El terrible conflicto en Ucrania, la agresión sin provocación por parte de Rusia a Ucrania, ha conllevado a un gran número de personas a huir del país. Según fuentes del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Refugiados, se prevén más de 4 millones de desplazados en las fronteras exteriores europeas, especialmente en Polonia, Chequia, Eslovaquia y Rumanía, en lo que es ya la mayor crisis migratoria desde la Segunda Guerra Mundial en suelo europeo.
Por otra parte, hemos sido testigos de la impresionante manifestación solidaria de Europa y los europeos. La Unión Europea ha adoptado normativa específica para facilitar su acogida y protección temporal. Esta protección temporal les permite disfrutar de una serie de derechos económicos y sociales durante un plazo máximo de dos años: acceso a la vivienda y a un trabajo, sanidad, educación, etc. Por otra parte, algunos Estados, como España, han ampliado en algunos casos dicha protección; y los ciudadanos han mostrado un sentimiento de solidaridad son parangón, haciendo miles de kilómetros hasta la frontera polaca para traerse a hombres, mujeres, niños y familias completas y a fin de proporcionarles unas condiciones de vida estables y alejadas de la cruel guerra. Sin embargo, no es todo tan perfecto como parece.
En primer lugar, la protección temporal otorgada por la Unión Europea, se limita a los nacionales ucranianos y a los naciones de terceros Estados y apátridas (sin nacionalidad) que disfrutaban de protección internacional (asilo o refugio) en Ucrania en el momento de la agresión (24 de febrero de 2022), así como a sus familias. España es uno de los pocos países que ha ampliado esta protección a nacionales ucranianos que residían en España y a otros nacionales que residían legalmente en Ucrania, sin que estuvieran sujetos a mecanismos de protección internacional. Nada se dice sobre las personas que residiendo en Ucrania de forma ilegal huyeron del país ante el avance del ejército ruso. De ahí se desprende, quizás, que los guardias de fronteras polacos sólo dejen pasar a “rubios y de ojos azules”…
Por otro lado, los nacionales ucranianos disfrutan de la exención de visados para entrar en la UE, al menos durante 90 días en un periodo de 6 meses (180 días). Esto permite que estos ciudadanos puedan solicitar su protección temporal en cualquier Estado miembro. Esta situación conlleva de forma indirecta una suerte de reparto de la responsabilidad en la gestión de las solicitudes entre todos los Estados. Sin embargo, y a pesar de las perspectivas de la Comisión Europea, no hay un registro ni una declaración nacional donde se pueda determinar el número de desplazados que están llegando a cada país. Y mucho menos, las solicitudes que se están tramitando.
En línea con esto último, en el caso español, en mi modesta opinión, se observa una impresionante descoordinación entre las diversas administraciones centrales, regionales y locales con competencias varias en cuestiones migratorias, políticas de integración y servicios sociales. A ello se añade, además, los miles de ucranianos y ucranianas que están llegando de forma individualizada y gracias a las manifestaciones de solidaridad de españoles anónimos que dedican tiempo y dinero en acudir a su ayuda. Que conste que esto no es en absoluto una crítica a dicha solidaridad sino únicamente la exposición objetiva de un panorama respecto a lo que sucederá el día después.
Y es que el día después del fin de la agresión de Rusia, los ucranianos que se encuentran repartidos por los países europeos, no van a regresar de forma inmediata. Además, ni se sabe cuánto durará aún el conflicto ni nadie en su sano juicio desearía volver a un país totalmente destruido y que requerirá años y años de ayuda económica y reconstrucción. Y aquí es donde puede surgir el problema: las políticas de integración de los extranjeros, los medios con los que debe contar las diversas administraciones afectadas para acoger e integrar a cientos y miles de ucranianos. Me refiero a ayudas económicas, formación, centros de acogida, medios educativos adaptados y con traductores y psicólogos, etc. Y ello sin hablar de la lucha contra el crimen organizado y el tráfico de personas para fines de explotación sexual que ya se están viendo desgraciadamente.
En el caso español, las políticas de integración deberían conllevar un gran pacto estatal de todas las administraciones públicas afectadas (central, regionales y locales), con inversiones, reparto de responsabilidades, adecuación de los medios disponibles, transparencia, intercambio de datos, etc., y en coordinación además con los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad, y más allá de las continuas disputas partidistas tan habituales entre nosotros. Necesitamos entonces un gran pacto si realmente deseamos acoger e integrar a todos aquellos que huyen de una de las mayores atrocidades que puede provocar el hombre como es la guerra. Sin embargo, la experiencia española en este tipo de pactos es escasa, por no decir nula. Y la necesidad impera y la oportunidad histórica es inmejorable para cambiar las tornas….y si se incluye igualmente a aquellos que no son “rubios y de ojos azules”, mejor.