En el estado de derecho, parafraseando al presidente Sánchez, a veces se dan estas cosas: lo indecente puede ser legal y lo decente puede ser ilegal. Bonita paradoja. Bildu puede presentar candidatos que han militado en ETA y que incluso han cumplido condena por delitos de sangre –gran eufemismo para definir asesinato– y es perfectamente legal, aunque al presidente no le parezca, literalmente, decente. Mientras esto ocurre, por ejemplo en Madrid pero también en otras grandes ciudades, familias que pagan y están dispuestas a seguir pagando un alquiler razonable por sus viviendas, algo que nadie tiene dudas de que es de lo más decente, pueden ser desalojadas de sus viviendas porque se han vendido legalmente a un 'fondo buitre'. Tal vez no debería, seguro que no, pero el mundo es así.
El caso es que, al final, los 44 ex miembros de ETA que van en las listas de Bildu están centrando los primeros días del debate electoral del 28M. En realidad, este hecho no debería sorprendernos. Atención, no nos referimos a lo de Bildu, sino a que un tema, digamos, de calado o de interés nacional, sea el que mediatice el debate de una cita que debería ser en exclusiva municipal y (parcialmente) autonómica. Es lo habitual. El PP ha encontrado en este asunto un tema con el que acosar al PSOE por el silencio que, en primera instancia, mantuvo al respecto de las listas de uno de los socios preferentes. Pero es que realmente el PSOE tampoco partía exactamente con la idea de dejar que fluyera el debate en clave de política municipal y autonómica. Los socialistas habían cogido aire –o eso estaba en el ambiente– con la Ley de Vivienda, el anuncio de la oferta de miles de pisos en alquiler a precios reducidos y el último de ayudas para la compra de una vivienda a los jóvenes mediante el acceso a los fondos del Instituto de Crédito Oficial (ICO), temas que, si bien es cierto que se pueden 'trocear' por autonomías o municipios, lo cierto es que su apuesta de inicio era centrar el debate general en estos asuntos. Ese era el plan.
Los socialistas han ido respondiendo –la visita de Pedro Sánchez al presidente Joe Biden justo al inicio de campaña electoral tampoco ayudó mucho– al ataque popular con salidas de los ministros (hoy mismo ha sido la ministra Margarita Robles) y, sobre todo, de los barones, pero el PP es consciente, o eso piensa, de que ha mordido hueso y, cuatro días después del inicio de la campaña, no cede. Isabel Díaz Ayuso, presidenta de Madrid, ha sido la última en entrar al debate, al sugerir que tal vez habría que plantearse la ilegalización de Bildu.
El caso es que cuatro días después del inicio de la campaña el debate local sigue estanco. Si había dudas, la sensación de que las elecciones del 28M se contempla por los grandes partidos, PSOE y PP, como la primera ronda de las elecciones generales de diciembre va en aumento...