Que en algún momento una instancia judicial superior iba a derribar de un soplo el castillo de naipes que durante tanto tiempo construyó la jueza Alaya era algo esperado como la crónica de una muerte anunciada. Ya empezó a vislumbrarse cuando Alaya promocionó y la jueza que le sustituyó empezó a enderezar los renglones torcidos de los procedimientos que todavía estaban en fase de instrucción.
Y es que Alaya se convirtió, por obra y gracia de la complicidad política del Partido Popular de Andalucía, en la estrella mediática bajo cuya estela caminó durante mucho tiempo la oposición de derechas en Andalucía en su proyecto de aniquilación del socialismo andaluz gobernante.
Y les salió bien, tanto a su señoría como a los señores de la derecha que aprovecharon su posición de Gobierno en Madrid para adornar con espectaculares despliegues de las Fuerzas y Cuerpos de la seguridad del Estado cada vez que, casi siempre coincidiendo con procesos electorales por esas casualidades de la vida que nadie se explica, su señoría la emprendía a detenciones contra cargos del Gobierno socialista no importaba cuál fuera su posición en el escalafón.
La instrucción de su señoría, eternizada en los distintos procesos electorales, construyó una premisa sobre la que sustentar su voluntad de inculpar y no fue otra que los consejeros, consejeras y presidentes socialistas prevaricaron al elaborar las sucesivas leyes de presupuestos. Y este argumento, que tan solícitamente le compraron la Audiencia Provincial de Sevilla y posteriormente el Tribunal Supremo, es el que ha resultado palmariamente lesivo para los derechos fundamentales de los procesados y procesadas que fueron condenados por ello a penas de cárcel e inhabilitación y que el Tribunal Constitucional ha venido en anular.
Y como la derecha es el único animal que en materia judicial tropieza dos veces en la misma piedra, pues ni cortos ni perezosos, sirviéndose de organizaciones ultraderechistas por todos conocidos acompañados por Vox, han decidido iniciar otra causa general como la que instruyera la recordada Alaya, en este caso contra el Presidente Sánchez, a través de la instrucción, por casi nadie entendida incluida la Fiscalía, contra Begoña Gómez.
Como siempre el Partido Popular tirando la piedra y escondiendo la mano mientras jalean sin cesar a la nueva estrella mediática, su señoría Peinado que no termina de aclarase ni tampoco de aclararnos de que va la historia una vez que una parte de su objetivo inicial ha recaído en la Fiscalía europea y la otra la consideró la Audiencia de Madrid como fuera de las competencias de su señoría.
Pero lo que siempre está presente, el hilo argumental que une la instrucción de Alaya, ahora desmontada paso por paso y la de su señoría Peinado, es el fervor del Partido Popular por las actuaciones de estos jueces de instrucción y el despareció al más alto Tribunal, el Constitucional cuando sus resoluciones convierten sus estrategias de aniquilación en juguetes rotos. Algún día todo se sabrá y se escribirá, pero para algunas de sus víctimas ya será tarde.