Han transcurrido cinco meses desde la celebración de las elecciones presidenciales venezolanas y ya nadie pone en duda que el régimen chavista no tiene interés en enseñar las actas que se le exigieron y que claman, según alega, su triunfo. Esta negativa a publicarlas debe ser interpretada como una prueba palmaria de su derrota. El Consejo Nacional Electoral (CNE), por boca de su presidente, Elvis Amoroso, refirió que Maduro consiguió el 51,95% de los votos, frente a un 43,18% que atribuyó a la Coalición, Plataforma Unitaria Democrática (PUD), representada por el candidato opositor, Edmundo González Urrutia.
Este contexto dio lugar a múltiples manifestaciones convocadas por la oposición, debido a las fundadas sospechas de fraude que planearon sobre la consulta. El régimen, en cambio, desplegó su maquinaria de represión que provocó, según sus propias estimaciones, la cifra de más de 20 muertos y un total de 2.000 detenidos, de los cuales más de 1.500 siguen sufriendo todavía los horrores de la la cárcel.
El Centro Carter, encargado de velar por la transparencia de los comicios, propinó el pasado 2 de octubre una bofetada al gobierno al otorgar una mayoría aplastante del 67% de los votos al candidato opositor Edmundo González frente al 31% de Nicolás Maduro. Un resultado que contradice radicalmente los datos ofrecidos por el oficialismo.
Pedirle a Maduro admitir su derrota es pecar de ingenuidad
Sin extendernos en la cronología de los acontecimientos para situar el problema, y sin ser más perspicaz que nadie, a mi humilde parecer, creo que era fácilmente previsible este escenario. No soy politólogo, ni lo pretendo, pero el líder bolivariano no se esmeró en disfrazar o disimular su plumero inhabilitando de forma bochornosa e injustificada a María Corina Machado de la carrera presidencial, la contrincante más cualificada y competidora que ganó ampliamente las primarias de la oposición y que sería capaz de truncar sus planes de mantenerse en el poder.
Machado cedió su puesto a Edmundo González y con este gesto, hizo prueba de una gran comprensión y de una admirable generosidad. Además, a muchos ciudadanos venezolanos de la diáspora el gobierno les puso diversas trabas para impedirles que ejercieran su derecho. Pedirle a la dirigencia chavista que respetara un escrutinio que le fue adverso, equivalía a pedirle que admitiera su derrota, y en último lugar que entregara democráticamente el poder en el momento oportuno a la oposición, y es pecar de ingenuidad. Sobre todo a tenor de los argumentos esgrimidos por Maduro durante la contienda electoral, aseverando que habría una guerra civil si él perdía las elecciones, y su promesa al estamento militar, tranquilizándolo así, de que no entregaría el poder a la ultraderecha.
Son palabras más que elocuentes que, aunque pronunciadas en la vorágine de la campaña, demostraban de manera cristalina que emplearía todos los medios extralegales y añagazas de todo género para asegurarse la reelección y, por ende, su permanencia en el poder. El enfrentamiento entre la oposición y el gobierno alcanzó su punto álgido cuando la Fiscalía de Estado lanzó una orden de arresto contra Edmundo González por no acudir a tres citas judiciales, lo que ha provocado su solicitud de asilo político al gobierno español que, por razones humanitarias, se le concedió en fechas recientes.
El apego irresistible de los chavistas al poder está directamente ligado o estrechamente supeditado tanto a su propia supervivencia a nivel político, como a su seguridad personal y futuro vital
El opositor llegó a España el pasado día 8 de septiembre, huyendo así de la persecución del régimen y de la posibilidad, cada vez más certera, de que acabará siendo detenido y encarcelado en una de sus lóbregas mazmorras. Su llegada a España marcó un punto de inflexión en la profunda crisis política y social que padece Venezuela. Desde entonces, Maduro no deja de proferir hacia su contrincante innumerables exabruptos e improperios, demostrando su animadversión hacia él, calificándolo de cobarde y de asesino y mofándose de él llamándolo Inmundo.
Nicolas Maduro dirige los destinos de Venezuela desde el fallecimiento de Hugo Chávez. Líder sindicalista que creció a la sombra del comandante, ocupó la cartera de exteriores y fue también vicepresidente. Hijo político de Chávez, no parece tener las habilidades dialécticas, como tampoco la personalidad arrolladora o carisma, de su mentor. Su rival Edmundo González tiene una vasta experiencia diplomática, habiendo desempeñado la función de embajador en Argelia y en Argentina, entre otras.
A la vista de los acontecimientos acaecidos desde el 28 de julio, podemos hacer al menos tres consideraciones: primera, la reacción del pueblo venezolano, respondiendo de manera masiva a las diversas concentraciones de protesta, convocadas por la líderesa Corina Machado ha generado asombro e inquietud en el ánimo de la cúpula bolivariana que recurre a la represión para intimidar, socavar cualquier conato de contestación y, en definitiva, someter a la oposición.
