Cuando un grupo cultural activo, con menos de cien miembros en toda Andalucía convocó a partidos, sindicatos, asociaciones y personalidades de la política y la sociedad del momento, para tratar de una actuación contundente por la autonomía de Andalucía, solamente dos organizaciones políticas, UCD y PSOE se negaron a participar en las reuniones. Cuando las organizaciones reunidas decidieron convocar una manifestación simultánea, al menos en las ocho capitales de provincia, ambos partidos continuaron negándose. Cuando el 12 de octubre de 1977 representantes del grupo Averroes Estudio Andalusí, en nombre de la Plataforma, acudieron a reclamar por escrito a la Asamblea de Parlamentarios, reunida por quinta vez, que se sumaran a la Plataforma, o que la convocaran ellos mismos como representantes electos, PSOE y UCD se negaron incluso a recibirlos.
Esa oposición del PSOE a reclamar Autonomía para Andalucía, no era ocasional. Ya se venía negando desde la II República, como muestran muy a las claras las diferencias de criterios y las diferencias de los dirigentes del partido con la Junta Liberalista, diferencias fácil de observar en el cruce de cartas, en la obra escrita de Blas Infante y en las hemerotecas. Obsérvese, entre otras, la nula acogida a la campaña Pro Estatuto, al trabajo de los andalucistas y a los momentos previos a la campaña para el referéndum autonómico que debía haberse celebrado en septiembre-octubre, pasado el verano de 1936. O al boicot a la candidatura republicana en la que participaron Blas Infante y varios pilotos de Tablada.
La oposición del PSOE que desde 1974 utilizara entre paréntesis la “r” de renovado para diferenciarse del histórico, absorbido después de las elecciones de 1977, podía ser un compromiso contraído con la SPD, que gobernaba Alemania con Willy Brandt o iniciativa “motu propio”, propio de su naturaleza centralista. Pero lo cierto es que el partido llamado socialista sólo aceptaba en principio las autonomías de Cataluña y Euskadi. Con posterioridad aceptó la de Galicia por coherencia con su pretexto de poseer un idioma diferenciado. Ya lo pregonaban: “Andalucía no tiene derecho a la Autonomía, todo lo más a un tratamiento personalizado, porque no hay signos de diferencia con Castilla. Ni siquiera tiene idioma propio”. En eso coincidían con Stalin, para quien el idioma era, si no la única, la principal seña de identidad de una Nación. Y desmentían la realidad mundial: más de veinte países hablan y escriben español, también nombrado “castellano”, porque fue el idioma oficial del reino de Castilla-León y como si el idioma pudiera ser obra de un grupo aislado o minoritario, se le adjudica un nacimiento en un Monasterio de La Rioja. Un número similar de naciones tienen por idioma propio el inglés y el francés. Pero en los tres casos son estados independientes. Disponer de un idioma diferenciado no es ni tiene por qué ser la principal seña de identidad de una Nación, como queda probado.
Sin embargo ese era el principal argumento para negarle a Andalucía el derecho a ser autónoma, eso les servía para defender sólo las tres autonomías del norte. Ni la historia, que para ellos empezaba muy recientemente, ni la economía, claramente diferenciada del resto de la península, ni la falta de unidad efectiva real, pues la orgánica sólo procede de una conquista guerrera, ni la situación social de abandono de Andalucía comenzada el siglo XIX y todavía en activo, eran motivos suficientes para defender un gobierno propio capaz de sacar Andalucía de la depresión dónde la habían encerrado todos los gobiernos españoles.
Ahora presumen de haber defendido la autonomía, pero al PSOE, como hoy a Vox, le interesa lo que no quiere, para desmontarlo. El primero tuvo la suerte de encontrarse con una mayoría aplastante en 1982. Desde entonces la “reconversión” en Andalucía ha sido el cierre de miles de industrias y la negativa a la instalación de otras nuevas. El PSOE nunca quiso la Autonomía de Andalucía y lo hizo evidente durante la llamada “transición”. Pero le interesaba gobernarla. Para ocupar su parcela de poder y para desmontar el sentimiento autonómico. Les habían asustado alrededor de cuatro millones de personas en la calle el 4 de diciembre de 1977.
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