A la gente no le preocupa el Apocalipsis, le preocupa si un familiar sale de la UCI cuando entra por Urgencias porque la sanidad pública está lo suficientemente engrasada para atender todo tipo de contingencias; al ciudadano medio no le interpelan las aspiraciones territoriales de unos megalómanos, sino si esta semana podrá tener dinero para comprar aceite de oliva para cocinar o si al final de mes le llegará para la luz, combustible e hipoteca. Si un narcicista y cantamañanas secesionista (técnicamente, como defienden expertos como el catedrático de Derecho Constitucional, Javier Pérez Royo, no es un prófugo) ha conseguido volver a ponerse en el centro del tablero de la contienda política y partidista de este país es que no hemos aprendido nada.
Si en Alemania nos han copiado el lujo de permitirse la siesta en verano, reconociendo que no solo es buena para la salud, sino que también es productiva, ¿por qué no copiarles el modelo que han ido aplicando —no en la actualidad— desde que en 1953 fuera la última vez que un partido ganó por mayoría absoluta? La llamada gran coalición es una suerte de pacto de Estado entre las grandes fuerzas que evita todo bloqueo en la política teutona, un mecanismo que arranca en la trágica experiencia del nazismo y el holocausto.
En España, de momento, parece que aún no es posible y parece preferible esa lógica patria a la que aludía Bismarck: "España es el pais más fuerte del mundo: los españoles llevan siglos intentando destruirlo y no lo han conseguido".
Si el PP de Alberto Núñez Feijóo, ganador de las pasadas generales, y el PSOE de Pedro Sánchez son incapaces de encontrar puntos de unión y consenso que desatasquen este nuevo bloqueo, la responsabilidad de Estado señala directamente a la repetición electoral el próximo 14 de enero y que entonces sea el conjunto de españoles y españolas el que decida. Lo que nadie entendería es que uno de los dos partidos —Feijóo ya ha dejado claro que no— se plegara a los delirios de quien va en contra del interés general fuera absolutamente del marco constitucional, queriendo hacer borrón y cuenta nueva —ley de amnistía—, aun sin propósito de enmienda; aplicando una testosterona secesionista que ya debiera estar desterrada del conjunto de la sociedad.
El encaje territorial, la financiación autonómica, más autogobierno e, incluso, por qué no, atacar de una vez por todas la financiación de los ayuntamientos —causa siempre olvidada— no son cualquier cosa, son asuntos innegociables a abordar más temprano que tarde, pero siempre y cuando los interlocutores tengan legitimidad plena para ello. Nadie que hable de unilateralidad en política o de seguir desobedeciendo a la Justicia, nadie que en definitiva se crea fuera de la ley o por encima del bien y del mal, debería tener ni un gramo de decisión sobre el futuro inmediato de todo un país.
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