Flaco favor ha hecho Asmae, una marroquí residente en Sidney, a las feministas radicales que afirman categóricamente que toda denuncia de una mujer en el ámbito doméstico es verdad. Esa magrebí, al enterarse que su pareja había acudido al abogado para iniciar los trámites de un posible divorcio que podría conllevar su expulsión de Australia, planeó su venganza que consistía en denunciar al marido por malos tratos. El esposo sospechaba que esa señora se había casado con él con el único propósito de conseguir la residencia australiana porque su relación se había vuelto muy fría y distante y, por eso, acudió al abogado para que le asesorara. Su engaño ha sido visto y difundido por medio planeta.
La fémina, viéndose fuera de ese país, una noche destrozó el mobiliario de la casa para dar una apariencia de riña y, en el momento que llegó su esposo por la noche, abandonó el hogar y se dirigió a la comisaría mostrando posibles lesiones. Inmediatamente, la policía detuvo al marido y este tuvo que soportar un proceso judicial. En el juicio el hombre pudo demostrar que la mujer se autolesionó al golpearse ella misma contra las paredes del ascensor, al salir de su domicilio, gracias a las imágenes grabadas de su interior. La mujer fue pillada porque en ningún momento sospechó que la estaban grabando. Si no es por las imágenes de las cámaras que muestran la rotunda evidencia de la denuncia falsa, el marido con toda probabilidad, indefenso ante la acusación porque solo tendría su palabra contra la de ella, hubiese sido condenado.
En España, con una legislación bastante más dura que la australiana para estos casos de violencia de género, cualquier juez, aunque no haya testigos, condena por regla general al hombre siempre que la mujer aporte el parte de lesiones, por la presión social al respecto. Lesiones que, en la mayoría de los casos, son prácticamente imposibles de determinar pericialmente si son provocadas por las propias supuestas víctimas o por el agresor, por lo que siempre se presuponen que son causadas por un atacante ajeno a la víctima. Bastaría un simple enrojecimiento de la piel o eritema por roce para cursar un parte de lesiones, cuestión que es muy fácil de falsear. No obstante, desgraciadamente, la mayoría de las denuncias son reales y de la misma forma que habrá hombres condenados como consecuencia de denuncias falsarias bien construidas y montadas, porque la justicia no es infalible, hay muchos varones que han sido absueltos siendo culpables y deberían estar en la cárcel por ser un peligro público. Del mismo modo, hay también muchas agresiones machistas que no son denunciadas por miedo de la agredida y el autor, en consecuencia, impune, debería dar con sus huesos en prisión.
A pesar de ello, probar la falsedad de una denuncia es mucho más difícil que condenar a alguien inocente con un montaje bien planeado, porque aquí sí rige completamente el principio de” in dubio pro reo”, es decir que en caso de duda se absuelve al reo. Bastaría por parte de la calumniadora con demostrar la verosimilitud y no la veracidad para que no prospere un procedimiento de denuncia falsa, que normalmente no se insta de oficio por los tribunales, sino a instante de parte. Es decir, una mujer que acusa a un hombre sin testigos y sin parte de lesiones, aunque su acusación sea engañosa, no la condenan por denuncia falsa siempre que tenga una apariencia de verosimilitud (por ejemplo derivada de un encuentro fortuito o rutinario de ambos a solas o de una cita, igualmente sin público, en un lugar determinado), ya que las dudas judiciales le favorecen si se basan únicamente en su palabra contra la del otro, con lo que harían indemostrable que todo era el producto de una farsa. En cambio, el marido o la pareja ante esta denuncia, debido a los protocolos policiales, es probable que sea arrestado por la policía sin más explicaciones, pase la noche en comisaría y de ello derive un atestado, aunque después archiven el procedimiento.
Estos daños colaterales que produce la ley de violencia de género estarían por bien empleados, si pudieran evitar situaciones como las de Laura Luelmo, pero desgraciadamente no es el caso. Por consiguiente, el camino a seguir debe mejorar y no basarse exclusivamente en esa ley. Más bien, sería mucho más práctico ser más duros con los depredadores sexuales y sobre todo con los reincidentes y, así, evitar que esos asesinatos se produzcan y se reproduzcan.
Medidas anunciadas por el Gobierno tendentes a afinar el sistema de libertad vigilada y a que todo comportamiento en contra de la libertad sexual sea siempre merecedor de cárcel, pueden ser muy efectivas. Por el contrario, sería un paso atrás eliminar la prisión permanente revisable, específica para los delitos contra la libertad sexual que comporten el asesinato de la víctima, que el Ejecutivo quiere derogar. Esperamos que en 2.019 haya menos agresiones sexuales, menos asesinatos, del género que sea, y que todo tipo de violencia disminuya o desaparezca.
Comentarios