El pasado día 17 de marzo, Amnistía Internacional Andalucía celebró su asamblea anual en Granada. Ese mismo día se producían, en toda España, movilizaciones de distinta índole, desde manifestaciones de pensionistas hasta manifestaciones contra la Ley Mordaza. Cuatro fueron las manifestaciones que tuvimos en Andalucía contra la Ley Mordaza, en Almería, en Granada, en Málaga y, el día 18, en Sevilla. Algunos de los activistas que habían acudido a Granada para la asamblea de AI Andalucía, se unieron a la manifestación de Granada que transcurrió desde la plaza de Mariana Pineda, hasta la Subdelegación del Gobierno en Granada, en la Gran Vía de Colón. Fue una manifestación difícil, en unas condiciones climatológicas adversas, con frío y lluvia constante, pero eso no impidió que varios cientos de personas asistieran a la misma.
Como ya dejábamos ver en nuestro informe anual 2017/18, si hay algo que ha caracterizado estos últimos años, y muy especialmente este 2017, ha sido que “la propagación del odio y el miedo en la política, fomentada por gobiernos que han mostrado un cruel desprecio por las libertades fundamentales, está provocando un resurgimiento de los movimientos de protesta. En vez de ceder ante el discurso del miedo, la gente corriente está clamando justicia, ayudando a infundir nueva vida a viejas luchas y dando comienzo a una nueva era de activismo social”.
"Nuestra constitución no garantiza los Derechos Económicos Sociales y Culturales"
En este último mes de marzo hemos visto movilizaciones sin precedentes de mujeres clamando por un mundo más igualitario, de pensionistas reclamando pensiones dignas, reclamando algo tan básico como que “la suficiencia económica de los ciudadanos durante la tercera edad”, como dice nuestra constitución sea garantizada como un derecho humano. Y hemos visto también manifestaciones en más de 20 ciudades españoles contra la Ley de Seguridad Ciudadana, conocida como Ley Mordaza.
De todos es bien sabido que nuestra constitución no garantiza los DESC (Derechos Económicos Sociales y Culturales). Estos derechos, entre los que se encuentran derechos tan básicos como el derecho a la vivienda, el derecho a la salud o el derecho a una pensión digna que garantice la suficiencia económica de los ciudadanos durante la tercera edad, no están garantizados por el artículo 53 de nuestra constitución. De ahí que Amnistía Internacional, junto a Greenpeace y Oxfam Intermón, hiciera una campaña en las últimas elecciones para pedir a los partidos el blindaje de estos derechos en nuestra constitución. De ahí que la gente se manifieste cada vez más para exigir estos derechos que sí reconoce la Declaración Universal de los Derechos Humanos, que el próximo mes de diciembre cumplirá 70 años.
En Amnistía Internacional también estamos de cumpleaños. El pasado 10 de febrero se cumplieron 40 años desde que, el 10 de febrero de 1978, Amnistía Internacional fuera legalizada en España. 10 meses después en España se aprobaba una constitución que, si bien no garantizaba los DESC, sí garantizaba los Derechos Civiles y Políticos, inexistentes durante el régimen franquista. Y, sin embargo, 40 años después, el Gobierno español, dentro de una tendencia general de limitación de los derechos más básicos, ha puesto en marcha una legislación que vuelve a limitar los derechos más básicos, una vez más los Derechos Civiles y políticos están en riesgo.
Llevamos ya dos años de la conocida como Ley Mordaza y, desde que está vigente esta Ley de seguridad Ciudadana que en este mes cumple tres años, nuestra vida es más insegura. Es más insegura porque ésta es una ley que amordaza el ejercicio de los derechos de reunión pacífica y de libertad de expresión y que daña el derecho a la información, se han impuesto miles de sanciones contra particulares, activistas de derechos humanos y periodistas, sanciones que podrían estar vinculadas al ejercicio de estos derechos. Además, la arbitrariedad con la que se están aplicando las sanciones, y la discrecionalidad que se otorga a los agentes del orden, unidas a la falta de un mecanismo independiente de supervisión de la actuación policial, está teniendo consecuencias graves.
"Con la Ley Mordaza ha aumentado la autocensura. Esto supone una amenaza a la libertad de expresión en la sociedad española"
La primera consecuencia está siendo la autocensura a la hora de documentar actuaciones policiales, puesto que la distribución de imágenes de autoridades o miembros de las fuerzas de seguridad ha quedado limitada con las reformas en la ley. Junto a la propia Ley Mordaza, las leyes antiterroristas españolas están provocando que una amplia variedad de comentarios y expresiones en redes sociales, desde letras de canciones políticamente controvertidas hasta simples bromas, esté siendo criminalizada bajo las categorías, demasiado vagas, de "enaltecimiento del terrorismo" y de "humillación a las víctimas”. Aunque el concepto de "enaltecimiento" se introdujo por primera vez en el año 2000, solo en los últimos años los juicios y condenas bajo esta ley se han disparado. El resultado ha sido, de nuevo, el aumento de la autocensura. Esto supone una amenaza a la libertad de expresión en la sociedad española. Casos como el de Cassandra Vera, acusada de humillación a las víctimas por una serie de chistes sobre Carrero Blanco publicados en Twitter y condenada a un año de prisión es un ejemplo de ello.
Por eso, en Amnistía Internacional creemos necesaria la movilización ciudadana contra esta ley que echa por tierra la política de defensa de, al menos, los derechos civiles y políticos. Como ya se ha apuntado aquí, Amnistía Internacional nació en España en 1978, en 1979 lanzaron una bomba incendiaria contra nuestra oficina y en 1981, ante el intento de golpe de estado del teniente coronel Tejero, los listados de socios y socias de la organización fueron enviados a la embajada francesa para evitar posibles represalias en caso de triunfo del golpe de estado.
Si creemos que hay que manifestarse contra la Ley Mordaza es porque esta ley nos retrotrae a aquellos años y no quisiéramos que nuestras sedes volvieran a ser atacadas con bombas incendiarias, ni que nuestros datos volvieran a acabar en embajadas de otros países por miedo a las represalias. No olvidemos que después de que en nuestro país se aprobara la Ley de Seguridad Ciudadana el gobierno turco empezó una política de represión contra ciudadanos que se manifestaban contra su política y que, como consecuencia de esta represión han sido detenidos miles de ciudadanos, entre los que se encuentran la directora y el presidente de Amnistía Internacional en Turquía. En España no son miles, pero van creciendo y, si nos callamos, no sabemos cuáles pueden ser las consecuencias. Por eso, yo #NoPiensoCallarme #Desamordázate.
Artículo de Juan Francisco Villar Caño, activista del equipo de medios de comunicación de AI Andalucía.
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