Como no podía ser de otra manera, la decisión del Tribunal Constitucional (TC) de amparar a varios consejeros condenados por el caso de los ERE de Andalucía ha terminado en bronca política. Mientras el PP duda de la independencia del Alto Tribunal en estas revisiones de causa, el PSOE, después de varios años a la defensiva y lamiéndose las heridas –en buena medida producidas precisamente por este caso– amenaza con llevar a los tribunales todas y cada una de las declaraciones descalificadoras contra los dirigentes del partido exculpados por el TC que salgan desde las filas populares e incluso culpa a las primeras sentencias, en una suerte de contubernio judicial y ultraderechista, de las victorias que, desde entonces, ha ido obteniendo el PP en Andalucía.
Son declaraciones que colocan a las dos grandes formaciones de Andalucía más allá de lo que se da en llamar el juego político y que hacen presagiar que en los próximos meses la tensión va a ir en aumento.
Ciertamente, tiene todo el sentido la interpretación de los hechos que está haciendo el TC, en tanto en cuanto la elaboración de los anteproyectos de ley y su aprobación como proyectos de ley por el Parlamento –estamos hablando de los Presupuestos de Andalucía– y su aplicación no pueden ser actos constitutivos de prevaricación. De ahí dimanan las sentencias de libertad para tres exdirigentes y la revisión a la baja de pena de otros dos exconsejeros, ambos por malversación, que deberá corresponder a la Audiencia de Sevilla.
También ha llegado el momento de que, en efecto, desde distintas instancias periodísticas y políticas se siga hablando de "el dinero de los parados de Andalucía", como si hubiese habido desempleados andaluces que, en algún momento, hayan visto menoscabados sus derechos o incluso sus percepciones. Nada que decir a la reasignación judicial de responsabilidades que se está produciendo, tanto de personas como de su alcance penal, ahora bien, la malversación (incluso con la actual reinterpretación del delito), el desvío de partidas, la 'compra' de la paz social con los 'conseguidores', la introducción de beneficiarios en listas que no les correspondía... los hechos siguen estando ahí.