Leo el titular y casi me caigo de la silla: “El Gobierno va a aumentar los fondos que recibe la educación concertada” (El País 23/10/24). ¿El Gobierno, Gobierno? ¿El central? Pues sí. No el de Juanma o el de Ayuso, que son como más de consagrar lo privado en quebranto de lo público.
Pero sigo con la noticia, el Gobierno quiere revisar la cuantía de los convenios para garantizar la gratuidad real de este tipo de enseñanza.
Vale, yo y muchísimos más somos partidarios de suprimirlos. Es lo que habría que hacer. Pero el Secretario de Estado para la Educación dice que no, que hay que cumplir la Ley, la Lomloe (2020), en su disposición adicional 29.
A cambio se va a exigir a los centros concertados, primero, a que no cobren cuotas y segundo, transparencia en los procesos de admisión.
Y digo yo: ¡Oiga, que eso también está en la Ley y no se cumple!
Todo el mundo sabe que los concertados cobran cuotas ilegales que, según el informe ESADE, alcanzan los mil millones de ingresos en cuotas no reguladas, y que además suelen ser opacas a Hacienda.
También las administraciones educativas saben, o deberían saber, las trampucherías de los concertados en los procesos de admisión.
Ambas cosas las saben -o deben saberlo- la Inspección y las administraciones educativas.
Y deben saber que España lidera tristemente la brecha socioeconómica de la desigualdad entre el alumnado de la educación pública y la de los centros concertados.
Hoy por hoy, en España, los centros concertados reciben el 30% del alumnado, al que debería referirse con más exactitud como clientela. Pero la patronal de la concertada gimotea y alega que sus centros están infrafinanciados. Esto tiene dos trayectorias: una, pueden renunciar a los conciertos y cobrar al usuario como centros privados. Dos: aceptar y cumplir las leyes, TODAS, y seguir en ese limbo de centros privados sostenidos con fondos públicos, para lo bueno y para lo menos bueno.
En 1985, cuando se crearon, tal vez fueran necesarios. Hoy ya no, y menos con esa patronal pedigüeña y nunca satisfecha, que exige el cumplimiento de la Ley, pero que en cuanto puede se la salta con sus cuotas ilegales y opacas, y sus artilugios para admitir a quien le da la gana. Dos para mí, una para ti.
Así que lo mejor sería suprimir los conciertos. Y pronto.