Tengo la suerte de vivir el 40º aniversario de la Constitución española en Italia. En este país del Mediterráneo, cuna de tantas culturas y al que nos unen unos lazos estrechos, también celebran un cumpleaños importante de su Carta Magna: el 70º.
A lo largo de los últimos dos meses he tenido la oportunidad de asistir y participar en varios seminarios y congresos en relación con estas dos efemérides. Son muchas las similitudes que podemos encontrar en ambos textos normativos, pero la más importante es que las dos fueron el resultado de un consenso tras duros años de dictadura.
El carácter antifascista de la Constitución italiana está continuamente presente en los debates constituyentes. Tras la II Guerra Mundial y la caída de la dictadura de Mussolini, en Italia se apostó firmemente por unas Reglas del Juego que abandonaran toda idea que pudiera recordar a la etapa política anterior. Por eso, a diferencia de España, se dio especial relevancia a los instrumentos de democracia directa, en especial al referéndum o a la iniciativa legislativa popular (mucho más fáciles de ejercer que en nuestro país), a los derechos sociales y se escogió una forma de Estado descentralizado, en contraposición con la centralidad del Estado fascista. El regionalismo italiano fue el hijo de quien inauguró esta nueva forma de organización territorial: el Estado Integral de la II República Española.
Igual que en Italia, España salía de una larga dictadura con la vista puesta en conseguir un país con una constitución avanzada que dejara atrás cualquier nota del franquismo. Aunque la forma con la que se hizo fue otra (la famosa fórmula “de la ley a la ley” que comenzó con la Ley para la Reforma Política, mientras que en Italia hubo una verdadera ruptura con el régimen anterior, incluso se realizó el referéndum entre monarquía y república antes de la aprobación de la Constitución), el resultado fue el mismo: una Carta Magna que consolidó unos derechos fundamentales y sociales que habían dejado de existir desde que triunfara el golpe de Estado de 1936.
No se dio tanta importancia a los instrumentos de democracia directa, principalmente, por dos motivos: el miedo a la inestabilidad gubernamental y porque los referendos eran usados por el Franquismo como mecanismo de autolegitimación. Pero, al igual que en Italia —y en la II República— la idea de descentralización territorial era sinónimo de mayor democracia. El constituyente español, de esta forma, inspirándose tanto en el ordenamiento regional italiano como en el de la II República, dio luz a nuestro Estado autonómico.
Después de 70 años, Italia se encuentra sumergida en un proceso de profunda crisis de principios y valores, sobre todo tras la llegada al Gobierno de la Liga Norte y el retroceso en derechos que ello ha supuesto, como ha sucedido con el famoso “Decreto Sicurezza”. España parecía que estaba resistiendo al fantasma del fascismo, pero las últimas elecciones andaluzas y la irrupción de la extrema derecha hace muy necesario que defendamos los derechos que hace cuarenta años conseguimos los españoles.
España no solo significa unidad indisoluble de la patria. Es más, nuestra Constitución reconoce la gran diversidad territorial existente en nuestro país, un patrimonio del que pocos pueden presumir. España y su Constitución significan también reconocimiento de derechos fundamentales, derechos políticos y sociales que hemos alcanzado con el sacrificio, principalmente, de las familias más humildes y que hoy están en peligro si no nos unimos para combatir a los partidos racistas, xenófobos y abiertamente fascistas que pretenden acabar con estas conquistas que tanto nos han costado.
Por eso, en este aniversario de la Constitución, los verdaderos constitucionalistas, los demócratas, debemos sentirnos orgullosos —aunque no satisfechos— de lo que hemos logrado hasta ahora, con la vista puesta en las próximas elecciones en las que deberemos batallar y, sobre todo, hacer pedagogía, para conseguir que nuestra Ley de Leyes se reforme, pero para seguir avanzando, y nunca retroceder.
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