No hay duda de que, a falta de algo tangible sobre la amnistía, la medida estrella del acuerdo alcanzado entre el PSOE y Sumar es la reducción de la jornada laboral a 37,5 horas a la semana. En principio, es evidente que se trata de una buena medida para los trabajadores, mismo sueldo por media hora de trabajo menos al día... pero en las últimas 24 horas han sido muchas las opiniones que han surgido en contra o, sin pronunciarse tan abiertamente, han introducido una serie de matices. Hay que recordar que desde el PSOE, la propia vicepresidenta económica, Nadia Calviño, no era partidaria de esta reducción.
En primer lugar, hay que tener en cuenta que esta medida alcanza únicamente al pacto que se hizo el martes oficial, el del PSOE y Sumar, es decir, se da por hecho que habría una mayoría suficiente para respaldar la misma en el Congreso. Eso supondría que partidos siempre próximos a los empresarios vascos y catalanes, como el PNV o incluso Junts (al menos la parte Convergente), de cuyo apoyo necesitan por fuerza PSOE y Sumar, se abonarían sin más a dicha medida, algo que está por ver. Desde Sumar se sobrentiende que esta medida alcanza a Podemos (cinco diputados), que querían ir más lejos, dejando la jornada en 35 horas semanales.
La patronal CEOE ha salido en contra de esta posible medida, al entender que no la han negociado los agentes sociales (si bien es cierto que UGT y CCOO se han mostrado a favor). Tampoco desde los autónomos de ATA se ha recibido bien la medida, con un gráfico "es como si te invitan a cenar pero sin pagar la cena".
Desde la Unión Europea no ha habido grandes reacciones por ahora. Se trata de una medida que está instaurada en algunos países de Europa –Francia, sin ir más lejos, tiene la jornada laboral en 35 horas semanales–, por lo que no ha lugar a grandes controversias, otra cosa es cómo otras de las 230 medidas que dan forma al acuerdo programático 'encajan' con las peticiones de reducir el déficit apelando a una disminución del denominado 'escudo social' que, en absoluto, se contempla por el Gobierno en ciernes.
Sin pretenderlo, tal vez ha sido la OCDE, la organización que agrupa a los cuarenta países más desarrollados del mundo, la que toca en su último informe esta medida sin citarla expresamente. La OCDE hablaba de "baja productividad" en España justo un día antes de que se diera a conocer la propuesta de reducir la jornada, así que queda dicho lo que puede pensar de la misma. Esta organización también pedía menos deuda y era partidaria de que se suban el IVA e impuestos medioambientales, aspectos que, en principio, tampoco parece que vayan a tomar en consideración por el gobierno de coalición PSOE-Sumar de reeditarse.
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