Secesión, más que sucesión, es lo que produce el impuesto que aplica la Junta de Andalucía a los ciudadanos que tienen la suerte —o la desgracia, visto el gravamen— de heredar una cantidad superior a los 250.000 euros, algo que le puede suceder casi a cualquiera si le multiplican el valor catastral de la vivienda, por ejemplo —y menos mal que subieron el tramo merced al pacto autonómico con Ciudadanos—. Secesión con el resto de regiones, donde se apoquina mucho menos, porque aquí el debate no debería estar en si mi vecino debe arrimar el hombro porque "su familia es rica", sino en la falta de igualdad que supone que un mallorquín o un madrileño se ría en la cara de un andaluz o un asturiano, que tienen la mala suerte de heredar en una comunidad donde se le va a exprimir hasta el tuétano, así, por la cara.
Entonces llega el Gobierno autonómico y le pasa la patata caliente al Estado, mareando la perdiz mientras al sufrido ciudadano le importan un pimiento sus batallitas del abuelo. Lo único que quiere, sobre todo cuando le tocan la cartera, es que nacer en Jerez suponga el mismo privilegio que hacerlo en Talavera de la Reina. Y hasta ahora, que se sepa, eso es competencia de las autonomías. Así que, como dice el autobús antitránsfobo, que no te engañen.
En las redes sociales, al final la táctica del ruido ha cundido y el debate se ha acabado desvirtuando para centrarse en ricos y pobres, como siempre. Pero ricos y pobres andaluces. El que tiene pasta aquí —supuestamente, pues se ha visto que hay más de un caso donde no es así— que dilapide gran parte del legado que al padre o abuelo tanto le costó amasar con una vida de duro trabajo. Pero que no lo haga en juergas y en vivir como un señorito; que se lo dé directamente a la Junta mientras otro tipo de prebendas, las de la casta dominante como siempre, siguen impunes. Quien haya nacido en Valladolid, excusado. Al final, siempre pagan los tontos.