Mi madre murió el pasado 19 de marzo, a solo 8 días de cumplir sus 97 años de edad. Lo hizo tranquila, dormida y atendida por su hijo los últimos 8 años de su vida; fue, mientras la lavaba. Este periodo de duelo, lo viene amenizando la Junta de Andalucía con diversas actuaciones que, en principio, supuse meros problemas administrativos, en los que no cabe encontrar ni buscar culpables. Esa fue mi inicial percepción que, en solo unos días, he puesto en duda para entender que hay una motivación que cabe apuntar a fin de tomar prevenciones que permitan no cargar sobre hombros débiles el peso de políticas planificadas y dispuestas para hacer más pobres a los pobres y no sé si más ricos a los ricos. Me explico.
Recibí petición de la Junta para devolver cien euros cobrados sobre la percepción que recibía mi madre por su incapacidad. Lo hacían en base a declaración de incapacidad de Grado II reconocida, y en la que desdeñan posterior calificación de Grado III, igualmente reconocida desde enero de 2023, a la que -quise pensar que por error de tramitación- no se tomaba en consideración, contraviniendo las normas de derecho y una reciente sentencia del Tribunal Superior de Justicia emitida contra la propia Junta de Andalucía, y en la que se reconoce el derecho de los cuidadores a percibir retroactivamente y posterior al fallecimiento de su familiar, los derechos que se le reconocieron al finado por el grado su gran incapacidad, así como el límite de 6 meses que se impone a la Administración como periodo máximo para hacer efectiva sus decisiones, transcurrido el cual, este silencio administrativo actúa en favor del administrado.
Aunque la actuación iniciada carece de todo fundamento legal, al retrotraer su decisión a resoluciones periclitadas, la reclamación se pretende firme contra el administrado, en tanto que la Junta de Andalucía, a través de su Delegación de Asuntos Sociales, reclama por error o engaño, cien euros y trata de esquivar el pago de varios miles comprometidos por el Grado de Dependencia que sufrió en su economía mi madre y yo mismo, como su cuidador, durante los últimos años de su vida.
Cuidado pues, familiares de enfermos dependientes, con estos "fallos" de la Junta de Andalucía y de su Delegación de Asuntos Sociales y Dependencia, y aférrense a la Sentencia del Tribunal Supremo 549/2024, Sala Cuarta, emitida contra la Junta de Andalucía, y a la que la propia Junta de Andalucía por error, por desconocimiento, por incapacidad o por mala voluntad -lo dejo abierto a su consideración, querido lector- hace caso omiso, parece desconocer u oculta dolosamente al conocimiento de sus administrados.
He querido pensar que se trata de un error -y -por no envenenarme- lo voy a seguir pensando, aunque reclamen cien euros y pretendan escaquear varios miles - que en esta apuesta se resume la jugada-, pero a este error, se suma otro hecho que abunda y que clama a todos los santos del cielo, del que tan devotos se dicen nuestros actuales mandamases: he llevado al Ambulatorio de Atención Primaria el material sobrante de pañales, toallitas jabonosas y absorbentes que dejó mi madre tras su muerte sin usar y que han supuesto un gasto de varios cientos de euros para nuestra Sanidad Pública. Lo hice después de plantear esta posibilidad con personal trabajador de aquella casa; entregado el fardo -unos nueve paquetes por estrenar con diverso material, se me pide que los retire, arguyendo desde quien puede decidir y ha sido nombrado por la Junta de Andalucía, que la habitación donde lo dejé - la que se ha usado habitualmente para recibir estas devoluciones para posteriormente repartir a los más necesitados-, debe "quedar limpia", porque a lo que se ve, el nuevo uso que se da a esa habitación no es otro que el de "dejar limpia", como parece que pretenden dejar a la propia Sanidad Andaluza. Se me ha pedido que vuelva a recoger todo el depósito y que lo tire..., me he negado, sin más... y, para esperanza de todos, los propios trabajadores han buscado soluciones razonables y habituales hasta ahora que quienes mandan no tenían/querían tener.
No obstante, he querido pensar que era otro error... pero, de vuelta a casa he sabido que en Argentina -un país con el 70/100 de su población bajo el umbral de la pobreza y donde ya su propio presidente habla de personas que pueden morir de hambre -"sin que el Estado admita responsabilidad alguna" ni, en palabras de Milei, "deba su presidencia hacer nada por arreglarlo, si no se ocupa el mercado" se ha dejado pudrir 5000 toneladas de alimentos, sin entregar a quienes pasan necesidad.
Desde que a las cosas públicas se les llama por su contrario, y a la policía le llaman Seguridad, siendo así que solo se les llama en caso de peligro, y a la enfermedad se le dice Salud, qué será de los servicios de Sanidad y los de Asistencia Social y quién se sirve de ellos...
He pensado si no se trata de demasiada casualidad, si Milei impone su ley, y acá, en nuestra tierra, impone alguien su cuñadísimo de Juanma, su Moreno de caña de azúcar, y su segundo apellido de papa frita.
Cuidado con todos ellos. "Cuidado con esa mala Junta"; me dijo en mi juventud tantas veces mi madre...
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