Tras los primeros días de huelga en las factorías españolas de Airbus en protesta por el bloqueo en el diálogo entre las partes, creo necesario recordar la evolución llevada a cabo por el sector aeroespacial español para situar en su justo término la postura que están defendiendo los sindicatos. Como es sabido, nuestras reivindicaciones pasan por una revisión salarial justa en un contexto de elevada inflación, y por el cumplimiento de los acuerdos suscritos en el año 2021 entre Gobierno, Airbus y las federaciones de UGT FICA y CCOO de Industria.
Para empezar, hay que recordar que la antigua Construcciones Aeronáuticas, SA (CASA), precedente de la actual Airbus, era una empresa de titularidad española, de carácter público y con plena capacidad integral, es decir, preparada para llevar a cabo todo el ciclo de construcción de un avión, desde el diseño a la producción final. Entre sus muchos hitos, cabe señalar que CASA llegó a ser líder mundial en el segmento de aviones de transporte militar ligero y medio.
En 1999, y a través de su accionista SEPI, se integró en el consorcio europeo EADS-CASA. La incorporación se realizó tras el acuerdo suscrito por SEPI, las federaciones de industria de UGT y CCOO, y la multinacional. En este acuerdo se garantizó el mantenimiento de los centros de trabajo, de las actividades, del nivel de empleo, de las capacidades industriales y tecnológicas desarrolladas previamente en España, y el liderazgo español tanto en la estructura organizativa como en los programas de futuro, así como la participación y la capacidad de decisión de los directivos españoles y del Gobierno de España en el consorcio. Dicho acuerdo posteriormente fue renovado entre las partes interesadas.
Durante estos años, y tras la integración en Airbus, las plantas españolas de la matriz y toda la cadena de valor, han experimentado, al igual que el conjunto del sector a nivel mundial, un crecimiento importante en materia de empleo y de desarrollo tecnológico e industrial, contribuyendo significativamente en la puesta en funcionamiento de los nuevos programas y, alguno de ellos, siendo liderado por directivos y equipos de nuestro país.
En 2017, coincidiendo con el final de la vigencia de los compromisos adquiridos en los acuerdos de integración, la multinacional empezó a tomar decisiones perjudiciales para los intereses industriales de nuestro país. Han sido años de pérdida de empleo, de mermas en las capacidades tecnológicas e industriales, y de disminución en la influencia del Gobierno de la Nación y de representantes españoles y en los puestos de liderazgo y de toma de decisión de la compañía. Dada la enorme dependencia que tiene el sector aeroespacial español de la empresa Airbus, esta pérdida de peso político ha afectado negativamente al conjunto del tejido aeroespacial de nuestro país. Y todo ello, en un contexto internacional de crecimiento de la multinacional en todos sus segmentos.
Tras meses de conflicto promovido por los sindicatos de clase, en los que reclamamos a la Dirección de Airbus que potenciara al sector aeroespacial español de forma similar al como lo estaba haciendo en los otros países que forman parte del consorcio (Francia y Alemania), impulsando las plantas españolas como fuente de innovación, investigación, desarrollo tecnológico y generador de empleo de calidad, finalmente, en el verano de 2021, alcanzamos un gran acuerdo, que consideramos un hito para nuestro país, en materia de desarrollo industrial, empleo y condiciones sociales. El acuerdo fue firmando firmado nuevamente por las federaciones confederales de clase, el Gobierno de España y la propia multinacional Airbus.
El Gobierno español ha cumplido fielmente todos sus compromisos adquiridos, invirtiendo desde entonces 9.000 millones de euros públicos
El diálogo, el consenso, y la colaboración público-privado establecidos en el acuerdo, no sólo han permitido frenar la situación generada a partir del año 2017, sino que, además, ha conseguido revertir la situación significativamente. Airbus ha vuelto a la senda de la generación de empleo en las plantas españolas y en el conjunto del sector aeroespacial español, se han establecido mejoras sociales y económicas para quienes están contribuyendo con su esfuerzo al desarrollo de la compañía, al desarrollo industrial de las plantas y, en definitiva, a toda la cadena de suministros, además de volver a estar en los órganos de decisión.
El Gobierno español ha cumplido fielmente todos sus compromisos adquiridos, invirtiendo desde entonces 9.000 millones de euros públicos, fundamentalmente para la división de Defensa, al objeto de cubrir las necesidades de la Fuerzas Armadas en el nuevo contexto de la Política Europea de Defensa y el nuevo orden mundial. Es decir, el Gobierno de España ha cumplido su parte, luego tiene derecho a exigir reciprocidad y que la estrategia de crecimiento de la compañía repercuta también positivamente en los ciudadanos y ciudadanas españoles.
En la actualidad, Airbus se encuentra en una situación de récords tanto en materia económica, como comercial y de producción, lo que debe tenerse en cuenta a la hora de abrir un diálogo entre las partes que repercute, y de qué manera, en el principal activo que posee Airbus en España, que son las personas trabajadoras.
En este contexto, a nadie se le escapa que, para que las plantas españolas y el sector español se desarrollen industrialmente y generen ese empleo de calidad que demandamos, es más necesario que nunca la cooperación público-privado y un diálogo fluido que desemboque en el entendimiento y el consenso entre la compañía y los trabajadores y sus representantes. Espero que esta semana de huelga haya servido para reflexionar y recuperar el sendero del diálogo y el acuerdo con quienes siguen estando comprometidos con el futuro del sector aeroespacial español.