Como portavoz del Grupo Parlamentario Socialista en la Comisión de Vivienda del Congreso de los Diputados en la pasada legislatura, no quiero dejar pasar la oportunidad de expresar mi satisfacción al conocer -ayer a última hora- que el TC ha desestimado, casi en su totalidad, el recurso interpuesto por el PP contra el RD-ley 7/2019 de medidas urgentes en materia de vivienda y alquiler.
Pero antes de valorar el contenido de esta sentencia, quisiera poner en contexto lo que políticamente supone este nuevo varapalo judicial que el PP ha recibido. La vivienda es una pieza clave de nuestro Estado de Bienestar. Es obligación de los poderes públicos promover el acceso a una vivienda digna para todos los ciudadanos. Y ante esta obligación, la derecha siempre ha mirado a otro lado.
A las pruebas me remito: primero la derecha cedió, allí donde gobernaba, viviendas sociales a fondos buitres. En segundo lugar, la derecha interpuso recursos en el Tribunal Supremo contra las sentencias que declaraban nula la venta de dichas viviendas sociales a esos fondos buitres. Y, por último, la derecha ha interpuesto este recurso de inconstitucionalidad en el Tribunal Constitucional contra una norma que favorece el acceso a la vivienda digna. Me avergüenza que la derecha haya pleiteado siempre contra las familias y en favor de las grandes corporaciones. Quienes siempre pronuncian la palabra Constitución como arma arrojadiza deberían leer esta sentencia del TC y replantear sus políticas, extremadamente antisociales, hechas a medida de las grandes empresas y en contra de los intereses de la ciudadanía. Muchas familias han perdido su vivienda en la etapa del gobierno del PP. Por eso me reconforta saber que el TC ha rechazado casi de forma íntegra el recurso planteado por el PP. Y esto es bueno para la gente.
En efecto, el TC ha avalado, casi por completo, tanto el fondo de la nueva normativa del Gobierno socialista, como el procedimiento empleado para aprobarla. El TC ha rechazado el cuestionamiento que el PP plantea sobre la urgencia y la necesidad de la inmensa mayoría de estas políticas. Este fallo significa un respaldo jurídico de primer nivel a las políticas de vivienda del Gobierno y es un varapalo a las objeciones del PP y, en cierto modo, a sus políticas de vivienda, cuyos desmanes y perjuicios corregía precisamente el RD que han cuestionado.
Con este fallo queda patente que en España era urgente y necesario aumentar el tiempo mínimo de los contratos; era urgente y necesario aumentar las prórrogas de los contratos; era urgente y necesario congelar las subidas; era urgente y necesario limitar las garantías adicionales en los contratos; era urgente y necesario exigir más seguridad jurídica en los procedimientos de desahucio; era urgente y necesario implementar medidas fiscales y económicas para incentivar la oferta; y era urgente y necesario permitir que los ayuntamientos pudieran destinar sus remanentes de tesorería a desarrollar sus parques públicos de vivienda.
Es decir, con esta sentencia del TC se avala el grueso de la reforma socialista a las políticas ultraliberales impulsadas por el PP en 2013. El cuerpo de nuestra reforma ha sido declarada plenamente constitucional, y era urgente y necesaria.
Es cierto que el TC ha considerado, de la veintena de medidas impulsadas en este RD, que no revestían carácter de urgencia tan solo dos disposiciones adicionales del RD. Poca cosa para una norma tan ambiciosa, que en el resto de su articulado ha quedado refrendada íntegramente. Pero que la derecha no confunda a la ciudadanía con estas dos alegaciones del TC a estas dos disposiciones adicionales del RD. Que el TC no haya aceptado que se aprobaran por el procedimiento de urgencia no quiere decir que haya dicho que esas medidas son inconstitucionales. El Tribunal ha cuestionado, de estas dos disposiciones adicionales, la forma, no el fondo.
En efecto, el Tribunal no ha considerado que la movilización de suelo público se aprobase por procedimiento de urgencia, lo cual no obstaculliza la capacidad que tiene el Gobierno para movilizar suelo público y destinarlo a viviendas en alquiler social o asequible. Y tampoco afecta a la determinación del Ministerio en ese sentido, como tampoco al plan del Gobierno de permitir que la iniciativa privada promueva vivienda pública a cambio de explotarla en régimen de alquiler social durante 50 años.
De hecho, el Gobierno sigue apostando por fomentar el arrendamiento social como un instrumento efectivo para recuperar el parque público de vivienda, dinamizar la economía y crear empleo.
Y es por ello por lo que la ciudadanía debe saber que la movilización del suelo público para destinarlo a alquiler social sigue adelante. De la misma forma, debe saber, que todo el resto del articulado del Decreto ha sido refrendado. Una objeción de tipo formal a dos disposiciones adicionales de un RD tan extenso no es suficiente para desmerecer que el Gobierno ha cosechado un notable éxito. Este RD-ley cambiará las condiciones de vida de la ciudadanía, y para bien.
Ahora es el PP quien tiene que dar explicaciones sobre por qué no consideraba urgentes y necesarias todas estas medidas en materia de vivienda cuya constitucionalidad el TC ha refrendado. Y, sin embargo, por qué sí consideró necesario recurrir ante el Tribunal Supremo las sentencias que declaraban nulas la venta de viviendas sociales a fondos buitres.
El PP debe explicar por qué pleitea contra las familias y en favor de los fondos buitre. Quizás cuando lo expliquen puedan hallar tiempo para reflexionar sobre por qué han perdido durante 2019 un total de 5 elecciones.
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