Hacer balance de lo ocurrido en nuestra frontera sur el año anterior es siempre un ejercicio de angustia y zozobra para la Apdha. Porque somos directamente conscientes del olvidado drama que transcurre en nuestra Frontera Sur; porque conocemos el sufrimiento de tantas y tantas personas que buscan un futuro o huyen de la penuria, de las persecuciones o de las guerras; angustia sobre todo por las miles de víctimas a las que no se les reconoce siquiera como tales. Angustia y zozobra porque somos indignantemente conscientes de que el resultado que relatamos en el balance migratorio de 2022 que acabamos de presentar no es sino el resultado de políticas criminales que son responsables año tras año de la muerte de centenares de personas que buscaban un futuro con dignidad en España o en Europa.
Indignación creciente. Porque no les basta ya con permitir por acción o inacción que centenares de personas ahoguen su futuro en las aguas de nuestros mares. No, no les basta. Ahora el gobierno de España subcontrata al gobierno dictatorial de Marruecos la represión directa y sin medida que ha provocado entre 23 y 39 muertos en la valla de Melilla y quizás hasta 70 desaparecidos en junio pasado. Aún no se sabe ni cuantos fueron los que perdieron la vida.
Indignación superlativa porque hablamos de un gobierno progresista que debiera dar una respuesta humanos a la gestión de las fronteras respetuosa con los derechos. Y que, sin embargo, como en el Tarajal en 2014 con el PP, no es capaz de asumir responsabilidad alguna en una masacre que queda en la manifiesta impunidad. Impunidad del gobierno de España, su ministerio del interior y sus fuerzas de seguridad. Mayor impunidad si cabe del gobierno de Marruecos y sus sicarios subcontratados por España.
Que hayan muerto al menos 1901 personas en 2022 cuando intentaban llegar a España resulta ser un daño colateral plenamente asumible para el Sr. Marlaska. Pues, en efecto, la represión desatada por Marruecos sobre las personas que pretenden migrar ha conseguido que se reduzca la llegada de personas en 2022 casi un 23% respecto a 2022.
En este pasado año han sido 34.537 personas las han logrado sortear vallas, mares, o gendarmes armados hasta los dientes, para llegar a nuestro país por la Frontera Sur (Canarias, Ceuta y Melilla, Península y Baleares). Una ínfima parte comparadas con el total de personas que llegan a España por los aeropuertos. Un número de personas que nuestro país -con 47 millones de habitantes y siendo la 4ª potencia económica de la UE- tiene capacidad sobrada para acoger; de la misma forma en que afortunadamente han sido tratadas las 164.000 personas ucranianas a las que se les ha concedido protección temporal en España.
Pero no, quizás porque sean negros, o moros, o porque vienen de países empobrecidos, pero para nuestros vecinos del sur que intentan llegar a nuestras costas, este gobierno dedica el 90% de los recursos humanos, materiales y presupuestarios y toda la crueldad que haga falta. Eso se llama racismo institucional. Y lo demuestra el hecho de que no duda en poner en marcha acuerdos ignominiosos con gobiernos horribles como el del rey Mohamed VI aunque sea a cambio de vender la amistad y la solidaridad con nuestros amigos del pueblo saharaui.
El balance migratorio de la Apdha 2022 nos muestra una vez más el sufrimiento y el genocidio que causan gobiernos como el de España con sus políticas. Y nos interpela a seguir exigiendo que la gestión de las fronteras no puede hacerse al margen del respeto a los derechos humanos. Sabemos que es posible, que resulta viable plantearse vías legales y seguras para las migraciones. Pero sobre todo es más democrático y humano.