Tras los tristes sucesos ocurridos el pasado febrero en el puerto de Barbate, donde dos guardias civiles fueron asesinados al ser embestidos por una narcolancha, el alcalde de la Línea, Juan Franco (La Línea 100x100), abría el debate sobre las posibilidades de legalizar el hachís para acabar con el narcotráfico en las costas gaditanas. Incluso daba el dato de existir más de 10.000 encauzados judicialmente en delitos de narcotráfico en el Campo de Gibraltar, varios miles más en toda Andalucía. Incluso ironizaba que con este ritmo de detenciones se tendrían que abrir campos de concentraciones para poder encarcelar a tantos implicados.
Sus palabras, que no tienen desperdicio, no han sido recogidas por ninguna asociación ni partido político, ni por otras instituciones. Nadie ha recogido el guante ni ha replicado al mencionado alcalde, como si el problema no fuese suficientemente grande como para abrir un debate serio y sosegado sobre la cuestión. Solo algunos periodistas atrevidos (Pedro Ingelmo, Diario de Cádiz de 9 de junio de 2024) han abierto el debate mediático, con escasas repercusiones.
Que yo sepa, solo IU ha mantenido desde hace años en su programa electoral la despenalización del consumo y tenencia de hachís. En 2007 presentó al respecto en el congreso una proposición no de ley que fue rechazada por todos los demás partidos.
Lo que parece claro es que en Andalucía, una de las zonas más deprimidas de España con un alto índice de paro, se junta el hambre con las ganas de comer. El tráfico de hachís se ha convertido en el sustento para muchas familias que viven de la narcoeconomía, hasta que padres e hijos son detenidos, aumentando aún más el sufrimiento familiar. Por otra parte, Andalucía posee un amplio litoral difícil de controlar, cercano a Marruecos, uno de los mayores productores mundiales de hachís.
El tráfico del hachís existe porque hay millones de ciudadanos, en España y en Europa, que consumen habitualmente hachís. Según estadísticas de determinados organismos contrastados (OMS) y otros datos que circulan libremente por Internet, sólo en España hay unos 4 millones de consumidores habituales de hachís (el 8% de la población). Se calcula que más de 35 millones de personas son consumidores habituales en la UE. Los índices son aún mayores si se tiene en cuenta el cannabis en general, incluyendo a la marihuana.
El hachís empezó a consumirse masivamente en España, junto a otras drogas, en los años finales del franquismo y durante la Transición Democrática. Su consumo fue considerado un signo más de libertad, estando aún muy presente el movimiento hippy de los años 60.
Según estadísticas de todo tipo que circulan por Internet, su consumo abarca a todas las clases sociales y todo tipo de profesiones. En dichas encuestas se habla de un 6% de consumidores habituales entre titulados superiores en España, alcanzando un 4 % entre los docentes y un 3% entre los trabajadores sanitarios. Llama la atención un 16% entre las fuerzas armadas del Estado español y un 2 % entre las propias fuerzas de seguridad del Estado. Un 10% se atribuye a trabajadores del mundo agrícola y un 13% a trabajadores de oficios manuales. Cercano al 18% es su consumo en el mundo de la cultura, artistas plásticos, músicos, actores, escritores, etc. En definitiva, el consumo es muy generalizado.
Que el hachís es malo, como muchas drogas, no se discute. No vamos a enumerar aquí sus maldades. Pero es igual de malo o menos malo que otras drogas consideradas legales sobre la que se han creado grandes imperios económicos, como son el alcohol o el tabaco. Esta ciudad de Jerez, desde donde escribo, es un ejemplo de la creación de grandes capitales con el negocio del vino, una droga tradicionalmente aceptada. Incluso se fomenta la 'cultura del vino' a pesar de los altos índices de alcoholismo, cirrosis hepáticas, cánceres, etc., que el alcohol provoca. El 38% de los accidentes de circulación mortales que se producen en España se asocian al consumo del alcohol.
Quizá ya va siendo hora de cambiar de mentalidad y pensar seriamente en la legalización del hachís. No sería tan difícil. Podría cultivarse de forma vigilada en el sur de España y ya no habría que traerse de Marruecos. Venderse a mayores de edad en lugares concretos y con limitaciones para su consumo. El hachís sería un producto con calidad controlada desde sus orígenes, sin impurezas, y con un THC limitado, que reduciría el daño. Debería ser más barato de lo que vale ahora en la calle. Incluiría la despenalización del consumo y tenencia de hachís, debiendo consumirse de forma privada o en centros especializados de recreo (como los coffee shop holandeses). Generaría puestos de trabajos e impuestos. Un dinero que iría a programas de prevención del consumo de hachís, sobre todo en escuelas y con menores, y a centros de desintoxicación.
Se reduciría mucho el narcotráfico en Andalucía. Se reduciría el aparatoso tráfico de hachís que implica tantos porteadores, que es lo que fomenta la narcoeconomía. El estado se ahorraría cientos de millones en la persecución del tráfico de hachís. Adiós al molesto camelleo callejero, de donde se surten los consumidores, que ya no tendría sentido. Países como Uruguay, Luxemburgo, Canadá o algunos estados de EEUU ya han avanzado en este sentido en la legalización controlada del consumo del hachís o de la marihuana. Otros como Alemania y Holanda han despenalizado el consumo.
En España hemos levantado un tabú con el consumo del hachís, como si nadie lo fumara. Que tire la primera piedra quien no conoce a un familiar o amigo que lo consume habitualmente. Con solo métodos represivos no se va a conseguir nada. Durante la ley seca de los años 30 en EEUU, cuando la prohibición del consumo del alcohol, solo se consiguió el enriquecimiento y la consolidación de una gran estructura mafiosa, porque la gente seguía consumiendo alcohol. Lo mismo está pasando en Europa con el hachís.
Ya va siendo hora de que se abandone esta postura hipócrita y se acepte que millones de españoles y europeos son consumidores habituales de hachís. Y mientras se siga fumando, y sea ilegal, habrá narcotráfico. Con la despenalización del consumo y la legalización del consumo controlado se acabará con gran parte del problema. Lo que sí es necesario es un debate serio, sin tabúes, sobre la cuestión. No se puede seguir más de brazos cruzados sin abordarse el problema con la profundidad que se merece. Que se abra el debate.