Ha causado estupor en el mundo de la prensa gaditana el libelo (el infame texto está fuera de todo género periodístico) que ha colgado en su web este fin de semana un portal digital con apariencia de web informativa radicado en El Puerto. En el escrito se ataca a la compañera Teresa Almendros, veterana periodista de la delegación de El Puerto de Santa María de Diario de Cádiz, en el que no solo se coloca su foto como diana, se lanzan gravísimas acusaciones contra su persona, se la difama y se vierten todo tipo de improperios, sino que incluso se cruza la línea roja de publicar su domicilio particular y hablar hasta de su hija.
El repulsivo ataque, que ya ha sido condenado por la Asociación de la Prensa de Cádiz (APC) y por el Colegio de Periodistas de Andalucía, es aún más grave si se tiene en cuenta que dicha web refleja banners (inserciones publicitarias) del Ayuntamiento de El Puerto y, con anterioridad, de la Junta de Andalucía —hasta 36 portales digitales financia, según sus propios datos, aunque curiosamente veta a lavozdelsur.es del reparto, de los poquísimos que sí figuran en el Registro Oficial de Medios Digitales (Romda) del Colegio de Periodistas de Andalucía—, lo que significa que está dedicando ingresos por publicidad institucional a una plataforma digital con evidentes intenciones espurias y que atenta contra todo principio deontológico del oficio periodístico.
Lo más repugnante es que no es la primera vez que sucede. Antes, esta web ya publicó otros escritos similares contra la misma periodista, aunque sin llegar tan lejos, pero es que en la zona hay múltiples ejemplos de "negocios digitales" que llevan ejerciendo desde hace ya varios años este tipo de prácticas y, al mismo tiempo, siendo premiados por administraciones públicas en el reparto de la publicidad institucional. Premiados, claro, no por tener una línea ideológica clara en su producción de contenidos propios, que sería lícito y hasta sano para enriquecer la oferta informativa, sino por estar directamente al servicio de quienes los sustentan y quienes, probablemente, se los han sacado de la manga de un día para otro.
Una fuente de financiación que, a día de hoy y en gran parte de las administraciones públicas —especialmente las más poderosas y con más fondos para destinar a estas partidas—, se gestiona de forma opaca y arbitraria, sin criterio objetivo alguno y a menudo violando el pluralismo y, probablemente, entrando de lleno en el terreno de la prevaricación administrativa, un delito vinculado a la gestión de la cosa pública que no es más que hacer algo mal a sabiendas de que se está haciendo mal.
Lo gravísimo no es solo que un supuesto negocio digital con apariencia de portal informativo se permita estas licencias, que esperemos que sean puestas a disposición judicial cuanto antes, lo peor es que haya gestores públicos que las amparen con dinero de todos. ¿Quién está detrás de todo esto? Un simple vistazo a la web causa sonrojo y vergüenza ajena: un contacto sin más señas que un mail y un quiénes somos hasta con erratas. Ante esta situación más generalizada de lo que parece, ante tanta mala praxis, intrusismo y piratería, no queda otra que unir fuerzas y poner coto desde quienes sí verdaderamente defienden cada día con dignidad, creando empleo y pagando impuestos este noble oficio. O puede que acabe sucediendo como con aquel famoso poema de Niemöller: Luego vinieron por mí, y no quedó nadie para hablar por mí".