A finales de 2021, en los pasillos diplomáticos comenzó a debatirse la consideración de la inmigración irregular como una “amenaza híbrida”. Esto es, acciones coordinadas por grupos criminales e incluso por Gobiernos nacionales, que buscan atacar deliberadamente otros Estados a través de una amplia gama de medios y en distintos sectores (políticos, económicos, militares, sociales, informáticos, infraestructuras y legales). El ejemplo más claro y reciente de “amenaza híbrida” o “ataque híbrido”, serían los ciberataques rusos en el caso de las elecciones en Estados Unidos, y parece ser, igualmente, en las elecciones catalanas. El objetivo es claro: obligar al Estado destinatario de dichas acciones a actuar en contra de su voluntad o bien provocar un escenario no previsto ni deseado.
Otro ejemplo lo hemos tenido recientemente con ocasión de la crisis migratoria en la frontera de Bielorrusia con Polonia, Letonia y Lituania. En Bielorrusia, donde gobierna con mano dura A. Lukashenko desde hace casi 30 años, ha procedido a usar los flujos de inmigración irregular, dirigiéndolos hacia la frontera polaca, como mecanismo de presión ante las sanciones impuestas por parte de la UE. De este modo, a 16 de noviembre de 2021, se contabilizaban la llegada de 4.222 inmigrantes a Lituania 3.062 a Polonia y 414 a Letonia. La respuesta europea no se hizo esperar con la adopción de nuevas sanciones al régimen de Lukashenko y la propuesta de modificación de las normas Schengen en el caso de instrumentalizar la inmigración como medio de presión política por parte de Estados no miembros de la UE.
La naturaleza y alcance de las medidas que ha presentado la Comisión Europea han provocado ya el rechazo tanto del Parlamento Europeo como de varias ONGs. Y ello debido a que son dirigidas especialmente contra los flujos de inmigrantes, y no contra el ente que promueve estos flujos. Por otra parte, se incide en la idea de refuerzo de las fronteras exteriores europeas, sin tener en cuenta las necesidades individuales de cada inmigrante que desea alcanzar un territorio donde poder desarrollar un mínimo nivel de vida.
Conviene destacar que la inmigración como tal no es una amenaza a la seguridad. Según los datos de la Agencia Europea de Guardia de Fronteras y Costas (Frontex) y de Europol, el 90% de la inmigración está gestionada por el crimen internacional organizado, que es realmente la amenaza a la UE a través del tráfico ilícito de migrantes. Sin embargo, en el caso de Bielorrusia, quien se encuentra detrás de los flujos migratorios es un Gobierno de un Estado soberano e independiente. Ello nos lleva a considerar, en primer lugar, la necesidad de una redimensión del fenómeno migratorio en las Estrategias de Seguridad Nacionales. Y curiosamente, en la recientísima Estrategia de Seguridad Nacional española de noviembre de 2021, no se dice absolutamente nada al respecto.
Pero en segundo lugar, conviene determinar una aplicación análoga de la crisis en Bielorrusia al caso de Marruecos. Y claro, en este punto nos viene enseguida a la memoria la llegada continuada de inmigrantes desde el segundo semestre de 2020 a las costas canarias; pero mucho más impactante fue la llegada, auspiciada por los propios cuerpos y fuerzas de seguridad marroquíes, de casi 10.000 inmigrantes a Ceuta, en su mayoría menores de edad, en apenas 48 horas en mayo de 2021. Y todo ello provocada por la exigencia de Marruecos para que España apoye expresa y públicamente la posición de nuestro vecino sobre el futuro del Sáhara Occidental. Esto último es realmente el germen de la delicadísima situación diplomática de España con su vecino del sur.
Por otra parte, las medidas propuestas por la Comisión Europea, con independencia de su efectos reales, han sido adoptadas ad hoc, en caliente y ante la llegada inminente de unos 8.000 inmigrantes a las fronteras exteriores orientales europeas. Ello no obsta su posible aplicación a otros panoramas similares. Así, para el caso de Marruecos ninguna voz se ha levantado para su posible aplicación….y ya serían palabras mayores considerar cómo mínimo la opción de sanciones económicas a Marruecos, especialmente por la vulneración de normas internacionales intangibles como puede ser el respeto del derecho de autodeterminación del pueblo saharaui. Esta situación provoca una falta de coherencia en la política exterior europea; pero también por parte de España, que ha preferido no europeizar las relaciones con Marruecos, rechazando, al menos en el caso de Ceuta, un apoyo ejecutivo de la UE sobre el terreno, como pudiera ser el despliegue de una operación Frontex.
Pero además, la ausencia de cualquier iniciativa similar a la crisis hispano-marroquí en materia migratoria, pone en evidencia las complejísimas relaciones con el Reino alauita. Y ello se ve no solo en el panorama bilateral con España – con una clara política de Estado de no hacer nada respecto al Sáhara – sino igualmente a nivel europeo, donde por un lado están los países alineados por claros motivos económicos y comerciales como es Francia, y, por otro, tenemos a países, como Alemania, que pretendieron ser legalistas y finalmente han debido someterse al maltrato de Rabat. Y en medio, estamos nosotros que ni estamos ni se nos espera….
Para concluir, considero que la crisis en Bielorrusia, ha abierto una nueva perspectiva de afrontar la inmigración irregular, en el caso de ser instrumentalizada por Estados no miembros de la UE. Siempre en el escrupuloso respeto de los derechos fundamentales y de las normas en materia de protección internacional, considero que países como España deberían sacar conclusiones y provecho y exigir la aplicación de medidas contundentes contra aquellos Estados que usan a seres humanos como instrumentos de presión política. Lo contrario haría que nuestro país fuera tan culpable como los que promueven este tipo de “amenaza híbrida”.