La subida de la cesta de la compra continúa imparable, sin que el Gobierno introduzca medidas eficaces para su reducción. Se calcula que entre 2019 y 2023 la compra se ha encarecido ni más ni menos que un 26%. El año pasado, 2023, un año que ya no fue especialmente inflacionista, se estima que el incremento de este tipo de productos, que engloba alimentación, limpieza, higiene, etc, superó el 9%, lo que significó un récord absoluto en la facturación de las grandes cadenas de distribución que copan el mercado español. Es la alimentación la que más sube, sobre todo el aceite de oliva, azúcar, mantequilla, leche, harina, conservas, patatas y arroz.
Mientras el Gobierno ha establecido durante la crisis inflacionaria impuestos especiales en las grandes compañías eléctricas y en la banca, por lo que se ha definido como exceso de beneficios, impuestos que, en principio, van a continuar, no ha establecido ninguna medida concreta respecto a las grandes cadenas de distribución. Es obvio que si el Gobierno estableciera algún tipo de impuestos sobre estos ‘excesos de beneficios’, por seguir con la norma al uso, iban a terminar pagándolo los consumidores, con lo que llovería sobre mojado.
El Gobierno intentó hace poco más de un año atajar esta situación de manera parcial mediante la reducción del IVA en una serie de productos que se consideraron básicos –por cierto, el Gobierno de coalición y el PP fueron incapaces de ponerse de acuerdo siquiera en la definición de este concepto– no significó alivio alguno, ya que, entre otros factores, la introducción de manera simultánea de un nuevo impuesto a los envases de plástico hizo que prácticamente una cosa solapara a la otra.
Por entonces, desde el lado de Podemos se propusieron distintas medidas que no fructificaron, entre otras cosas, por su dificultad de implementación en el contexto occidental, como era el establecimiento de una red de economatos estatales.
A la vista de estos datos, el Gobierno, que sigue enfrascado en temas que no son del día a día de los ciudadanos, debería tomar el toro por los cuernos e introducir medidas encaminadas a solucionar o, al menos, paliar este problema que, además, recae sobre todo sobre las clases trabajadoras, parados y pensionistas.
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