El Ministerio de Trabajo, que dirige Yolanda Díaz, sigue trabajando en la introducción de manera progresiva de la jornada laboral de 37,5 horas a la semana. Se trata de una medida que solo puede interpretarse de manera positiva para los intereses de los trabajadores, siempre y cuando se respete de manera real la nueva jornada y se mantengan los salarios. Como es sabido, la idea de la ministra Díaz es introducir a comienzos de 2025 la jornada de 38,5 horas. No es seguro que ya en 2026 se introdujera la jornada de 37,5 horas, aunque la idea, en cualquier caso, es terminar la legislatura (verano de 2027, si no hay adelanto) con esta medida ya aprobada y funcionando.
El ministerio ha comenzado a trabajar en este tema a dos bandas, con la convocatoria de dos mesas diferenciadas. En una estarán solo los responsables de los sindicatos y de la patronal CEOE y, en otra, estará el propio ministerio junto a los propios responsables de los agentes sociales convocados. Este es el tema en el que lleva enfrascado el ministerio durante toda la semana, entre el aplauso de los sindicatos que, con matices, ven positiva esta medida, y el recelo de los empresarios que ven problemas tanto formales como de fondo.
Hay que recordar que en España casi el 40% de los trabajadores ya están acogidos a un convenio de 37,5 horas semanales –entre otros, casi todos los funcionarios y trabajadores públicos–, lo que no significa que el resto esté necesariamente en convenios de 40 horas, ya que también los hay en ese 'período intermedio' de las 38,5 horas.
Las protestas de los empresarios tocan distintos ámbitos, desde una posible caída de la productividad (se aventura el 6%) a una pérdida de la competitividad (si las empresas optan por asumir ese gasto), o incluso un incremento de precios, si optan por repercutirlos. En cualquier caso, los empresarios también han protestado todas las subidas del Salario Mínimo Interprofesional (SMI) que ha llevado a cabo el gobierno de coalición PSOE-Sumar, muy por encima de la inflación, y tampoco se ha podido detectar la anunciada repercusión negativa en la economía.
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