En febrero de 2021, el entonces ministro socialista José Luis Ábalos dijo en rueda de prensa que “la vivienda es un bien de mercado”, con el objetivo de enfriar las intenciones de Podemos de que la vivienda fuera un derecho social a proteger. No dijo nada más que lo que el PSOE piensa en su fuero más interno y el motivo por el que en 45 años de democracia nunca se ha regulado en España el artículo 47 de la Constitución Española, que declara que todos los españoles tienen derecho a disfrutar de una vivienda digna y adecuada y atribuye a los poderes públicos la obligación de diseñar las normas para que este derecho se haga efectivo.
El PSOE ha gobernado 27 de los 45 años de democracia, muchos de esos años con mayorías absolutas incontestables. Es decir, el 60% del periodo democrático ha estado gobernado por los socialistas y jamás consideraron prioritario legislar la vivienda para que ésta fuera un derecho fundamental. El PSOE no consideró jamás una prioridad legislar el derecho a la vivienda porque su principal acuerdo para ser bisagra del régimen bipartidista ha sido con los grandes propietarios, con el rentismo, aunque en las elecciones pidiera con retórica social el voto a las clases medias y populares.
Ni siquiera su pacto fue con los empresarios, sino con el capital que dejó de invertir en economía productiva, lo que crea riqueza, empleo y desarrollo, para poner todos los huevos en el rentismo, lo que se ha convertido en un freno a la economía. No fue un accidente meteorológico que en plena pandemia nos diéramos cuenta de que en España no fabricábamos ni mascarillas.
Se dice poco que el alquiler funciona como un impuesto a las clases medias y populares, con especial agresividad a los jóvenes. Un impuesto que, al contrario que los tributos públicos, sólo beneficia a unos pocos que tienen mucho. El rentismo no innova, ni piensa, ni dinamiza, sólo vive del sufrimiento de quienes no heredaron. Como afirma el escritor Jorge Dioni López, en su ensayo ‘La España de las piscinas’ publicado por la editorial Arpa, la materia prima de España es España.
El PSOE, en el pecado lleva la penitencia. El urbanismo especulador de adosados con piscina fue fomentado también por alcaldes socialistas, porque llenaba las arcas públicas de dinero para construir teatros mastodónticos sin programación teatral, es el resultado de que la derecha y ultraderecha barran electoralmente en las áreas metropolitanas de las grandes ciudades, convertidas en zonas residenciales donde los ricos y las clases aspiracionales se han concentrado para independizarse de las clases populares.
Es especialmente deslumbrante que la Ley de vivienda haya sido votada en contra por PP y Vox y las versiones regionales del antiguo régimen: la antigua Convergencia (PDeCAT y Junts), PNV y Coalición Canaria. El urbanismo es ideología, no ladrillos.
No ha sido un fallo del modelo, sino el modelo neoliberal funcionando a todo tren. No es casual que los grandes patrimonios españoles procedan directamente de las empresas crecidas al albur del dinero público del franquismo y se hicieran dueñas de las ciudades con la especulación urbanística de la década neoliberal y ese truco de la “colaboración público-privada”, por el que el sector público paga y las empresas privadas se quedan con los beneficios. Tampoco es casual que el periodista de las cloacas por excelencia, Antonio García Ferreras, sea una mascota del principal empresario de la construcción, Florentino Pérez, y que su función sea diabolizar a Podemos para que perdiera brío electoral y evitar así tanto su entrada como su incidencia en el Gobierno de España.
La diferencia entre la ley de vivienda que quería aprobar el PSOE y la que finalmente se ha aprobado este jueves en el Congreso se llama Podemos. Sin la presencia de los morados, especialmente de la labor de la ministra de Derechos Sociales y Agenda 2030, Ione Belarra, no hubiera sido posible. Los morados, conscientes de que el PSOE nunca quiere, que al PSOE se le obliga, ha hecho una alianza estratégica con el bloque de investidura, sobre con ERC y Bildu, para llevar al PSOE a tener que apoyar una ley que considera que la vivienda es un derecho social y no un bien de mercado.
El peor defecto del PSOE, que su único objetivo es gobernar, aunque sea con la agenda de la derecha, se ha convertido en el hueco de la ministra Ione Belarra para conseguir que España tenga un ley de vivienda que incluye medidas que parecían imposibles hace tres años cuando se empezó a negociar. La cercanía de un ciclo electoral donde el PSOE se la juega también ha jugado a favor de la ministra.
Prohibición de los desahucios sin alternativa habitacional, obligación de los promotores privados de construir 40% de vivienda protegida en todas las urbanizaciones para acabar con el urbanismo apartheid, limitar la subida de los alquileres al 2%, gratuidad del cambio de hipoteca fija a variable, la inclusión en el parque público de alquiler de las viviendas del Banco Malo o que los pagos de agencia corran a cargo del propietario y no del inquilino.
Belarra, por un parte, ha usado su habilidad negociadora para, de forma discreta, rigurosa y apoyándose siempre en el movimiento social en defensa de la vivienda y en el bloque de investidura, evitar que el PSOE hiciera una pirueta de las que acostumbra y se apoyara en la derecha para aprobar una ley con mucho relato y poca realidad. Paralelamente, Belarra ha hecho todo el ruido que ha podido, entendiendo como ruido la estrategia de persuasión y que los medios de comunicación no tuvieran más remedio que hablar de la ley vivienda para situar al PSOE frente a su propio electorado. Negociación y movilización. Puño cerrado y corazón abierto.
Belarra ha sorteado todos los marcos de pensamiento impuestos por el poder mediático y las compañías aseguradoras que la tildaban de defensora de los okupas y enemiga de los pequeños propietarios. Lo ha hecho sin renunciar a ninguna de sus máximas, insistiendo, dando la batalla y teniendo muy claro para qué y por quiénes llegó Podemos al Gobierno de España. Es la diferencia entre pensar más en la realidad que en el relato y entender que el único camino correcto es el justo, aunque a veces tenga coste en la propia imagen.
Dicen los colaboradores de la ministra Belarra que si le sobran 15 minutos entre una reunión y otra los usa para hacer llamadas de teléfono y resolver asuntos de trabajo. Dicen también que recuerda todos los días a su equipo que lo importante es la tercera persona del plural, el nosotros, y no la primera persona del singular, el yo. A pesar de que el PSOE no quería, la valentía e insistencia de la ministra han conseguido lo que parecía imposible en España: tener una ley que considere que la vivienda es un derecho y no un negocio.
La ministra Ione Belarra es una mujer sencilla, vecina de Vallecas, sin lazos con el rentismo y lidera un partido que rechaza financiarse con el dinero de los bancos. Ione Belarra no se calla, aunque callarse le reportaría un mejor tratamiento del poder mediático, porque sabe que lo que acaba con las injusticias es la valentía, no los silencios ni la docilidad. No da lo mismo quién gobierne y no es posible gobernar desde la oposición, como argumentaba la izquierda Oxford y sus satélites mediáticos para que Podemos no entrara en el Gobierno de coalición en 2019.
Hablar bien de las ministras de Podemos no está bien visto ni es rentable. Como periodista te excluye de las tertulias de radio y televisión, te expulsa de las redacciones y te manda directamente al paro. Si en este país la actualidad no estuviera divorciada de la realidad, la Ley de vivienda sería llamada ‘Ley Belarra’ y se diría que la líder de Podemos es una ministra como una casa.