la autonomía reconocido en el artículo 2 de la Constitución, las provincias limítrofes con características históricas, culturales y económicas comunes, los territorios insulares y las provincias con entidad regional histórica podrán acceder a su autogobierno y constituirse en Comunidades Autónomas con arreglo a lo previsto en este Título y en los respectivos Estatutos”; mientras que el artículo 11, párrafo primero, de la Constitución de 1931 establecía que “si una o varias provincias limítrofes, con características, culturales y económicas comunes, acordaran organizarse en región autónoma (…) presentarán su Estatuto con arreglo a lo establecido en el art. 12”. El tenor literal de ambos textos es prácticamente el mismo.
Es necesario reivindicar los logros que hemos tenido como país para aprender de ellos. Uno, sin duda, fue la II República. Hoy es un día para homenajear a todas las personas que lucharon –y luchan— por la democracia en nuestro país. Probablemente hoy veríamos muchos titulares con el título de este artículo de no haber sido porque en 1939 acabaron de enterrar a nuestra democracia después de un golpe de Estado tras más de tres años de dura Guerra Civil. Mientras tanto, en España aún no hemos sido capaces de valorar a aquellas y aquellos que dieron su vida por un régimen que, de no haber sido por un levantamiento militar, quizás podríamos seguir disfrutando. Por el momento, aún no hemos logrado conseguir uno de los avances democráticos más significativos que tuvo la II República: que la Jefatura de Estado no fuera hereditaria, sino elegida democráticamente. Todavía hoy seguimos en esa trinchera.
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