Doñana, ese enclave incomparable, con casi 123.000 hectáreas de extensión que conforman la suma del Parque Nacional y el Parque Natural, Patrimonio de la Humanidad desde 1994, en total 255000 ha denominadas reserva de la Biosfera por la Unesco en 2012, que incluyen zona de transición entre parque y términos municipales de la comarca de Doñana. Todas las protecciones medio ambientales posibles obran a su favor y aún así, son continuas las amenazas que se ciernen sobre dicho paraje.
Ya no es sólo la amenaza climática futura en dicho entorno, como consecuencia del cambio climático, sino que es en el presente donde observamos que el ecosistema se está alterando por la suma de elementos en contra: un nivel de lluvias cada vez más escaso, la subida de temperaturas y del nivel del océano Atlántico que aumenta la salinización de sus aguas, poniendo en peligro a muchas especies de animales y flora, que no podrán adaptarse.
Esta suma de factores influyó sin duda en los incendios sufridos en 2017, junto al triple 30: más de 30 grados de temperatura, menos de 30% de humedad y vientos superiores a los 30 kilómetros por hora. Y peor aún, la acción humana está degradando el entorno natural, a través de la sobreexplotación de los acuíferos, tanto por la agricultura intensiva como por la demanda de complejos residenciales cercanos.
Si el anterior gobierno andaluz del PSOE miró para otro lado en muchas cuestiones que atañen a la salud ambiental del Parque Nacional, e incluso desde el gobierno central se aprobó la construcción de un depósito de almacenamiento de gas en su subsuelo , el nuevo gobierno andaluz, el “tripartito” PP, Ciudadanos, junto al apoyo de Vox, nos dejaron en septiembre pasado el anuncio sobre la construcción de la autovía Cádiz-Huelva, que pasando por Doñana, estará incluida en el Plan de Infraestructuras del Transporte y la Movilidad.
Pero no todo son malas noticias, volviendo al asunto del gas, el martes 14 de enero el Tribunal Superior de Justicia Andaluz desestimó el recurso de la promotora energética Petroleum Oil & Gas contra la resolución de la Dirección General de Prevención y Calidad Ambiental de la Consejería de Medio Ambiente de la Junta de Andalucía que, el 8 de enero de 2016, denegó la Autorización Ambiental Unificada (AAU) al proyecto conjunto 'Marismas Oriental',
Haciendo un poco de memoria política, en septiembre de 2018, el eurodiputado de Equo en el grupo Verdes/ALE, Florent Marcellesi, visitó Doñana como miembro de la delegación oficial del Parlamento Europeo para analizar su situación y examinar el cumplimiento de la legislación europea. En aquel momento Florent Marcellesi ya dejaba clara su postura en estas declaraciones: "Lo que amenaza Doñana es un modelo energético sucio y obsoleto, así como la agricultura intensiva desregulada. Además de peligroso, el proyecto gasístico es sobre todo innecesario y contrario a la transición hacia energías renovables, para lo que Andalucía tiene un enorme potencial. Por su parte, el desarrollo de monocultivos está provocando explotación laboral y de los acuíferos.”
Posteriormente el Parlamento Europeo en marzo de 2019, con el informe de la visita de los eurodiputados, realizó una recomendación a las autoridades españolas para que detuvieran el proyecto gasístico desarrollado en el entorno del Parque Nacional de Doñana, y aprobaron recomendar que se suspendiesen todos los permisos concedidos hasta aclarar las irregularidades detectadas en la evaluación de impacto ambiental, así como iniciar las acciones legales necesarias para terminar con todo el Proyecto Marismas desarrollado por Gas Natural, cosa que ahora se produce tras la sentencia del TSJA.
Esa debe ser la línea a seguir y no continuar con las numerosas amenazas que pueden desembocar en la desaparición de un entorno privilegiado. No somos herederos de la Tierra que nos dejaron nuestros padres, la tomamos prestada de nuestros hijos.
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