El pasado viernes 24 de junio amanecimos con unos hechos ya vividos en otros momentos pero con un elemento adicional que nos hicieron llevarnos las manos a la cabeza. Se producía un nuevo asalto masivo a la valla divisoria de la Ciudad Autónoma de Melilla. Más de 1000 inmigrantes en una acción perfectamente organizada por las mafias del tráfico ilícito, 155 lograron superarla y entrar en “suelo español”. Y nuestro Cuerpo Nacional de Policía y Guardia Civil se vieron de nuevo totalmente superados, especialmente por la escasez de medios y la violencia del asalto. Y se produjeron, además, innumerables “devoluciones en caliente”, amparadas por una inaceptable y muy criticada Sentencia de Tribunal Europeo de Derechos Humanos de Estrasburgo, de noviembre de 2020, por el mero hecho de ser inmigrantes que intentan entrar de manera ilegal en “territorio español” (obvio por otra parte, y dado que no disponen de otra forma).
Pero esta vez la situación ha sido completamente distinta. Más dramática, más trágica, más vergonzosa. Y es que se ha podido confirmar la presencia de gendarmes marroquíes de lado español de la valla, deteniendo a inmigrantes y trasladándolos al otro lado, en un claro ejercicio de jurisdicción en nuestro territorio. Pero es más, se han registrado, al menos que se sepa, hasta 27 fallecidos entre los inmigrantes en sus enfrentamientos con los gendarmes en el lado marroquí. Una tragedia, sí, además maquillada de forma totalmente sarcástica por nuestro propio presidente del Gobierno que ha llegado a alabar la eficacia y buen hacer de las fuerzas marroquíes, en otro ejemplo de sumisión vergonzante frente al vecino alauita; o del anterior presidente de la Ciudad Autónoma y actual Senador por Melilla, J. Imbroda, que recuerda que las muertes se han producido en suelo marroquí, como quitándole hierro al asunto. La inhumanidad es una cualidad peligrosa y contagiosa.
No puedo concebir que nadie pueda alegrarse por la muerte de personas, máxime cuando son seres humanos que únicamente buscan un mejor lugar para vivir y huyendo, en muchos casos, de una guerra que ha destruido todo lo que tenían. Pero aparte de estas cuestiones morales, desde un punto de vista normativo, podemos destacar en estos sucesos dos cuestiones de interés y que pueden modificar la visión que tenemos respecto a los asaltos masivos.
En primer lugar, el hecho de la presencia de gendarmes marroquíes en “suelo español” no es nueva. A pesar de la negativa de su existencia por parte de las autoridades españolas, en todo el vallado existen unas puertas (77 en total, perfectamente numeradas) por donde los inmigrantes son devueltos desde más de 20 años. Por esas mismas puertas, cuando nuestros Cuerpos y Fuerzas de Seguridad se han visto desbordados y en la consecución de proceder a las “devoluciones en caliente”, a veces se han producido autorizaciones verbales para permitir a los gendarmes marroquíes entrar en suelo español y trasladar a los inmigrantes al otro lado de la valla. Otra cosa bien distinta es que en nuestro territorio estos gendarmes ejerzan competencias ejecutivas —detenciones, por ejemplo— o incluso ejerzan la violencia contra los inmigrantes, como parece se ha podido ver en videos e imágenes en los últimos días.
El ejercicio de la jurisdicción de fuerzas de seguridad de un tercer Estado en nuestro territorio debería ser autorizado de forma oficial y excepcional, por parte de las autoridades competentes, indicando el motivo, la duración y las limitaciones que dicha autorización conllevase, y nunca podría implicar la violación de los derechos humanos (como la prohibición de torturas o tratos inhumanos o degradantes) y siempre en pleno respeto de la normativa legalmente vigente. Algo que no parece, en modo alguno, se haya producido.
En segundo lugar, y no por ello menos importante: ¿dónde comienza España? Y no es una pregunta retórica. Y es que los actuales límites de Melilla se establecieron en varios Tratados internacionales entre el Reino de España y la entidad pre-soberana de Marruecos, representado por su Sultán. Estos límites se demarcaron a través del lanzamiento de balas por parte de un cañón en 1863 y finalmente se reflejaron sobre el terreno en 1891 a través de unas mugas, pequeñas torres cuadradas de piedra de unos 2 metros de altura que se extendieron de forma numerada por toda la zona limítrofe hasta un total de 18. Y así hasta los años setenta del pasado siglo, donde una epidemia de cólera en la parte marroquí provocó que se alzara una pequeña valla metálica de apenas 1 metro de altura por parte del ejército.
Y ya en los años noventa, frente a la incipiente llegada de inmigrantes irregulares, se decide instalar la actual valla de 3 metros de altura, ampliada a 6 metros a principios del siglo XXI. La cuestión es que la valla, tal y como la conocemos actualmente, se ha instalado enteramente en territorio español, dejando los restos de las mugas, en su totalidad y en perfecto estado de conservación, del otro lado de la valla, en zona controlada actualmente por las fuerzas de seguridad marroquíes. Lo que pretendo indicar es que España posee una franja de territorio soberano del lado marroquí, tras la instalación de la valla, y que se calcula entorno a 144.000 metros cuadrados. Y este territorio de soberanía española es totalmente vigente a fecha de hoy dado que una decisión del poder ejecutivo – el Gobierno con la instalación del vallado -no puede alterar una norma de derecho internacional como son los Tratados de delimitación fronterizos del siglo XIX. Esta realidad nos lleva a un par de conclusiones relevantes y vergonzantes para el Estado español:
Primero, de acuerdo con el principio de soberanía, toda acción por parte de terceros Estados en nuestro territorio debería estar perfectamente reglada y motivada y en ningún caso podría implicar la violación de los derechos humanos y demás normas de nuestro ordenamiento.
Segundo, las muertes provocadas por los gendarmes marroquíes se han producido, pese a quien le pese, en territorio español según los Acuerdos internacionales fronterizos. Es más, disponemos de sentencias judiciales españolas que acreditan la existencia de territorio español más allá de la valla, e incluso declaraciones del Gobierno en el seno del Congreso de los Diputados donde confirman dicha realidad.
Con todo, desde un punto de vista legal, nuestro ordenamiento dispone de herramientas suficientes para poder iniciar de oficio o a instancia de parte (Asociaciones de Derechos Humanos, ONGs, particulares, etc.) un proceso judicial para conocer la realidad de los hechos, como son gravísimas violaciones de derechos humanos, incluidas muertes violentas, en territorio de soberanía, mientras no se indique lo contrario, español. La valentía y dignidad de nuestros poderes públicos está en juego, y por supuesto jamás el garantizar unas buenas relaciones con nuestros vecinos puede justificar la muerte de inmigrantes y la vergüenza propia en nuestro territorio.
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