La separación de consumidores y comerciantes ha sido un acierto estratégico capitalista, en el que no parece reparar la izquierda. Oigo a menudo entre estos últimos una desconfianza tan macerada hacia el sector privado que su genealogía se debe remontar a algún ánimo inquisidor y pobristas.
En 1920, con la primera norma moderna de protección de los alquileres en nuestro país, inquilinos y arrendatarios comerciantes tenían el mismo contrato. De he hecho, los comerciantes de barrio fueron desde antaño un revulsivo fundamental en las reclamaciones locativas (ver el Problema de la vivienda en Sevilla en la segunda mitad del siglo XVIII, Domínguez Ortiz). Después en 1924 el gobierno liberal ambivalente de Primo de Ribera sacó de la protección arrendaticia a los comerciantes y salas de espectáculo. En la posguerra franquista la unión de intereses volvió bajo el Estado social y autoritario, aunque poco a poco se fue diluyendo y ya en democracia, con la LAU de 1994, la separación del arrendamiento de vivienda y de otros usos se consumó hasta el día de hoy.
Respecto de los consumidores finales y los comerciantes ha sucedido algo parecido. ¿Por qué un pequeño comerciante no es protegido frente a los contratos tipo y a las cláusulas impuestas del banco de la misma forma que un particular? ¿Acaso no es también parte débil en la contratación frente a una multinacional un artesano o un profesional liberal medio?
Normalmente un consumidor particular no se arriesga a plantear un pleito, con el peligro de las costas, sin embargo un pequeño o mediano empresario acostumbrados a las reclamaciones, sí. El gran civilista sevillano Federico de Castro ya criticaba en uno de sus últimos trabajos Notas sobre las limitaciones intrínsecas de la autonomía de la voluntad (1982) esta exclusión del comerciante, que no es más que una forma de mantener la debilidad social del consumidor final, es decir de los ciudadanos de a pie como usted y como yo frente a las grandes empresas, multinacionales y otros poderes superiores.
En nuestro país sólo el número de autónomos es similar al de inquilinos de vivienda. En Andalucía los autónomos rondan el medio millón. La mayoría son transportistas y pintores o fontaneros.
No se entiende bien por qué en la izquierda más a la izquierda sólo se tienen palabras compasivas para un tipo de trabajador por cuenta ajena, conservador, de jornada medida y sueldo fijo. Hay multitud de pequeños empresarios deseosos de votar a la izquierda pero no se ven muy representados en sus proclamas generales, a pesar de compartir con el resto de ciudadanos de pie penas y alegrías, auxilio estatal, compras por internet y facturas de telefonía, proyectos de reforma, la lista de la compra y el pan nuestro de cada día.