Angus Galdrán. Área de Igualdad de Izquierda Unida Jerez
La ley sobre salud sexual y reproductiva que se aprobó en el año 2010 era una ley que incorporaba garantías con respecto a la ley de supuestos de 1985 e incluía el derecho de las mujeres a abortar hasta las 14 semanas de embarazo, sin permiso de nadie y de forma segura desde el punto de vista sanitario y jurídico, tanto para ellas como para los profesionales de la salud. No obstante, era una ley que tenía grandes debilidades.
Con la contrarreforma de la ley del aborto del gobierno del PP, regresamos a tiempos que ya creíamos superados. Esta ley más restrictiva y retrógrada que la de 1985, nos hará retroceder tres décadas y nos colocará a la cola de los países de Europa.
Los principales grupos del Parlamento Europeo, a excepción del Partido Popular europeo, han pedido al Gobierno español que dé marcha atrás con su reforma de la ley, porque va en contra del derecho de la mujer a decidir sobre su cuerpo y su maternidad. Pero el Gobierno hace caso omiso tanto a esta petición como a las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud (OMS), que advierten de que el aborto inseguro es una de las cuatro principales causas de mortalidad.
Está demostrado que en los países europeos con leyes más permisivas sobre interrupción voluntaria del embarazo, han disminuido el número de abortos, pero al Gobierno poco le importa la salud y la vida de las mujeres que se verán obligadas a abortar de forma clandestina, lo que le importa es satisfacer los deseos de la jerarquía eclesiástica y de los sectores más conservadores de la sociedad. No tienen suficiente con recortar el gasto social perjudicando con ello especialmente a las mujeres, no se conforman con imponernos su modelo único de organización social y familiar, sino que también quieren convertir un derecho en un delito.
Desde Izquierda Unida, manifestamos nuestro profundo rechazo ante esta ley que el gobierno pretende imponer, porque suprime derechos y resta libertad y autonomía a las mujeres para decidir si quieren o no ser madres, las expone a un mayor riesgo para su salud y su propia vida, especialmente a mujeres que no tienen recursos económicos y no podrán viajar al extranjero a abortar.
Entendemos que una ley sobre el aborto tiene que estar orientada a respetar, proteger y cumplir los derechos de las mujeres, sin interferencias, ni tutelas ni penalizaciones. Creemos que debe contemplar una educación sexual que recorra todos los niveles educativos, para prevenir embarazos no deseados. Creemos que tiene que ser la mujer, en el ejercicio pleno de sus derechos, de su libertad y de su autonomía las que decidan sobre su vida y su maternidad. Rechazamos por tanto la injerencia de la Iglesia católica y de la derecha más recalcitrante en asuntos que sólo atañen a las mujeres.
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