Que la política española tiene una buena nómina de profesionales del odio es algo que salta a la vista por muy poca atención que prestemos al debate público que cada día nos acercan con más crudeza los medios de comunicación.
De ahí que no parezca sorprendente, al menos a mí no me lo ha parecido, que en el último barómetro del CIS la inmigración aparezca como uno de los problemas más preocupantes para el conjunto de la población encuestada cuando hace pocos meses estaba a mitad de la tabla de las preocupaciones principales de los españoles y españolas.
Cabría preguntarse que es lo que ha provocado la escalada de la inmigración en la preocupación ciudadana, aún cuando según el Eurobarómetro en España sólo llega al 14% mientras por ejemplo en Alemania alcanza el 34%. Sin lugar a dudas un mínimo análisis de ese debate público otorgaría un porcentaje amplio de culpabilidad a los profesionales del odio, una parte cada vez más amplia de la oposición al Gobierno de coalición que se han convertido, unos por su propio ADN extremista y otros por conveniencia mimética, en auténticos profesionales de bulos, odio y tuits.
Odio, bulos y tuits han conformado un triángulo de las Bermudas donde ha desaparecido el respeto al diferente, ya sea por razón de raza, sexo, religión o cualquier otro tipo de creencia. Este comportamiento no nos ha resultado extraño en la extrema derecha de VOX y ahora SALF desde que consiguieron acceder a las instituciones, esas mismas que ellos denigran cada día. Pero lo que si resulta sorprendente es la deriva que ha tomado en ese sentido la cúpula del Partido Popular de Génova o la propia dirección del Grupo Parlamentario Popular en las Cortes Generales que bajo la batuta de la mano derecha de Feijóo, su paisano Tellado, un día sí y otro también se esfuerza hasta lo imposible por superar a la extrema derecha en promover el odio entre la ciudadanía.
Pareciera que en algunos partidos, en este caso el Partido Popular, especializarse en extender el odio produce una buena rentabilidad a quien lo hace. Da igual que el debate se centre en la inmigración, con casos tan sangrantes como el de la adopción de los menores migrantes en otras comunidades a fin de aflojar la presión migratoria en Ceuta o Canarias, o que en otras ocasiones el objeto de la discusión sea la financiación autonómica o en los últimos días la concesión de asilo político al líder de la oposición venezolana, lo único que siempre importa es extender el odio en este caso hacia el Gobierno.
Siempre hay un profeta del odio capaz de lanzar bulos y tuits mediante en esa especie de cruzada permanente contra la aritmética parlamentaria que les resultó tan adversa y los arrojó a la oposición. El último arrebato del Partido Popular ha venido de la mano de las declaraciones del supuesto moderado González Pons, el mismo que dijo aquello hace pocos meses de que el Tribunal Constitucional era el cáncer de la democracia española, y que ha acusado a Sánchez y su Gobierno de dar un golpe de Estado en Venezuela contra la oposición mientras el propio candidato de la oposición, Edmundo González ha negado cualquier coacción o presión del Gobierno Español. Y lo más curioso es que al mismo tiempo Maduro acuse al Gobierno de España de dar otro golpe, pero en sentido contrario.
Si no fuese por el daño que todo ello está comportando para la convivencia ciudadana, sería para reír y no parar, porque en materia de golpes de Estado como en tantas otras cosas en la vida, lo de sorber y solar al mismo tiempo no puede ser y, como dijo el torero, además es imposible.