Según su definición la Administración tiene por fin obtener el máximo de beneficio posible ya sea social, económico, etc. según los fines que se persigan. Si se trata de una Administración pública su función es poner en contacto a la ciudadanía con el poder político o servidores públicos que es como les gusta que los llamen, satisfaciendo los intereses colectivos de forma inmediata, por contraste con los poderes legislativo y judicial que lo hacen de forma mediata.
Es sabido que está regulada por el poder ejecutivo, en algunos casos las Juntas de Gobierno, y los organismos que están en contacto permanente con el mismo.
Es por tanto la acción del Gobierno al dictar y aplicar las disposiciones necesarias para el cumplimiento de las leyes y para la conservación y fomento de los intereses públicos y a resolver las reclamaciones a que dé lugar lo mandado.
Pues bien parece ser que últimamente a los que les compete dichas funciones se olvidan que fueron elegidos por los ciudadanos o, en el caso de corporaciones de carácter público, y que se presentaron a su vez libremente para ser elegidos.
Lo digo entre otras cuestiones por lo que ha sucedido en la Comunidad Autónoma vecina de Castilla-La Mancha en la que sus legisladores han aprobado una nueva Ley de caza que permite matar a perros y gatos y la caza con trampas sin haber establecido un tiempo para las alegaciones de los sectores que más les pueda interesar y como, es normal ,en cualquier democracia de nuestro nivel al ciudadano que paga sus impuestos en dicha Comunidad Autónoma y al que le va a afectar quiera o no esta atrocidad. Esto lo ha denunciado la Asociación Ecologistas en Acción la cual se queja de que no ha sido consultado el organismo creado ex profeso para la protección de las actividades cinegéticas llamado Consejo Regional de la Caza que influye sobre el Consejo Asesor de Medio Ambiente al que dicha Asociación pertenece. Lo que supongo ha hecho la Administración pública en este caso es darle gusto a unos y quitárselo a otros y en esto los que mandan están fuera de dichas Instituciones.
En la página web oficial del Gobierno de Castilla-La Mancha, aparece el nombre del Consejo Regional de Caza pero el enlace no lleva a ningún sitio ni, tampoco se puede saber quién forma parte de dicho Organismo Público con tanto poder sobre el legislador. Todo muy mal organizado y muy poco transparente y casi diría en diferido porque todo esto se gestó con la famosa presidenta de reconocido gusto por la Tauromaquia y la Caza .Pero ¡ojo! , que los que vinieron detrás hacen lo mismo sin escrúpulo alguno.
Así con todo evitan lo que es derecho para la mayoría que es disfrutar del campo sin armas puesto que la misma Ley ya tiene previsto que si un ciudadano molesta la caza puede ser sancionado.
Creo, sinceramente, que la entrada del personal de índole liberal, de derechas y de extrema derecha a las Instituciones Públicas va a suponer un perjuicio al Medio Ambiente y al Bienestar de las personas y de los animales.
Rafael A.Luna Murillo, veterinario, máster en etología y simpatizante de EQUO
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