La crisis del coronavirus nos tiene en verdadero estado de shock. El temor a perder la vida propia y la de quienes nos rodean haciendo posibles nuestras vidas, nos ha dejado absolutamente apabulladas. Entre cifras de letalidad, pautas de protección higiénica, reivindicaciones y vítores a nuestro tan necesario sistema público de salud, confinamiento en hogares de los que no todas las personas disponen, preocupación por los efectos que esta situación va a generar sobre la población no solo a nivel sanitario, y muchas otras vicisitudes del vivir cada día en estado de alarma, poca atención se le ha dado a las consecuencias que la estrategia securitaria y punitivista adoptada para cumplir las medidas excepcionales va a tener sobre nuestras libertades.
La utilización de la Ley Mordaza para sancionar a quienes no cumplan las normas decretadas por el Gobierno es un paso inquietante en lo que puede ser un retroceso en nuestras libertades individuales y colectivas. Esta Ley estaba a punto de ser derogada tras cinco años de intensa oposición por parte de los movimientos sociales, que habíamos visto como su aplicación había supuesto la restricción de derechos fundamentales relativos al derecho de reunión y manifestación, así como la libertad de expresión. La arbitrariedad de su aplicación, así como su uso desproporcionado e inadecuado por parte las fuerzas policiales, nos habían hecho tener muy claro que la seguridad de la ciudadanía no mejoraba tras la aplicación de estas medidas y que solo mejoraría con su desaparición.
Sin embargo, este giro en los acontecimientos otorga a la Ley Mordaza el papel de actuar en casos de desobediencia que pongan en riesgo al resto de la población, manteniendo la misma carga de subjetividad y arbitrariedad que venimos denunciando.
Hay que señalar que efectivamente muchas personas no han sabido gestionar sus decisiones con la responsabilidad colectiva necesaria para la contención de contagios. Los casos más sonados de irresponsabilidad (por ejemplo, Aznar y Botella) han provocado el malestar de mucha gente que ha denunciado a través de redes sociales y medios de comunicación estos comportamientos, generando la reclamación de que se actúe con dureza frente a los incumplimientos. Pero el punitivismo y el castigo no son las herramientas ideales para mejorar las sociedades. Pensarlas además como las únicas que pueden responder a la irresponsabilidad individual, dice mucho de la pobreza de nuestras soluciones para un Estado moderno y democrático.
En la imposición del castigo siempre hay una carga ideológica, buena parte de las identificaciones de estos días tienen que ver con personas racializadas que viven la situación en medio de contexto que aún tiene mucho trabajo que hacer contra el racismo, incluso se ha llegado a sancionar a personas sin hogar equiparando su situación con quienes si tienen una casa en la que permanecer confinados.
Es destacable como a la par que a la gente se le reclama estar en casa, muchas empresas no han adoptado medidas de protección para quienes han tenido que seguir acudiendo al trabajo. A todo esto, se une presencia de la Unidad de Emergencias del Ejército (UME), o de la Infantería de Marina en las calles para comprobar el cumplimiento de las normas y desarrollar labores más propias de educadores sociales o protección civil, no resulta muy halagüeña e inquietan bastante viniendo de un gobierno progresista a la par que son aplaudidas por la extrema derecha.
Son medidas que encuentran cabida a causa de nuestro estado de Shock, y que parecen traer bajo el brazo la posibilidad de que cometamos un liberticidio colectivo por miedo a contagiarnos de coronavirus.