Un vuelco me dio el corazón cuando leí que el presidente del Parlamento andaluz, Jesús Aguirre, planteaba subir las dietas de sus señorías, porque hay quien tiene dificultad para llegar a fin de mes. La preocupación me embargó por esos diputados que con un sueldo mensual de 3.343 euros —la cantidad se eleva para los que asumen responsabilidades específicas—, más las dietas correspondientes, pasan por esa extrema situación.
Conviene señalar que las dietas de los parlamentarios, viajes, indemnizaciones y alojamientos, van desde los 200 a los 500 euros semanales. Poca cosa para el señor Aguirre, quien ha encontrado escaso eco entre algunos partidos de la oposición, que han tildado la idea del presidente como una demostración de desconocimiento de la realidad de tantas familias andaluzas abocadas a la miseria.
A propósito de esta cuestión he recordado cuando en 2019 la entonces parlamentaria de Adelante Andalucía, Teresa Rodríguez solicitó dejar de cobrar las indemnizaciones por alojamiento y estancia durante el tiempo que durase su baja por maternidad. La petición fue denegada porque el reglamento no lo permitía.
La misma parlamentaria pidió en abril de 2020 que fuese reducido el sueldo de los diputados entre un 45 y un 60 % mientras durase la emergencia sanitaria por el coronavirus. El resto de grupos rechazó la propuesta. Y en octubre de 2021 mediante una proposición pretendió eliminar lo que calificó como “privilegios de los diputados”, equiparando las dietas a las que perciben los funcionarios y que se abonasen las indemnizaciones estrictamente necesarias. Tampoco fue secundada la iniciativa entre los legisladores del Hospital de las Cinco Llagas.
En esa fecha, Rodríguez actuaba dentro del grupo de los no adscritos, ya que había sido expulsada, junto a otros siete parlamentarios de tendencia andalucista del grupo que conformaba Unidas Podemos e Izquierda Unida. En una decisión adoptada por la Mesa del Parlamento, a propuesta de Podemos e Izquierda Unida —con los votos a favor de PP, PSOE y Vox y la abstención de Ciudadanos—, la gaditana se vio fuera del grupo, aunque más tarde pudo recuperar el nombre de Adelante Andalucía para su proyecto político.
El acuerdo parlamentario adoptado contra estos diputados, fue calificado como ilegal por el Tribunal Constitucional. La sentencia declaraba que el Parlamento Andaluz había vulnerado el derecho de representación política de los expulsados, aunque el fallo —como tantas veces ocurre— llegaba demasiado tarde, en septiembre de 2023. Habían transcurrido tres años y la legislatura había terminado.
Teresa Rodríguez ya había abandonado la primera línea de la actividad política. Sin duda un respiro para sus competidores y para los que ven en el ejercicio público la mejor manera de acumular ganancias. También para los que, como el señor Aguirre, se encuentran tan preocupados porque los parlamentarios no lleguen a final de mes.