Ni han conseguido criminalizar la protesta laboral ni han censurado la condena a uno de los colaboradores y cómplices del régimen franquista.
En estos días pasados ha tenido lugar un "dos por uno" para los demócratas de nuestro país. En esta ocasión no se trata de ninguna oferta sino precisamente de una devolución, la de las garantías constitucionales, la del sentido común, la de aquella máxima de "la libertad de expresión no es delito". Sí, en efecto, no han podido. Ni han conseguido criminalizar la protesta laboral ni han censurado la condena a uno de los colaboradores y cómplices del régimen franquista. Los ocho de Airbus y mi compañera Ana Fernández han salido airosos de esta persecución encadenada, de este intento de deslegitimar la libre manifestación en terrenos tan dispares pero complementarios como el sindicalismo o la memoria democrática. Sin olvidar la que está cayendo, podemos decir que esta semana los demócratas de este país de pandereta estamos de enhorabuena. Por supuesto, continuamos estando ojo avizor. A los recortes sociales cada día se le suman con mayor despropósito los recortes en derechos civiles y cultura democrática, y estos dos esperpénticos episodios son una muestra más de ello.
Tal vez el lector que me lea pueda preguntarse: ¿qué tienen de común estos dos casos, tan distintos en tiempo y forma? A este respecto me atrevería a decir que ambos comparten la denuncia de injusticias: por un lado, la reforma laboral del año 2010 que recorta drásticamente los derechos de los trabajadores y, por otro, la depuración de profesores y el crimen ideológico que es intrínseco a José María Pemán, escritor ensalzado por el nacionalcatolicismo. Por otro lado, comparten una persecución política y social sin pruebas hacia ellos frente a la denuncia de lo obvio. Es la no aceptación de una verdad incómoda, la tentativa de contemplar una ilegalidad en el ejercicio de la libertad de manifestación y expresión, respectivamente, con un pretexto desprovisto de motivos y contenido.
Es por ello que, ante la circunstancia que nos concierne, no sólo no debemos retractarnos, sino que debemos insistir: ni es delito manifestarse y organizarse para defender nuestros derechos laborales ni es delito recordar y deconstruir uno de tantos personajes idealizados por un régimen que no dudó en adoctrinar también culturalmente a los que los sufrieron y hasta a los de generaciones venideras. No tengamos miedo, las maquilladas y vacuas excusas a las que recurren no son válidas. No es delito porque ni pudieron ni podrán. Porque no les vamos a dejar. Porque el pueblo llano, pese a la inferioridad y adversidades a las que se enfrenta por ser precisamente pueblo, pierde batallas pero nunca la guerra; el pueblo vuelve a tomar conciencia de ser en cada una de las luchas que protagoniza porque ante la injusticia y la inmoralidad, el conflicto y la respuesta popular es inevitable. Porque permítanme creer, que como decía Salvador Allende, la historia es nuestra y la hacen los pueblos.
Seguimos.