El sector agrario ha tenido dos días triunfales en los que, debido a sus movilizaciones, al margen, además, de sus principales organizaciones, ha conseguido un importante altavoz para sus reivindicaciones con un punto de frescura, reivindicaciones que, salvo algunos excesos, han sido comprendidas por una parte significativa de la población. Por supuesto, la Política Agraria Común (PAC) o incluso la global Agenda 2030 son cuestiones complejas, pero la gente, en buena medida, se ha parado un momento a escuchar qué ocurre, qué ha llevado a la gente del campo a echarse a la calle en España, igual que ha ocurrido en media Europa.
Simplificando los problemas que hay, más allá de la sequía, a la gente se le ha explicado y ha comprendido que las exigencias para las frutas, verduras, hortalizas y cereales que se producen en Europa tienen que tener un especial cuidado con la preservación del medio ambiente, lo que limita (y encarece) el uso de determinados productos fitosanitarios, unas prácticas sobre las que, es cierto, no se tiene el mismo rigor cuando se habla de producciones llegadas más allá de los márgenes de la Unión Europea, lo que se entiende como competencia desleal.
El problema es que en este tipo de movilizaciones siempre se producen lo que podrían definirse como 'daños colaterales' del conflicto, que son las personas que llegan tarde a su puesto de trabajo, pierden (en el caso de Jerez, por ejemplo) un vuelo, no llegan a una cita médica o ven cómo la mercancía que llevan en el porte se puede echar a perder o pueden sufrir alguna penalización por la demora en su entrega.
Son miles los ciudadanos que se han visto afectados en temas de interés personal y profesional por los excesos que se han cometido al no atender las indicaciones policiales, así que harían bien los agricultores en reconsiderar algunas de sus actitudes de máximos, ya que el crédito que han obtenido se puede perder –por abusos y excesos– todavía más rápido...
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