La vivienda, la aplicación de la Ley de Vivienda, tiene pinta de convertirse en el nuevo tema de enfrentamiento entre el Gobierno central y las comunidades gobernadas por el PP o, lo que es lo mismo, entre socialistas y populares. La ministra del ramo, Isabel Rodríguez, ha anunciado que las comunidades que sean "insumisas" –ese es el término que utilizó– en cuanto a la aplicación de la Ley de Vivienda dejarán de percibir fondos para financiar sus propias políticas en esta materia, que es una parte muy significativa, ya que se sitúa entre el 70 y 75% del total que manejan.
Está claro que este anuncio tiene una destinataria concreta, que es la Comunidad de Madrid y su presidenta, Isabel Díaz Ayuso, que es el ariete del enfrentamiento permanente del PP contra el PSOE. La ministra Rodríguez no ha disimulado lo más mínimo, ya que ha citado expresamente a la presidenta madrileña y a sus políticas neoliberales, que dificultan o directamente imposibilitan el acceso a la vivienda –tanto en propiedad como en alquiler– cada vez a más amplias capas de la sociedad.
Pese a tener un 'objetivo directo', es evidente que este tema, si finalmente se lleva a cabo en estos términos, terminará por salpicar a Andalucía, que además ha anunciado que tendrá nueva Ley de Vivienda propia para el 2025. Andalucía y Madrid, en el acoso al Gobierno por parte del PP, están desarrollando unos papeles que se asemejan al clásico de 'poli bueno, poli malo'.
El acceso a la vivienda es una preocupación creciente entre los españoles, hasta el punto de que se ha aupado a la segunda posición, según refleja el último barómetro del Centro de Investigaciones Científicas (CIS). El Gobierno sigue defendiendo las bondades de la actual ley, pero lo cierto es que no ha servido para solucionar, o al menos mitigar, este problema. El precio en propiedad sigue creciendo a tasas del 4,3% anual de media (estudio de BBVA Research), con el alquiler desbocado, alcanzando en algunas ciudades españolas un crecimiento anual de dos dígitos, malos datos para el conjunto de la sociedad obtenidos con la ley estatal actual ya en marcha.