Hace poco más de un año, en junio de 2019, publicaba Amnistía Internacional su informe Pupitres libres de acoso escolar. En este informe se analizaban estos datos y la eficacia de las medidas tomadas por las autoridades para hacer frente al problema. Los resultados eran demoledores. Muchas de las medidas necesarias propuestas por los diversos organismos no se estaban implementando y quedaban importantes lagunas por cubrir para garantizar la protección de nuestros niños y niñas La situación no ha cambiado mucho, el acoso escolar sigue y seguirá siendo un grave problema aunque este año no se hable de él.
Tampoco parece que nos acordemos ya del otro gran problema de derechos humanos del que hablamos el curso pasado. Me refiero al famoso PIN parental que cierto partido político español lanzó hace ahora un año, coincidiendo con el principio del curso 2019/2020, que tuvo su máximo punto de inflexión allá por el mes de febrero y que sólo un mes después ya habíamos olvidado a causa del gran problema que nos ha ocupado desde hace 6 meses y que seguirá ocupándonos en los próximos.
Este año el gran problema volverá a ser, como acabó siendo el pasado, el derecho a la educación, al que se le unirá el derecho a la salud. La covid-19 está trastocando todos los derechos y quienes tienen las responsabilidades de gobierno parece que no están haciendo, una vez más, todo lo que podrían y deberían hacer.
La crisis sanitaria de la covid-19 está dejando en entredicho la apuesta política por la defensa de los derechos humanos. Es cierto que la crisis sanitaria se ha convertido en una crisis económica y que no podemos dejar de lado la economía. Es cierto que está trastocando la percepción de algunas personas que, algo confusas, están considerando un ataque a sus derechos fundamentales las limitaciones de sus libertades, establecidas por la administración. Siempre tenemos que estar vigilantes ante la tentación de limitar los derechos de los ciudadanos por parte de quienes ostentan el poder. Pero no debemos olvidar que ninguno de los derechos promulgados en la Declaración Universal de los Derechos Humanos es lo suficientemente importante como para ir en perjuicio de los derechos del resto de las personas, especialmente de las más vulnerables.
En realidad hablar de derechos fundamentales es una trampa muy común que sólo pretende esconder derechos por no fundamentales. Los derechos humanos son universales, indivisibles e irrenunciables y nunca el derecho personal de uno puede poner en peligro el disfrute de los derechos de los demás. Por eso, a veces, para asegurar el disfrute de derechos tan básicos como el derecho a la salud, o incluso a la vida, de toda la comunidad, es necesario poner ciertos límites, los mínimos necesarios, a otros derechos como el derecho a la libertad de movimiento o el de no portar una determinada prenda, como la mascarilla. Pero no debemos olvidar nunca que nuestra actitud tiene que defender y garantizar, en la medida de lo posible los derechos a la salud, a la vida, al trabajo, a disponer de la mejor calidad de vida posible y, por supuesto, el derecho a la educación.
Porque parece que esta crisis sanitaria está afectando especialmente a los mayores y a los más pequeños. A los mayores que se han visto diezmados y no han podido, en muchos casos, ni tener el débil consuelo de morir rodeados de los suyos. Y a los más pequeños, en quienes la crisis sanitaria se está convirtiendo en algo mucho más grave.
Los últimos meses del pasado curso han sido nefastos para la educación de nuestros niños, niñas y adolescentes. Lo dicen los padres y lo dicen los profesores. Y nadie conoce mejor a nuestros niños que sus padres, sus madres y sus profesores. El derecho a la educación es uno de los derechos más básicos. De hecho es el único DESC que nuestra Constitución coloca entre los derechos fundamentales y no entre los “principios rectores de la política social y económica”, curiosa forma de llamar a los derechos cuando no se quiere que sean derechos pero se quiere que parezca que se los considera como tales.
Dicen padres y enseñantes que este último tercer trimestre ha sido un trimestre perdido, especialmente para los más desfavorecidos, porque si ha habido algo que hemos constatado es lo que puede suponer la brecha digital en una sociedad cada vez más digitalizada y en una situación en la que un derecho tan básico como el de la educación, depende de lo digital. Creemos que no sería descabellado decir hoy en día que el derecho a un internet de calidad es un derecho tan esencial en nuestra sociedad como el derecho al agua. Pues bien, pasados 6 meses y a punto de empezar el nuevo curso, no parece que ni gobierno central, ni comunidades autónomas hayan hecho gran cosa para evitar esa brecha digital que impidió a muchos niños, niñas y adolescentes disfrutar plenamente de su derecho a la educación en los meses pasados.
El derecho a la educación sigue estando en la cuerda floja. No parece, si oímos a los sindicatos de profesores y a las Ampas, que se hayan puesto las medidas necesarias para garantizarlo en las mejores condiciones. Todos, administración, padres y profesores defienden la vuelta a las aulas de manera presencial, en el convencimiento de que volver a la enseñanza virtual puede suponer una gran merma en la educación de nuestros jóvenes, especialmente en aquellos sobre los que se ceba la citada brecha digital.
Pero a partir de esa afirmación primera, parece que la situación cambia. La labor didáctica está a punto de convertirse en la actividad, tras la sanitaria y, si acaso, la de las residencias de ancianos, más peligrosa del país y, sobre todo, la que más puede acabar contribuyendo a la expansión de la pandemia. Como ya hemos dicho antes, los derechos humanos son indivisibles e irrenunciables. Y el derecho a la salud es tan importante como el derecho a la educación. Sin embargo, parece que la economía marca más la agenda política que estos derechos. Y ello a pesar de que la mejor manera de destruir la economía es haciendo que vuelva sin las debidas medidas la actividad que, como los capilares de nuestros cuerpos, más extensa y profundamente entra en cualquier lugar y estamento social, porque en todos hay niños.
Ha llegado el momento de pedir que la vuelta a los colegios sea la vuelta segura que todos deseamos y para ello se tienen que dar garantías de que se podrán mantener las distancias de seguridad que se exigen en cualquier otra actividad diaria. No podemos obviar que nuestros hijos e hijas van a pasar cinco o seis horas diarias en el mismo lugar, rodeados de personas y, muchas veces, en clases cuyas dimensiones no permiten la distancia social mínima necesaria.
Al mismo tiempo, es necesario implementar planes de digitalización que aseguren que todos los niños se encuentran en las mejores condiciones para hacer frente a una posible vuelta a la enseñanza digital si se produce el temido rebrote que aconseje el cierre de los colegios.
Y, por supuesto, sin olvidar las medidas necesarias para minimizar los riesgos del alumnado y profesorado perteneciente a grupos de riesgo.
A nosotros nos gustaría no tener que hablar este año de los colegios, aunque sabemos que no será así. Y sabemos que este año posiblemente no hablaremos de PIN parental, pero estamos seguros de que no sólo hablaremos del acoso escolar que tanto nos preocupa. De hecho, habrá problemas tan importantes de los que hablar que corremos el riesgo de olvidarnos de esos niños que, a pesar de lo vivido estos últimos meses, pueden ser los únicos que se alegren de que los rebrotes les impidan volver al colegio.
Artículo de Juan Francisco Villar Caño, activista del equipo de medios de comunicación de Amnistía Internacional Andalucía