En las últimas semanas, nos hemos habituado a que el vicepresidente de la Junta de Castilla y León y procurador en las Cortes de esta Comunidad Autónoma por la provincia de Burgos, Juan García Gallardo, protagonice espacios en los telediarios donde la noticia son sus exabruptos e insultos en la sede parlamentaria castellanoleonesa.
No es la primera vez que esto sucede en un Parlamento, pero la diferencia es que lo que antes eran episodios extraordinarios, ahora se ha convertido en la tónica diaria de las sesiones plenarias de las Cortes de Castilla y León. Y, lo que es más grave aún, el órgano encargado de evitar esta situación, de dirigir los debates y mantener el orden de estos, el Presidente de las Cortes, no hace nada para que no se repitan estas actuaciones.
El acuerdo de Gobierno entre el Partido Popular y Vox en esta Comunidad Autónoma permitió que este último partido accediera por primera vez a la máxima autoridad de un órgano, como es el Parlamento castellanoleonés. Sin embargo, la práctica de Carlos Pollán Fernández, Presidente de las Cortes de Castilla y León y diputado de VOX por la provincia de León, dista mucho de lo que se espera de una persona que es la máxima autoridad de un Parlamento y ha de mantener los principios de neutralidad e imparcialidad que van asociados al desempeño de esta responsabilidad.
Así lo demostró en el momento de la investidura del Presidente de la Junta de Castilla y León, después de las elecciones autonómicas de Castilla y León de febrero de este mismo año. El Reglamento de las Cortes de Castilla y León prevé un plazo máximo de quince días para que el Presidente de las Cortes proponga a un candidato y convoque la sesión en la que se discuta la investidura del Presidente de la Junta. Sin embargo, este plazo no se cumplió y, por primera vez en la historia de Castilla y León, se alargó una situación de bloqueo político y Gobierno en funciones durante varios meses por un motivo puramente partidista: la petición de VOX de ocupar más cargos de responsabilidad política en la Junta de Castilla y León de los que había pactado previamente con el PP.
La actitud del Presidente de las Cortes de Castilla y León ante la falta de formalidad y decoro de García Gallardo no está cumpliendo con la labor que ordena para este órgano el Reglamento de las Cortes. El artículo 13 de esta norma establece como deber de los procuradores “respetar el orden, la cortesía y la disciplina parlamentaria”. Debido a ello, el artículo 103 disciplina la posibilidad de que los procuradores sean llamados al orden por el Presidente del Parlamento en el caso de que “profieran palabras o vertieran conceptos ofensivos al decoro de las Cortes, de sus miembros, de las Instituciones Públicas o de cualquier otra persona o entidad” o “cuando con interrupciones o de cualquier otra forma alterasen el orden de las sesiones”. Conforme al artículo 104, si un procurador hubiere sido llamado al orden tres veces en una misma sesión, se le retirará la palabra y se le podrá imponer la sanción de expulsarle de la sesión que estuviera teniendo lugar.
Esto es lo que ha sucedido esta semana cuando García Gallardo acusó de “banda criminal” al PSOE o, semanas atrás, llamó “imbécil” al procurador de Ciudadanos Francisco Igea cuando estaba haciendo uso de su turno de palabra. Sin embargo, el Presidente de las Cortes en ningún caso ha llamado al orden al procurador y Vicepresidente de la Junta, convirtiéndose de esta forma en una costumbre parlamentaria. Pero la falta de neutralidad es tal que, lo que debería ser lógico que se aplicase para todos, cuando otros procuradores han vertido insultos o se han extralimitado en el tono de sus palabras, en este caso el Vicepresidente de las Cortes –del PP– sí que los ha llamado a la cuestión o al orden, pero cuando quien hacía uso de la palabra era un procurador de la oposición.
Estas prácticas de las máximas autoridades de las Cortes amenazan el parlamentarismo. En el Parlamento existe una costumbre no escrita de que quien actualmente es mayoría y ocupa los puestos de máxima responsabilidad en la Cámara trate de la forma en la que espera que pueda ser tratado cuando sea minoría, porque en esto consiste la democracia: en la alternancia del poder político por voluntad de los ciudadanos. Sin embargo, quienes ocupan actualmente estos cargos en las Cortes de Castilla y León están actuando de una manera parcial para favorecer a los procuradores de sus Grupos Parlamentarios e impidiendo que la oposición pueda manifestar con libertad sus opiniones. Si esto sigue ocurriendo, y se sigue permitiendo, se puede estar sentando un precedente sumamente peligroso en términos democráticos, que no permita el desarrollo normal de los debates en los máximos órganos de representación de los ciudadanos: los Parlamentos.
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