El diccionario de la Real Academia Española viene introduciendo numerosas palabras en los últimos años. El denominado común de las mismas es la introducción de su uso por las personas en función de los hábitos de la vida cotidiana. El Derecho, como conjunto de normas que ordenan la vida en sociedad, nos acompaña desde el acto de nacimiento hasta la muerte.
Sin embargo, las Administraciones Públicas parecen mostrarse reticencias con respecto a la manifestación pública de los actos relacionados con el Derecho. En líneas generales, el lenguaje que se despliega parece anquilosado, obsoleto e inaccesible para la "persona media". Por ejemplo, señalar a la multa de tráfico como "acuerdo de inicio de incoación de procedimiento sancionador" no ayuda mucho a la inmediata corrección de la acción contraria a las normas en vigor.
Asimismo, este problema no es una realidad nueva, surgida por la sociedad de la inmediatez y la comunicación digital. Precisamente, el Ministerio de Justicia promovió una Comisión de Expertos para la modernización del lenguaje jurídico en el año 2009. En relación con esta cuestión, ¿se están experimentando cambios?
Hace unas semanas, tuve la suerte de seguir una encuesta improvisada a pie de calle realizada por un medio de comunicación nacional, y el pueblo sigue viendo obstáculos para entender el contenido de resoluciones en su totalidad. Por el momento, los esfuerzos de las Administraciones parecen orientados a la simplificación de la distribución de los contenidos y no en el uso de un léxico más accesible, para todos los públicos.
En definitiva, las normas también dependen del lenguaje para su aplicación. Y si no, que se lo pregunten a los miembros del Consejo General del Poder Judicial ante los considerables líos que están asumiendo en los últimos tiempos.
Por cierto, queridos lectores, aprovecho para desearos una Feliz Navidad, con mucha salud y los mejores deseos.
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