La vivienda era una de las promesas electorales 'estrella' con la que se presentó el Partido Socialista a las elecciones del pasado mes julio. Con la colaboración de otras administraciones, Pedro Sánchez estaba en disposición de anunciar hace casi un año la construcción de cerca de 300.000 viviendas de titularidad pública que al menos se iniciarían a lo largo de la legislatura en curso. ¿Qué hay de eso por ahora? Absolutamente nada. El PSOE tiene serios problemas para gobernar, como consecuencia de su debilidad parlamentaria y la necesidad continua del apoyo de todos sus socios para todas sus iniciativas, lo que hace muy difícil avanzar, al tratarse en ocasiones de fuerzas de ideología muy distinta y que se relacionan en el mismo ámbito (sobre todo Cataluña y Euskadi).
Con todo, el de la vivienda es un problema de múltiples aristas que, desde luego, la ley de Vivienda que sacó el gobierno de coalición está demostrando que, en la práctica, no está solucionando. Hay muchísimas cuestiones que no tienen nada que ver entre sí y que, por ejemplo, confluyen cuando se habla de vivienda, por ejemplo inmigración y turismo. No hay una cifra cerrada, pero se estima que España después de la pandemia está recibiendo más de 200.000 inmigrantes anuales que, obviamente, necesitan una vivienda. Teniendo en cuenta el imparable precio de los alquileres, están también los miles los jóvenes –y no tanto– españoles que querrían independizarse, pero no pueden pagar el precio de mercado... todo esto en un país en el que se calcula que hay cerca de 4 millones de viviendas vacías, es decir, es un sector muy distorsionado.
Además, en los últimos años se están intensificando distintos fenómenos que parece que vienen a añadir nuevos problemas, incluso de convivencia, caso de la 'turistificación'. La retirada de vivienda del mercado tradicional para destinarlo a turístico tiene evidentes consecuencias, como el encarecimiento de los que se quedan en 'tradicional', por la simple ley de oferta y demanda, además del problema social que se está larvando –ahí está el inaceptable caso de la señora mayor de Cádiz– y que harían bien las autoridades en atajar antes de que estalle.
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