Los pasados 20 y 21 de septiembre los italianos estaban llamados a votar para refrendar una reforma electoral que suponía la reducción del número de diputados y senadores en el Parlamento italiano. En concreto, la propuesta incluía el recorte de 630 a 400 el número de escaños en la Camera dei Deputati y de 315 a 200 en el Senado. Todas las fuerzas políticas mayoritarias, a excepción del Partido Democrático (PD) en un primer momento, habían mostrado su apoyo a esta reforma. Pero, después de la salida del Gobierno de la Lega de Salvini, entre los acuerdos del nuevo Ejecutivo conformado por el PD y el Movimento cinco stelle (M5S) estaba la reducción de parlamentarios de ambas Cámaras, una de las medidas estrellas –valga la redundancia- del M5S. Por tanto, finalmente el PD ha apoyado desde el Gobierno esta reforma y era bastante previsible que saliera adelante, como así ha sido: más del 60% de quienes fueron a las urnas votaron afirmativamente, si bien la participación fue baja (del 53,84%).
Esta reducción de parlamentarios no es única de Italia, sino que también ha protagonizado cambios criticados en algunas Comunidades Autónomas. El más sonado fue el de Castilla-La Mancha en 2014. Sus Cortes vieron disminuidos de 49 a 33 los parlamentarios cuando era Presidenta Dolores de Cospedal. También lo hizo el Parlamento de Cantabria en 2012, si bien la reducción fue menos sustantiva: se pasó de 39 a 35 escaños. En otros lugares también se propusieron reformas por el estilo, como la Comunidad Valenciana o La Rioja, si bien no fueron exitosas.
Todas estas medidas han venido de la mano de argumentos peligrosos relacionados con la disminución del gasto público. El supuesto “ahorro” de estas reformas es ínfimo si lo comparamos con el presupuesto de las Comunidades Autónomas que se acaban de aludir o con el total de presupuesto de Italia. En este último caso se ha cifrado que se dejarán de gastar en torno a 100 millones de euros al año. Si lo comparamos con el total del gasto público en Italia en 2019, que fue de 870.742 millones de euros, el supuesto ahorro es ridículo: del 0,01% aproximadamente.
Sin embargo, la rebaja en la representatividad del Poder Legislativo y la consecuente merma democrática que ello supone son más importantes que cualquier otra tesis económica. Como han explicado recientemente autores como Fernández Esquer, Italia antes se encontraba entre los Estados de la Unión Europea con una mejor representatividad, 95.626 habitantes por diputado, mientras que ahora se han puesto más a la cola: 150.612 habitantes por diputado. Para hacernos una idea, en España son 135.229 habitantes por diputado, en Alemania 117.301, en Francia 116.289 y en Reino Unido 103.116.
El Parlamento italiano actual será mucho menos plural, dado que los partidos más pequeños verán disminuidas sus posibilidades de conseguir un escaño, por tanto las diversas formas de pensar de los ciudadanos no encontrarán tanto cobijo como antes en la sede del Poder Legislativo. Y ello va en contra de lo dictado por organismos como la Comisión Europea para la Democracia por el Derecho (conocida como Comisión de Venecia), que ha dicho que la desviación máxima del voto (diferencia entre lo que votamos y la producción de esos votos en escaños) no debería ser superior al 10%.
Este tipo de medidas, como se decía antes, son sumamente peligrosas. Si lo llegásemos a reducir al absurdo, podríamos decir que para ahorrar costes es mucho mejor que una única persona decida por nosotros. Por eso se ha llegado a afirmar que estas reformas tienen tintes populistas y, desde luego, no mejoran la democracia, más bien al contrario, la recortan para que los partidos dominantes tengan más posibilidades de continuar en el poder.
Andrés Dueñas es profesor de Derecho Constitucional en la Universidad de Valladolid. Ha sido investigador en la Università degli Studi di Torino durante tres meses y profesor visitante en la Universitá degli Studi di Napoli Federico II y en la Universitá di Bologna
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