La libertad de expresión es uno de los derechos fundamentales en la Declaración Universal de los Derechos Humanos, pero al parecer de cara a los Juegos Olímpicos y Paralímpicos de Invierno Pekín 2022, China se pasará este punto “por los aros de la burla” ante su propio pueblo. Así, se centrará en demostrar su desarrollo como super potencia económica, tecnológica, de infraestructura y armamentística, mas no su desarrollo en el ámbito humanitario, lo que aun la hace incompleta.
Es lamentable que a día de hoy en un planeta en el que la igualdad y la defensa de los derechos humanos debería imperar, todavía tengamos que enfrentarnos a un sistema discriminatorio y sancionador de la libertad de expresión.
China es un país en el que el Gobierno a través de la Ley de Seguridad Ciudadana controla toda la información que entra y sale de los medios de comunicación de masas y de internet. ¿Pero hasta dónde están o se sientes seguros sus ciudadanos si no pueden emitir opinión alguna sobre los temas que les preocupan? Puede que el gobierno de Xi Jinping deseara “proteger” a la ciudadanía de cierta información que les hiciera despertar, pero al final ha terminado convirtiéndose en el verdugo de su propio pueblo, censurando, vigilando y encarcelando a quienes se oponen a lo que consideran un mal proceder, como lo son:
Zhang Zhan: Periodista ciudadana, condenada a cuatro años de cárcel por informar sobre la realidad de la COVID-19 en China.
Ilham Tohti: Académico uigur, condenado a cadena perpetua por proponer enfoques constructivos para superar la desigualdad de trato de los grupos étnicos de China.
Li Qiaochu: Defensora de los derechos humanos, detenida por informar sobre actos de tortura cometidos por las autoridades chinas.
Gao Zhisheng: Abogado y ex preso de conciencia, desaparecido en 2017 poco después de publicar sus memorias de los años en que había estado detenido y había sido torturado por las autoridades chinas.
Rinchen Tsultrim: Monje tibetano, condenado a cuatro años y medio de cárcel por expresar sus opiniones políticas en Internet.
¡Pedimos libertad para ellos! Si pensamos por un momento en los cargos por los que han sido condenados estos ciudadanos chinos, ¿podemos acaso intentar comprender que los pueblos libres compitan en unas olimpiadas donde reinará la hipocresía?
Si el control y la vigilancia fueran por el bien común, entonces el público internacional tendría que acatar las normas o sencillamente el propio gobierno chino no habría tenido la necesidad de formular la promesa relacionada con la libertad de expresión cuando presentó su candidatura para organizar los Juegos Olímpicos y Paralímpicos, Pekin 2022, en la que garantizó la libertad de expresión a los medios de comunicación que desearan informar “sobre los juegos” y acceso ilimitado a internet para ellos, así como también podrían informar sin problemas sobre los preparativos, garantizando además zonas donde se pudieran llevar a cabo protestas durante el evento, pero paradójicamente le niega tal privilegio a su propio pueblo.
Índira Meza. Activista de Amnistía Internacional Andalucía.
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