Un pueblo oprimido y exhausto de tantos desmanes por parte del gobierno chavista. Por otro lado, la aprobación por la Cámara española de la propuesta de diputados del Partido Popular, instando a reconocer la victoria electoral de Edmundo González en los comicios del 28 de julio, y por lo tanto el derecho a que sea considerado presidente electo de Venezuela, provocó un furibundo ataque por parte de Jorge Rodríguez, uno de los descollantes hombres del régimen, a la vez hermano de la vicepresidenta del gobierno, Delcy Rodríguez, y presidente de la Asamblea Nacional. El reconocimiento por parte del Parlamento Europeo y del gobierno español de la victoria de Edmundo González, sin atribuirle todavía el título de presidente electo de Venezuela, y la concesión, recientemente, del Premio Sajarov a la libertad de conciencia al dúo representado por Corina Machado y Edmundo González, engrandecen, sin lugar a dudas, la estatura de ambos.
Segunda, la reacción de desaprobación de la actitud de Maduro de no querer enseñar las actas de las elecciones por parte de los principales gobiernos de izquierda latinoamericanos, aliados en la zona del gobierno venezolano, como Brasil con Lula, Colombia con Petro, Méjico con López Obrador, y mucho más la disconformidad frontal del mandatario chileno Gabriel Boric, ha sorprendido enormemente a Maduro y a sus colaboradores.
Los tres primeros han intentado, infructuosamente, mediante una delicada circunspección en las negociaciones con el gobierno chavista, llegar a un acuerdo que lleve a una transición pacífica. La situación en Venezuela ha provocado un importante número de desplazados y un considerable flujo de sus súbditos cifrado en 8 millones a países limítrofes, como por ejemplo Brasil, y sobre todo Colombia, incapaz de soportar una crisis migratoria de tales proporciones susceptible de crear una inestabilidad a nivel regional.
El apego irresistible de los chavistas al poder está directamente ligado o estrechamente supeditado tanto a su propia supervivencia a nivel político, como a su seguridad personal y futuro vital, porque muchos de ellos, dependiendo del rumbo que tome la historia, corren el riesgo de ser juzgados en adelante por delitos de distinta índole, que abarcan la malversación de fondos, el enriquecimiento ilícito y en particular los de sangre por los que serían acusados y probablemente llevados ante la justicia para responder de sus actos. Por esa razón se atrincheran en el poder, adueñándose de los distintos resortes que están a su alcance para protegerse. Este punto resulta primordial y dificulta en gran medida las negociaciones.
Las organizaciones internacionales como Amnistía Internacional y Human Rights Watch han emitido distintos informes que ponen de relieve la violación sistemática de los derechos humanos en Venezuela y el gobierno de Maduro es objeto de investigación por parte de la Corte Penal Internacional. La Comisión Internacional Independiente de la ONU ha publicado el 15 de octubre pasado un informe en el cual acusa al gobierno chavista de haber cometido crímenes de lesa humanidad antes, durante y después de las presidenciales del 28 de julio.
Es inobjetable que los venezolanos viven bajo un régimen autoritario
A todo eso se añade, conviene no olvidarlo, que la Administración estadounidense, a través del fiscal William Barr, presentó, en el año 2020, cargos criminales contra Maduro, acusándolo, junto a 14 figuras de su gobierno, de pertenecer supuestamente al cártel del narcotráfico de Los Soles, además de blanqueo de capitales y terrorismo, y puso precio a su cabeza ofreciendo una recompensa de 15 millones de dólares a cualquiera que facilite información que conduzca al arresto o captura del mandatario chavista.
Cabe preguntarse cuáles serán los parámetros de la política económica que seguirá el tándem Machado-González si los chavistas ceden el poder. Venezuela, uno de los principales países productores de petróleo, juega un papel preponderante en el tablero político del cono sur y es deseado por muchas potencias e inversores extranjeros. La Plataforma Unitaria Democrática está constituida por un conglomerado de partidos heterogéneos que van desde la democracia cristiana, pasando por los liberales, hasta la socialdemocracia, y es conveniente preguntarse si esta coalición seguirá cohesionada para el bien del país cuando llega al poder o explotará bajo el peso de sus discrepancias.
Faltan pocos días para la celebración de la investidura presidencial en Venezuela y la tensión va subiendo en Caracas. El chavismo se prepara para el acontecimiento y está dispuesto a exhibir una demostración de fuerza. El gobierno bolivariano ha emitido una orden de busca y captura con la recompensa de 100.000 dólares por la cabeza de Edmundo. Este ha reiterado en diversas ocasiones que está dispuesto a viajar a su tierra para el evento. El expresidente del gobierno de España, Felipe González, ha pedido a Pedro Sánchez que “encabece el reconocimiento de Edmundo González como presidente electo de Venezuela”, aconseja que se facilite el regreso del venezolano y se ofrece a acompañarle a su país de cara a la toma de posesión prevista para el próximo 10 de enero.
Es inobjetable que los venezolanos viven bajo un régimen autoritario, pero en el mundo actual existen muchos, como el gobierno de Guinea Ecuatorial y el Reino de Arabia Saudita de los que apenas se habla y con los que Occidente mantiene buenas y estrechas relaciones.
Mi escrito es muy crítico con el régimen bolivariano, pero no dejo, sin embargo, de proclamarme de izquierdas. Termino haciendo mía esta frase del presidente chileno Gabriel Boric, quien refiere lo siguiente: "Me enoja cuando eres de izquierda y puedes condenar las violaciones de Derechos Humanos en Yemen del Sur y en El Salvador, pero no puedes hablar de Venezuela o Nicaragua".