Hace cuatro semanas, el 13 de mayo, escribía en este medio un articulo titulado “La nueva ventana de oportunidad”. La hipótesis que formulaba es que debido a la crisis sanitaria provocada por la pandemia de la covid-19 y su consiguiente crisis socioeconómica, todos los intereses sociales, ya de clase, ya sectoriales privados o públicos, ya empresariales cualquiera que fuese el tamaño de la empresa, habían vuelto la mirada al estado a la búsqueda de amparo; la transversalidad de esta demanda de protección alcanzaba esta vez también a sectores financieros con intereses importantes en la economía productiva temerosos de que una ola de quiebras de deudores los alcanzase como un tsunami. La conjunción S.O.S. enviados al estado desde todos los lugares de la sociedad indica, cuanto menos, un cambio de paradigma para la interpretación de lo que ocurre que nada tiene que ver con el paradigma neoliberal (sálvse el que pueda) y mucho con el paradigma de la ecología política (la resiliencia de un sistema se soporta sobre un conjunto de relaciones complejas de interdependencia).
Esta histórica confluencia en la demanda de protección del estado, reproducida en la práctica totalidad de los países de la UE, irrumpe, sin poder culpabilizar a ningún agente social o económico, el culpable es un agente biológico, un virus, después de decenios desde los años ochenta del siglo pasado en los que la doctrina neoliberal se instala en el corazón del poder político mediante los triunfos electorales de Margaret Thatcher (1983) y Ronald Reagan (1984). Un neoliberalismo que ha gangrenado las relaciones geopolíticas y destruido o limitado las democracias al promover la concentración del poder político para extirparlo con facilidad de los estados y los territorios institucionales, desviándolo hacia agentes externos no democráticos como la OCDE, el FMI o el BCE. En ese proceso los países europeos (salvo Alemania) fueron perdiendo soberanía monetaria al depositarla en el BCE, soberanía financiera con la reducción del peso de las bancas públicas (en España hasta el extremo), al tiempo que se imponían condiciones leoninas de límite de deuda que han impedido que los estados, sobre todo los del sur, canalizasen inversiones para salir de la espiral de recortes, deuda y más recortes con más deuda.
El virus lo ha cambiado todo. Quienes hasta hace unos meses eran enemigos o, en el mejor de los casos, adversarios con intereses contrapuestos, han devenido aliados coyunturales en su reclamación de políticas de estado que los salve de un futuro incierto.
A parte de la evolución de las posiciones alemanas desde el inicio de la crisis sanitaria en relación a la manera de financiar el gran desembolso sanitario y la posterior reconstrucción socioeconómica, enmarcadas en los movimientos tectónicos globales que está provocando el declive del imperio cultural americano bajo la batuta de Donal Trump y la definitiva emergencia de China como estabilizador tampón del metabolismo económico y político mundial, hemos de fijarnos en España en las acciones concretas de partidos, sindicatos, empresarios y otros grupos de interés.
Alemania sabe ya definitivamente que apretar con más deuda y condiciones de recortes antisociales a los países del sur más perjudicados por la pandemia, junto con Francia, supone el fuerte debilitamiento de su economía, de su mercado natural europeo, en un contexto de guerra de posiciones mundial. Por eso Merkel y Macron se estrecharon la mano para situar en el horizonte inmediato de inversiones 700.000 millones de euros, 140.000 para España, el 60% de transferencia directa y el resto con cargo a prestamos del conjunto de la Unión. Nada que ver con la manera en que se abordó la crisis de 2008.
En España, mientras PP y Vox berrean bravuconadas, Ciudadanos, el partido de Ana Patricia Botín y otros intereses del IBEX35, se aviene a colaborar con el gobierno de coalición; al tiempo que el gran empresariado, las PYMES y las organizaciones de autónomos firman acuerdo tras acuerdo con ministerios y sindicatos; el PNV estabiliza el sistema haciendo valer los intereses de Euskadi con diplomacia vaticana y los actores políticos periféricos a la ciudad estado de Madrid reducen, salvo torpeza concreta y puntual (ERC, Compromís), la entropía de su discurso político para sentarse en la mesa del pacto de reconstrucción a ver que pueden llevarse para su tierra
El preacuerdo europeo y los movimientos situacionales de agentes políticos, sindicales y empresariales españoles son pruebas de que hay inteligencias sectoriales y de clase e inteligencias territoriales que están ya posicionándose para seguir la pista del dinero. En todas partes menos en Andalucía que nadie parece ver los hechos que describo.
Hay más, de todos los hechos que insinúan en España por donde va a soplar el aire de la nueva política europea, el hasta ahora más convincente que prueba la existencia de una nueva ventana de oportunidad es el manifiesto publicado el 20 de mayo con el título Por una recuperación económica sostenible. Un manifiesto impulsado y formado por una miscelánea de personas entre las que están Ana P. Botín, otras vinculadas a grandes empresas y al IBEX35, altos cargos sindicales, PYMES, investigadoras, científicos y científicas, economistas, representantes de partidos políticos desde Podemos al PP y otras de muy diversa procedencia, inquietudes e intereses.
No es un manifiesto típicamente ecologista, tampoco feminista ni de izquierdas, aunque también lo es. En este caso es lo de menos con la que está cayendo porque se desprenden del mismo aires progresistas verdes, de lucha contra el cambio climático, para la reindustrialización de Europa, el fortalecimiento del sector sanitario y la salud pública, la economía digital y del conocimiento. La iniciativa se apoya en el Pacto Verde Europeo como estrategia de crecimiento basado en tres pilares: digitalización, descarbonización y resiliencia, entendiendo que la competitividad y el medio ambiente van de la mano, porque si no hay sostenibilidad ambiental no hay sostenibilidad económica o social.
Deducimos por tanto que los nuevos dineros de fabricación europea, sean transferencia directa o créditos a nombre de la Comisión y avalados por el BCE, van a tener condicionalidades muy distintas a las del MEDE y los obligados memorandums con sus trágicos, inútiles y venenosos recortes. La condicionalidad será definida a partir del marco Green Recovery Alliance (Alianza para una Recuperación Verde).
La cuestión será que España coja el dinero y no corra hacia atrás enterrándolo otra vez en turismo y ladrillo bajo leyes de bonito nombre como las que está promulgando el gobierno andaluz. Si el gobierno español de coalición tira por la vía de la transición energética, la agroecología, la digitaización, la cultura, la lucha contra el cambio climático y la reindustrialización verde apalancada sobre buenas leyes laborales y para la igualdad de género, y justicia fiscal, entonces Casado y Vox ya pueden seguir con sus burradas trumpistas que las mayorías favorecidas por estas políticas ecosociales los ignorarán. Y parece que eso es lo que va a hacer.
¿Entonces porque pongo en el título de esta artículo el nombre de Andalucía? Para que se den cuenta que con el actual Gobierno de Moreno y Marín que ha colocado a Vox como jefe de la mesa de reconstrucción, Andalucía no tiene horizonte de futuro para salir de nuestra desigualdad estructural, nuestro alto paro, bajos salarios, alta precariedad, fugas de capital humano bien formado, rala industrialización e indigestión bulímica de turismo, ladrillo, hormigón y alquitrán. A lo que pueden sumar una oposición que se da la espalda, mirando en corto, sin iniciativa política como la que merecen los tiempos y cuyos aparentes aliados en el gobierno de España no tienen noticias de que aquí alguien esté desplegando las velas para recoger si quiera una brizna de viento europeo.