En estos últimos días vemos en todos los medios de comunicación hablar de “la guerra de las vacunas” para referirse al conflicto entre la Unión Europea y la farmacéutica AstraZeneca. Sin embargo no es ésta la verdadera guerra de las vacunas. La verdadera guerra de las vacunas es una guerra desigual en la que no es la Unión Europea la perdedora. En este tema de las vacunas para la covid-19 tenemos que ser conscientes de que no habremos conseguido una inmunidad de rebaño mientras no se haya vacunado el 70 % de la población. Y no conseguiremos acabar con la pandemia mientras no se haya producido la inmunidad de rebaño en todos los países del mundo.
Conseguir esto no es fácil sin la colaboración activa de ciudadanos, empresas farmacéuticas y Estados. La colaboración activa de los ciudadanos es necesaria porque la administración de la vacuna debe ser voluntaria. Hacerla obligatoria, especialmente si el no cumplimiento de ese requisito obligatorio lleva implícita la prisión, sería una violación de derechos humanos que no debemos permitir. Pero sí tenemos que hacer un llamamiento a la responsabilidad de los ciudadanos para que, tan pronto como sea posible, ese 70 % de la población mundial se haya vacunado voluntariamente. No hacerlo pondría en peligro no solo a quienes han decidido no hacerlo, sino también a quienes sí lo han hecho. Aún no sabemos con total seguridad el período de inmunización, y dejar al virus moverse libremente podría traer consigo mutaciones para las que no fueran efectivas las vacunas actuales y una nueva pandemia a nivel mundial.
Las empresas farmacéuticas son también un actor importante para que se produzca una distribución de las vacunas, igualitaria y acorde a los derechos humanos. Las empresas farmacéuticas deben elaborar y aplicar políticas de acceso a los productos sanitarios contra la covid-19 que respeten el derecho a la salud y garanticen la disponibilidad, accesibilidad y asequibilidad de estos productos para todas las personas. Estas medidas deben incluir incluso decisiones justas en materia de fijación de precios, de manera que garantice que cualquier país pueda acceder a la vacuna a un precio adaptado a sus propias posibilidades. Pero no basta con fijar precios justos para todos los países según su potencial económico. Sin una política que garantice la transparencia en todo el proceso y que regule las patentes y los derechos de propiedad intelectual, de manera que otras empresas puedan también utilizar la tecnología y los conocimientos necesarios para producir más vacunas, no será fácil llegar pronto a la meta que nos planteamos de llegar a la inmunidad de rebaño mediante la administración de la vacuna al 70 % de la población de todos y cada uno de los países. Las empresas no deben dificultar que los estados puedan garantizar la disponibilidad, la accesibilidad y la asequibilidad de las vacunas. Deben conceder licencias no exclusivas para que otros fabricantes puedan aumentar la producción.
Es también importante el papel de los estados porque son esos estados los que deben garantizar que los agentes privados cumplen las normas de derechos humanos en el contexto de la covid-19 y la disponibilidad, accesibilidad, aceptabilidad y calidad de las vacunas. Los estados están obligados, igualmente a establecer unos planes de vacunación que garanticen que las vacunas llegan a todos sus ciudadanos según el plan establecido, deben garantizar que ningún ciudadano se queda sin su vacuna por no poder acceder a ella. Deben garantizar que la vacuna llega, especialmente a aquellos grupos que se encuentran en una mayor vulnerabilidad por pertenecer a grupos especialmente vulnerables a la enfermedad, por estar en contacto con los enfermos o por pertenecer a grupos étnicos o socioeconómicos especialmente vulnerables.
No olvidemos que no es solo el derecho a la salud el que se ve afectado por la pandemia. La actual pandemia afecta también al derecho a la vida, al derecho a una vida digna, a la información, a la privacidad, al disfrute de los beneficios de los avances científicos. Afecta también al derecho a la educación, a un trabajo digno y hasta al derecho a la libertad de reunión pacífica y de circulación. La crisis de la covid-19 no es sólo una crisis sanitaria o económica, es una crisis total, incluso de derechos humanos, y por eso hay que enfrentarse a ella con rapidez, eficiencia y garantías de no violación de los derechos de las personas.
Desde que se anunció que las vacunas estaban listas entramos en un período de relativo optimismo porque vemos más cerca el final de esta pandemia; pero también estamos asistiendo a una serie de hechos por parte de ciudadanos, empresas y estados, que nos indignan.
Estamos asistiendo a situaciones, como la que denunciábamos el pasado 6 de enero, de países, como Israel, que no ha garantizado la vacuna contra la covid-19 a la población palestina que vive en los territorios ocupados de Cisjordania y la franja de Gaza. Asistimos también a un “nacionalismo de las vacunas” inaceptable que ha llevado a que haya países, como el Reino Unido, que ya en el pasado mes de agosto era el mayor comprador per cápita, con cinco dosis por ciudadano, o Estados Unidos, con 800 millones de dosis ya adquiridas y con la opción de comprar otros 1000 millones, 1800 millones de dosis para un país con 330 millones de habitantes. Este acaparamiento de las vacunas, que no es sólo cosa de dos, sino que participan de él también la Unión Europea, Japón, Canadá, Australia, Israel, Emiratos Árabes o Bahrein, es tal, que Oxfam determinó que, ya en septiembre de 2020, los gobiernos que representan el 13% de la población mundial se habían asegurado ya más de la mitad de las dosis prometidas.
Es también lamentable el espectáculo de personas que, aprovechándose de estar en una situación privilegiada para el acceso a las vacunas, están accediendo a ellas y se las están administrando sin esperar al momento en que les correspondería según el plan establecido. Así como es denunciable la actitud de las empresas farmacéuticas que mantienen patentes que impiden que se aumente significativamente la producción de las vacunas necesarias. Es necesaria la liberación de esas patentes y es necesario que los estados, vinculen la financiación pública de esas empresas que han desarrollado las vacunas, a la implementación de un sistema de liberación de patentes y de transparencia empresarial que permita la transmisión de información y tecnología a todas aquellas empresas que tengan capacidad para producir este producto para asegurar, de este modo, que llega a toda la población de todos los países.
No olvidemos que una distribución inadecuada que no contemple todos los países y territorios del planeta es un peligro importante que debemos evitar. Si sólo los países ricos y privilegiados, entre los que nos encontramos a pesar del conflicto actual de la UE con la farmacéutica AstraZeneca, acaban vacunando a al menos el 70% de su población, no estaremos a salvo. Incluso desde una postura absolutamente egoísta deberíamos tener claro que la vacuna debería llegar al mismo tiempo a todos los países. No olvidemos que no conocemos aún el período de inmunización y dentro de un tiempo podría llegarnos de nuevo esta pandemia y encontrarnos de nuevo no inmunizados. No olvidemos tampoco que este virus está demostrando una gran capacidad de mutación y podría mutar en otro para el que no estemos inmunizados. Sólo si acabamos con él antes de que pueda hacerlo, en todos los países, podremos estar algo más seguros.
No olvidemos tampoco que España, y especialmente Andalucía, está a tan sólo 13 kilómetros de África, que tenemos incluso dos ciudades allí, y que somos la entrada a Europa desde esa África absolutamente abandonada a su suerte, a la que no están llegando las vacunas. Y, sobre todo, no olvidemos que de este virus o nos libramos todos, o todos estamos en peligro. Estamos todos en el mismo barco y los movimientos individuales o de grupo que sólo buscan el beneficio de unos cuantos, pueden acabar haciéndolo naufragar.
Juan Francisco Villar Caño, activista del equipo de medios de comunicación de Amnistía Internacional Andalucía
Comentarios