En plena crisis en la Atención Primaria y en las urgencias de los hospitales debido al pico de enfermedades respiratorias (gripe A, gripe común, covid), la Consejería de Salud sigue cometiendo torpeza tras torpeza: primero por sus decisiones, después por el momento en que las toma. La 'última' de la Consejería ha sido la decisión de no renovar el año entero –al menos no del tirón– a los 7.000 contratos que vencían (buena parte de ellos provenientes de los refuerzos covid), tal y como se había anunciado apenas un mes antes.
Decisiones de este tipo solo contribuyen a crear perplejidad en todos los ámbitos. En primer lugar, entre los sanitarios afectados, a los que se les dice una cosa y ven cómo toda una Administración autonómica se desdice de lo dicho o le pone tantos matices que desvirtúa la decisión; en segundo, están sus propios compañeros, que están haciendo frente de nuevo a una situación tremendamente compleja cuatro años después de la pandemia y que ven con desasosiego la 'parcialidad' de los refuerzos comprometidos; a continuación estarían los ciudadanos, que ven cómo crecen los problemas y que la Consejería ni siquiera es capaz de poner un parche en condiciones –en realidad, el acuerdo para estos 7.000 trabajadores, a tenor de la situación que se está viviendo, no era otra cosa–, con la Atención Primaria desbordada (en muchos casos, imposible obtener cita antes de dos semanas con el médico de familia) desde mucho antes de la llegada del invierno.
El Ejecutivo autonómico –y muy especialmente su consejera, Catalina García– se está mostrando incapaz por ahora no ya de buscar soluciones a uno de los principales problemas que tiene Andalucía y del que el propio presidente, Juanma Moreno, ha declarado en más de una ocasión ser consciente, sino siquiera de articular un discurso mínimamente coherente sobre la crisis sanitaria –hay que decirlo ya– que padece la comunidad, más allá de apelar a la concertación con la privada, lo que tampoco está ofreciendo resultados visibles.