En España, la EPA cifra el número de trabajadoras del hogar en cerca de 600.000 (en torno al 96% son mujeres y la mitad son personas migrantes), de las que sólo unas 400.000 tienen afiliación (el 67%). El resto “no tienen contrato y la mayoría son población migrante que está en situación administrativa irregular”.
En el primer paquete de medidas anunciadas por el gobierno -tanto sociales como laborales-, no había ninguna medida concreta a este colectivo de trabajadoras, han sido totalmente ignoradas, y más teniendo en cuenta que es el único sector sin derecho a paro y que puede llegar a ser despedido sólo con el mero hecho de falta de confianza. No sólo no tienen prestación por desempleo, sino que existe el desistimiento, es decir, que “te pueden echar de un día para otro sin tener que justificarlo”
Son las que siempre están en peores condiciones laborales, las que no han entrado con el mismo ritmo de este paquete de medidas que el resto de los trabajadores y trabajadoras. Dado que no tienen derecho a paro, las que sean despedidas o vean suspendidos sus contratos de trabajo durante ese período no podrán recibir ninguna prestación.
Hemos escuchado cómo los distintos gobiernos -central, autonómicos, locales- han dicho estos días que nadie va a quedar atrás en esta crisis, pero la realidad nos muestra que no es del todo así, que de las medidas dictadas está el facilitar el cobro de una prestación por el cese de la actividad laboral, suspensiones temporales, ERTE... no alcanzan a las trabajadoras del hogar. Esas mujeres invisibles, excluidas y olvidadas por quienes aprueban estas medidas. Mujeres que cuidan de ancianos, niños, dependientes, personas con discapacidad...
Por tanto, se trata de trabajadoras imprescindibles, esenciales para desempeñar el citado trabajo, que trabajan donde casi nadie quiere hacerlo. Y seguramente, muchos de estos políticos que han aprobado estas medidas tienen alguna de estas empleadas de hogar trabajando en sus casas, para hacerles la vida más cómoda, pero lamentablemente han quedado completamente olvidadas.
Lo lógico y normal es que estas trabajadoras sean tratadas como cualquier otro trabajador. No es justo que mientras a las empresas se les dan facilidades para asumir los costes de su plantilla en la situación de emergencia, el gobierno no ha planteado en ningún momento, por ejemplo, medidas para los empleadores de estas trabajadoras del hogar, que en muchas ocasiones también son familias de trabajadores y que tienen a su cargo familiares que necesitan cuidados de las mismas, que deberían ser exoneradas de pagar las cuotas de sus empleadas durante el estado de alarma.
Ha tenido que venir una crisis como esta para que se viera que estas trabajadoras son esenciales. Si este trabajo es esencial, los derechos de quienes lo desempeñan también deben serlo, por lo que debemos exigir una prestación por desempleo en igualdad de condiciones como cualquier otro trabajador o trabajadora, y no subsidios que sólo pueden solicitar algunas.
Pero las que quedan fuera son las de siempre, esas más de 200.000 mujeres, las que están prestando ese servicio, pero que, debido a la Ley de Extranjería, no pueden acceder a ser dadas de alta en la Seguridad Social porque están en situación irregular, aunque muchas lleven varios años desempeñando este trabajo.
Más de un 30% de las empleadas domésticas forman parte de la economía sumergida: "Son todas ellas las que no van a poder acceder a los subsidios". Es una contradicción no sólo por parte del Gobierno, sino por la sociedad en general, porque las consideramos imprescindibles, algunas como internas o haciendo trabajos de cuidados de nuestros mayores, niños... muchas de ellas internas, pero no reconocidas, en definitiva, es una hipocresía, las necesitamos, pero no las valoramos.
A muchas de estas trabajadoras el confinamiento les ha obligado a estar en las casas donde trabajan y a cumplir jornadas interminables sin descansos, al desarrollar su empleo como internas.
Por tanto, desde la APDHA, exigimos esos derechos no reconocidos para estas trabajadoras y así cumplir con ese lema que se pregona desde el gobierno de "no dejar a nadie atrás", ese derecho de la prestación por desempleo, ya que es el único sector excluido de este derecho, la abolición del desistimiento para evitar el despido libre, medidas especiales de protección para las trabajadoras en situación administrativa irregular, así como medidas de control sobre el régimen de internas para evitar que el confinamiento se convierta en reclusión en sus puestos de trabajo.
Hay que tener en cuenta que el espacio de su trabajo es el domicilio de los empleadores, por tanto, hay una impunidad, ya que la Inspección de Trabajo no puede acceder a él para revisar la salud, la seguridad y la relación laboral.
Igualmente pedimos: garantías para el disfrute del derecho al cuidado de sus propias familias en igualdad al resto de trabajadoras/es; inclusión del sector en la provisión de equipos de protección individual para evitar la propagación del contagio; integración inmediata en la Ley de Prevención de Riesgos Laborales; y habilitación de medidas excepcionales para la suspensión de las cuotas de cotización a la Seguridad social de los y las empleadoras laboralmente activos/as afectados/as por la crisis del Covid-19 o, de aquellos/as que se hayan visto obligados a realizar nuevas contrataciones para reforzar los cuidados en época de confinamiento, de modo que se eviten sobrecostes que conlleven nuevos despidos o reducción de salarios.
Urge por tanto, un cambio normativo que conlleve la regularización de este colectivo, no solo una regularización de su situación administrativa y legal en España, sino también la firma del Convenio 189 de la OIT, que ya han firmado países como Portugal, Italia o Alemania, que otorga la protección específica a las trabajadoras domésticas con el objetivo de su equiparación con el resto de los asalariados, al igual también Convenio 190 de la OIT, relativo a la violencia de género y el acoso sexual.o
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